Más de 900 municipios se beneficiarán con nueva regulación de servicios públicos

COLPRENSA | LA PATRIA

Los usuarios de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de 906 municipios del país se verán beneficiados con una nueva metodología para el cálculo de las tarifas, estándares y metas para los prestadores de estos servicios luego de la expedición de una resolución del Ministerio de Vivienda. 

“Esto es una muy buena noticia ya que el Ministerio de Vivienda y Agua está creando normas y regulando para que las personas tengan un servicio con mayor cobertura, continuidad y calidad que entienda las particularidades del sector rural y de los municipios pequeños y que, a su vez, garanticen la sostenibilidad de los prestadores con señales claras que deben volverse más eficientes”, señaló Camilo Sánchez, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

La nueva medida regula los servicios de acueducto y alcantarillado para los pequeños prestadores de estos servicios que atienden a menos de 5.000 usuarios en la zona rural y urbana del país. 

De acuerdo con el ministerio, en el primer semestre de este año se avanzará en la socialización de este regulación con los usuarios y prestadores, para iniciar su aplicación a partir del 1 de julio de 2018. 

La nueva metodología permitirá el cálculo de las tarifas de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, a partir del cumplimiento de dos principales metas principales, que deben ser alcanzadas tras cinco años del inicio de su aplicación. aplicación. 

La primera es lograr que al 100% de los usuarios se les pueda cobrar lo que realmente consumieron a través de una facturación real y no como se hace en algunos zonas en las que se cálculoa por promedio o estimación. 

El otro objetivo busca garantizar unas mejores condiciones para que no se presenten interrupciones en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado reduciendo los días en que el usuario se quede sin acceso al agua. 

El ministro señaló que desde la cartera de Vivienda se se están generando acciones para la medición real del consumo con la que se busca penalizar a los derrochadores de agua y beneficiar a las personas que hagan un uso racional.