Alcaldía de Bogotá, drama jurídico

Las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en favor del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, obligaron ayer al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a restituirlo en el cargo, aunque fue multado con más de 200.000 dólares por el caso de las basuras, el mismo que le costó la destitución e inhabilitación.

En apenas 48 horas, Bogotá ha tenido tres alcaldes: Petro tomó el relevo de su compañera de partido María Mercedes Maldonado, elegida el lunes por Santos de una terna para sustituir al ministro de Trabajo, Rafael Pardo, que se había puesto al frente desde que el primero fue destituido el 19 de marzo.

"No tengo alternativa", confesó ayer un Santos contrariado tras firmar el decreto de restitución de Petro, quien en su juventud militó en la guerrilla del M-19 y tras dejar las armas fue congresista y candidato presidencial.

La vuelta de Petro a la Alcaldía estaba cantada desde que en la noche del martes dos jueces del Tribunal Superior de Bogotá fallaron un recurso de amparo, que obligaba al presidente a cumplir las medidas cautelares otorgadas hace un mes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en ese sentido.

Camino

El Gobierno "no acoge la solicitud de medidas cautelares" dijo Santos el 19 de marzo, día en que Petro abandonó su cargo después de tres meses de resistencia al fallo de la Procuraduría, que le destituyó con el argumento de que el alcalde había cometido graves fallas durante la implantación de un nuevo modelo de recolección de basuras en el 2012.

Según la Constitución colombiana, la Procuraduría protege los derecho humanos y asegura su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo, ejerce el Ministerio Público y el control disciplinario de los funcionarios del Estado, inclusive los de elección popular, y representa a la sociedad, sin competencia penal.

La decisión judicial de restituirle tomó al alcalde Petro en Sincelejo, donde hacía campaña a favor de una Asamblea Constituyente y desde donde viajó en la mañana de ayer por tierra a Cartagena y desde ahí, en avión a Bogotá.

Desde Washington, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, aseguró que el organismo "valora muy altamente el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Colombia" y advirtió que seguirán vigilando el proceso.

Pero la alegría no fue completa para Petro: a la misma hora que Santos firmaba su restitución se conocía que la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia le impuso una multa de 410 millones de pesos (unos 212.000 dólares) y ordenó el cese del actual sistema de recolección de basuras que precisamente motivó su destitución.

Además de Petro, el organismo de control multó a otros nueve funcionarios de la Alcaldía y con 60.000 millones de pesos (unos 30 millones de dólares) a las tres empresas públicas que brindan el servicio de recolección de basuras desde diciembre del 2012 "por violar el régimen de libre competencia".

Impugnará

Paralelo a eso, el procurador general, Alejandro Ordóñez, anunció que hoy impugnará ante la Corte Suprema de Justicia el fallo que ordenó la vuelta de Petro al Palacio de Liévano (sede de la Alcaldía) y el organismo tendrá 20 días para emitir su concepto.

El regreso de Petro a su despacho de la Alcaldía, que se hizo efectivo la tarde de ayer, también reactiva un proceso que se había suspendido por la destitución: el referendo revocatorio de su mandato.

En los próximas días el organismo electoral fijará el día para esta contienda, en la que los bogotanos tendrán que acudir a las urnas para decidir si el alcalde finaliza, o no, el mandato por el que fue elegido, que va hasta el 31 de diciembre del 2015.

El presente de la Alcaldía de Bogotá, una ciudad con cerca de ocho millones de habitantes, se ha convertido en un auténtico "culebrón jurídico" con cambios de trama casi diarios y cuyo futuro solo responde a especulaciones.

Respiro para la reelección

Como un respiro que llegaría a la reelección de Juan Manuel Santos fue considerada en el ámbito político la restitución al cargo de alcalde mayor de Bogotá de Gustavo Petro Urrego.

La noticia llevó a que la decisión del mandatario nacional fuera resaltada en las toldas de la Unidad Nacional y controvertida, especialmente, en el uribismo.

En la academia, el analista John Mario González sostuvo que en medio de esa carrusel jurídico en que se encuentra la situación de Petro, con la restitución, Santos se podría ver beneficiado para la primera vuelta. Considera que un sector del electorado del progresismo y la de la izquierda independiente podría votar por Santos, debido a que hizo cumplir la tutela y con ella lo ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En opinión del senador del Partido de la U, Roy Barreras, lo que pasa en la capital del país se debe a que desde la misma Carta Política se le dieron unas funciones excedidas al procurador.

“El caos jurídico y de incertidumbre que tiene Bogotá en el caso Petro se origina en la potestad que la Constitución le entregó al procurador de destituir funcionarios de elección popular. Es en eso que se basan todas las tutelas y eso es lo que debe corregirse para que no se repita esta situación inverosímil de desgobierno”.

Desde la oposición a Petro, el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga planteó que la restitución “envía una señal de inestabilidad e incertidumbre para todos los colombianos”.

“Somos respetuosos de las decisiones de la justicia. Sin embargo, no deja de llamar la atención el hecho de que sea un juez de tierras el que decida en una materia tan delicada como el futuro de Bogotá”, sostuvo y advirtió que de ser presidente de la República presentará una reforma a la justicia el 7 de agosto.

Lo que viene

La restitución de Petro en el cargo no frena otras acciones judiciales que corren actualmente. Así, Petro permanecerá en el cargo hasta que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en segunda instancia. Si la Corte revoca la decisión del Tribunal, Petro deberá salir de la alcaldía y el Presidente Santos tendrá que volver a designar a un alcalde encargado.

No obstante, cabe recordar que en el Consejo de Estado cursa una acción de nulidad y restablecimiento de derecho que interpuso Petro con el ánimo de tumbar la destitución que le impuso la Procuraduría, acción judicial que pide medidas cautelares.

De acuerdo con el constitucionalista Juan Manuel Charry, bien puede pasar que el Consejo de Estado niegue las medidas sin que esto sea una decisión contradictoria, ya que se trata de acciones judiciales distintas, que tienen objetivos diferentes.

La frase

"Decisión en caso Petro fue jurídica, no política".

Presidente del Tribunal Superior de Bogotá, magistrado Eduardo Carvajalino.