EQUIPO PÚBLICO

LA PATRIA | MANIZALES

Sutec, el nuevo administrador de las zonas azules en Manizales, empieza a trabajar hoy en la ciudad, pero es investigado, incluso internacionalmente.

Carga además quejas locales. Dejó de emplear a 88 personas, según cifras de la Alcaldía, entre ellas 63 discapacitados que ven difícil encontrar un nuevo trabajo.

De remate, este nuevo contrato golpea el bolsillo de los usuarios. La tarifa la incrementó en 58,33% la Alcaldía con el visto bueno del Concejo Municipal. Pasó de $1.200 a $1.900 por hora de parqueo para carros y de $600 a $950 para motos con el argumento de que se busca desincentivar el uso en espacio público.

LA PATRIA presenta los escenarios con los que empieza Sutec.

1. Investigados

1.Investigados

Las corporaciones Cívica de Caldas (CCC) y Manizales en Común expresaron su preocupación por la nueva concesión de las zonas azules a cargo de Sutec S.A., empresa argentina que nació en el 2003 como división de la multinacional alemana Siemens, involucrada en escándalos de corrupción entre 1998 y el 2004 por pago de sobornos para acceder a contratos del Estado. Dicen que a Sutec le transfirieron los contratos que poseían en Alemania.

Señalan que según la Contraloría General de Perú, Sutec está vinculada a un presunto caso de corrupción por la administración del tránsito y las multas en la ciudad de Callao. Se trata de un contrato adjudicado al Consorcio Tránsito Ciudadano, conformado por Sutec y la empresa brasileña Perkons, que se otorgó después de haberse terminado de forma anticipada el convenio con la empresa Tecc S.A, por lo cual Callao tuvo que pagar indemnizaciones de por lo menos 50 millones de soles ($44 mil millones).

Explican que la concesión otorgada a dicho consorcio por 35 millones de soles (unos $23 mil millones) se adjudicó el 16 de mayo del 2007, y que un día antes de conocerse los ganadores, la empresa argentina le habría otorgado poderes de representación a Pedro León Finder, funcionario suyo, ante su triunfo en la licitación. Por este hecho, en noviembre del 2014 la Contraloría denunció penalmente a varios funcionarios de la Municipalidad por el delito de colusión.

Otro señalamiento es que Sutec sucursal Colombia conformó en el 2014 la Unión Temporal Segrup-Servicios de Grúas y Patios, para administrar este servicio en Bogotá. Según la Contraloría Distrital, el contrato fue adjudicado a esta empresa a pesar de no contar con la experiencia necesaria para administrar el servicio y de que su objeto social no tuviera relación con la inmovilización de carros y el manejo de grúas. Por estos hechos está siendo investigada María Constanza García Alicastro, exsecretaria de Movilidad de Bogotá, y la Contraloría señaló hallazgos relacionados con irregularidades y vicios de forma y de fondo en la firma del contrato.

Para completar, indican que en la investigación de los Panamá Papers, desarrollada por el Consorcio Inernacional de Periodistas (ICIJ), Sutec tiene en Panamá por lo menos dos sociedades offshore (empresa registrada en un país en el que no realiza ninguna actividad económica, a fin de recibir ventajas fiscales). Se trata de Sutec Panamá S.A. y Aureos Management Foundation, registradas con la misma dirección de Sutec en Argentina (Castro 1260, Capital Federal, Buenos Aires). La Superintendencia de Sociedades ha señalado que las sociedades offshore facilitan la evasión fiscal y sirven para esconder el origen de las operaciones comerciales.

LA PATRIA verificó este dato y encontró que aparece el Grupo Sutec S.A. La empresa matriz estuvo relacionada con Mosack Fonseca entre el 14 de diciembre del 2006 y el 28 de octubre del 2014.

Por ello solicitan a la Alcaldía y a los organismos de control que extremen las medidas de supervisión y vigilancia sobre este contrato.

