$10,7 billones de regalías dejaron de ejecutarse

COLPRENSA | LA PATRIA

En el informe que la Contraloría General de la República presentó ante el Congreso de la República, sobre los resultados del Sistema General de Regalías (SGR) para el periodo 2015-2016, la entidad muestra que el saldo sin ejecutar llegó a los $10,7 billones. De esta suma, $6 billones quedaron en el Tesoro Nacional y $4,7 billones en las cuentas bancarias de entidades territoriales.

Esta cifra es significativa si se compara, por ejemplo, con los $6 billones que espera recaudar el Gobierno Nacional en el 2017, como resultado de la última reforma tributaria. Los recursos del SGR fueron de $26,7 billones; y la ejecución fue de $16,5 billones, es decir, el 61%.

“Uno de los aspectos que llamó la atención de la Contraloría es el alto ahorro acumulado del Sistema General de Regalías. El FAE (Fondo de Ahorro y Estabilización) tenía a diciembre de 2016 un saldo de $10,4 billones; y el Fonpet $4,2 billones”, aseguró la Contraloría en comunicado de prensa.

Según el ente de control fiscal, parte del ahorro del FAE ya quedó incorporado al presupuesto de 2017-2018. En total son $1,9 billones.

Al respecto, la Contraloría destacó la importancia de estos recursos en épocas de escasez y de desaceleración económica, como herramienta de una política contracíclica, cuya efectividad dependerá de la calidad del gasto que se haga con las regalías. Es decir, "que se procure la financiación de proyectos estratégicos y se elimine la dispersión y los gastos pocos pertinentes que continúan caracterizando el uso de las regalías en el país”.

Sigue la dispersión

La Contraloría encontró en sus estudios que prevalece la dispersión de los recursos de regalías, pues entre el 2012 y el 2016, el número de los proyectos aprobados superó los 10 mil, por un valor de $23,5 billones, cifra que “da una idea del alto esfuerzo institucional que ha implicado presentar, aprobar y echar a andar los mismos”, analiza la entidad.

Para la Contraloría, es imperativo que se inviertan en proyectos estratégicos, evitando que se dilapiden, como ocurrió en el pasado. Agrega: “los procesos de contratación que realizan las entidades territoriales arrojan serias debilidades en cuanto a la selección objetiva de los contratistas, por lo cual los riesgos de corrupción continúan siendo altos. A pesar de que la contratación directa representa el 32% y los procesos de concurso (licitaciones, concurso de méritos) son dominantes, el problema es que éstos últimos se realizan con un único oferente en más del 70% del valor de la contratación”.

Durante el bienio 2015-2016, las auditorías adelantadas por la Contraloría arrojaron 657 hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor de $496 mil 2 millones. Los sectores más afectados son educación ($102.775 millones), seguido de agua potable y saneamiento básico ($89.857 millones); transporte ($61.643); vivienda y desarrollo rural ($83.181 millones); y salud y protección social ($47.831 millones).

Caldas, con baja ejecución

De los recursos de inversión había $3,9 billones pendientes de aprobación de proyectos. De ahí, $1,5 billones corresponde al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI).

Las entidades territoriales, según el reporte que hicieron directamente a la Contraloría, incorporaron un presupuesto total del orden de $17 billones. La ejecución (pagos realizados) fue de $11,2 billones. Lo cual arroja un porcentaje de ejecución de la inversión de 65%.

Respecto all disponible de inversión ($20,9 billones) ese porcentaje baja al 53%. Por departamentos, la ejecución es extremadamente baja en: San Andrés (10%); Caldas (21%); Bogotá (21%); Vaupés (25%), Bolívar (31%); Caquetá (34%); Vichada (36%); Cauca y Nariño (37%), y Magdalena (39%).

Los departamentos con mejor comportamiento son: Meta y Norte de Santander (70%); Arauca (67%); Casanare (63%); Tolima, Santander y Cesar (60%).

“La baja ejecución de la inversión se ha asociado a las altas exigencias en materia de estructuración y ejecución de los proyectos de inversión que trajo consigo la creación del SGR; exigencias que para la Contraloría no siempre se traducen en mejoras sustanciales que conduzcan efectivamente al buen uso de los recursos de regalías, en términos de pertinencia, eficacia y probidad”, reconoce la Contraloría.