LA PATRIA | Colprensa | Bogotá
Ad portas de las elecciones regionales de octubre, las dos máximas autoridades del ramo, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, CNE, le presentaron al país el proyecto de ley por medio del cual se hace un revolcón al Código Nacional Electoral de 1986, que deberá empezar a ser discutido por el Congreso Nacional en los próximos meses.
La norma propuesta fue presentada en un foro nacional por el registrador nacional Juan Carlos Galindo y el vicepresidente del CNE, Pedro Felipe Gutiérrez, quienes coincidieron en decir que este es un compendio de normas que no sólo facilitan las acciones a los electores sino que también otorgan una normativa más precisa para enfrentar, entre otros, los delitos electorales.
También acompañaron la redacción del proyecto de ley, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Gobierno Nacional en cabeza de la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, así como por expertos y asesores de varios partidos y movimientos políticos, y con la especial colaboración de la Procuraduría General de la Nación.
Galindo explicó en rueda de prensa que por ejemplo se propone pasar de 8 a 9 horas la jornada de votación, es decir que vaya hasta las 5 de la tarde. “Hoy las condiciones son diferentes, la mayoría de los puestos de votación están bajo techo y funcionan en mejores condiciones”, dijo.
Explicó que el proyecto hace especial énfasis en que se masifique el uso de la identificación biométrica en todos los puestos de votación del país. Eso en cierta forma supliría por ahora el uso del voto electrónico en el país.
El registrador indicó además que aunque el CNE había solicitado para las elecciones de octubre el uso de la huella por cada elector, no se pedirá. “El mismo, implementarlo costaba $110.000 millones, pero el Ministerio de Hacienda dijo que no había presupuesto”, sostuvo.
Una modificación más y que será novedosa es en cuanto a los jurados de votación: se propone que sean cinco y que además se disponga del pago de dos días hábiles de salario.
El proyecto que consta de cerca de 200 artículos incluye otras normas como que el Censo electoral permanentemente será actualizado, se creará un Sistema de Información de Antecedentes para Cargos de Elección Popular. Se plantean estímulos económicos a partidos para la realización de consultas internas y para la conformación de registros de afiliados.
Los puestos de votación se definirán seis meses antes de cada elección, se regularán las funciones de los jurados de votación que antes no estaban previstas expresamente, y se disponen de sanciones diferenciales para jurados de votación, por inasistencia a la jornada electoral, inasistencia a capacitación.
Se plantea el uso de una plataforma tecnológica para la selección de jurados de votación y un procedimiento para esta actividad. Se crearía el Sistema Integral de Testigos Electorales (SITE), como una plataforma para la designación de testigos, asignación a las mesas de votación, que además permitirá a los testigos enviar información en tiempo real sobre la jornada de votación y escrutinios a sus partidos políticos.
Vuelve a proponerse que haya transporte público gratuito para los votantes y se deja en el Gobierno Nacional la reglamentación del mismo, aunque los candidatos y campañas pueden ofrecer transporte para los votantes, y con obligaciones de reportar este servicio al CNE y al alcalde municipal.
Se incorpora el Plan de Auditoría Informática Electoral (PAINE) con participación de auditores de partidos y de la Procuraduría General de la Nación; la creación del Sistema digital de soporte a las comisiones escrutadoras con todas las garantías de funcionalidad y seguridad; la incorporación de un sistema de custodia, gestión y divulgación de los documentos electorales, en condiciones de seguridad y de libre acceso.
Un aspecto más en este sentido es la sistematización y publicación de todos los resultados de las elecciones y estadísticas electorales en la página web de la RNEC.
Se reitera la autonomía administrativa y financiera del Consejo Nacional Electoral y se le dota de una presencia nacional, con sedes en las capitales de departamento y se reitera la participación del Ministerio Público en actividades de control electoral.
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