También se quejan por el aumento en la tarifa, que la Alcaldía negó en el 2016 al antiguo operador de las zonas azules, Asociación de Personas en Discapacidad (APD), que estuvo en dificultades para cumplir las obligaciones laborales del programa y tuvo que pedirle a la Administración la terminación del contrato. Esto fue firmado por muto acuerdo el 29 de junio del 2016, contemplando que debían seguirlo ejecutando hasta 30 días después de adjudicada la nueva concesión. Sin embargo, un mes antes, el Concejo Municipal había aprobado el Acuerdo 904 con el que se aumentó la tarifa, pero no aplicaba para la APD, y se permitió además que empresas con ánimo de lucro participen de la operación de las zonas azules.

2. Perjudicados y sin trabajo

José Élder Mejía tiene 58 años y una discapacidad en su brazo izquierdo, producto de un accidente hace 27 años. Mantiene a sus cinco hijos y a su esposa. Vive en el barrio San Ignacio, en una casa en bahareque con serios problemas estructurales. Dejará de recibir desde hoy los $250 mil quincenales por su trabajo en las zonas azules, que le daban para comprar al menos la comida. Dice que tendrá que salir a guerreársela en la calle a pesar de su problema físico.

Giovanny Gómez, de 33 años, y quien se moviliza en una silla de ruedas desde hace 17, dice que no sabe qué pasará, porque solo estudió bachiller y encontrar empleo en la ciudad es complicado para personas en situación de discapacidad, como él. "Tocará buscar trabajo en un call center, porque para nosotros es muy complicado". Dice que la única razón que les dieron fue hace dos semanas, cuando les notificaron que trabajarían hasta ayer.

Blanca Inés Loaiza, de 58 años estaba vinculada como adulta mayor desde hace cuatro, y es la responsable del sustento de su familia, integrada por otra hermana enferma de 63. "El salario me alcanzaba para responder por ambas, pero ahora quién sabe que irá a pasar, a estas alturas de la vida ya no me dan trabajo", cuestiona. Le envió un mensaje al alcalde, José Octavio Cardona, porque según ella les prometió que no se quedarían sin trabajo.

3. Descontentos

Maritza Cortés, Nogales

Es injusto. Para esa tarifa, pago en un parqueadero donde haya cuidado. Uso este espacio porque brinda facilidades.

Jhon Freddy Gil, Cerro de Oro

Siempre y cuando el servicio sea seguro y efectivo, me parece bien que le suban a la tarifa, aunque es mucho.

Nury Céspedes, Rosales

Es un servicio que nos daba beneficios, pero subirán la tarifa y no asumirán responsabilidades en caso de robo o daño.

Diana Acevedo, La Cumbre

Es un abuso de autoridad. Las zonas azules eran una alternativa para dejar el vehículo. Es injusto con los ciudadanos.

Alejandro Betancur, Colseguros

Es injusto. Hace unos años me robaron una moto en una zona azul y nadie respondió.

Mauricio Romero, Peralonso

De pagar $900 en la calle, los pago en un parqueadero donde esté la moto segura. No es beneficioso.

Alba Lucía Buitrago, El Sol

Es muy costoso, a veces uno debe dejar el carro varias horas. Muy injusto.

4. Responde Sutec

Jorge Pérez, director de proyectos de Sutec sucursal Colombia, indicó que siempre que obtienen una licitación se vuelve tema mediático. Sobre la licitación en Bogotá manifestó que operan esa concesión desde el 2014 y que no han tenido ningún problema. "No me interesa entrar en ese debate sobre cosas que no tienen asidero".

De los Panamá Papers señaló que es la primera vez que escucha de esto. "Cualquier compañía pudo haber tenido contacto con Mosack Fonseca, no tengo ningún comentario". Agregó que están tranquilos con sus actuaciones y que las veedurías están en todo su derecho de hacer su trabajo y llevarlo a los organismos de control. "La gente que está en contra o que de alguna manera tenía vínculo con la APD ha intentado sabotear la operación. Habría que preguntarles a las veedurías qué intereses tienen".

5. Lo que dice la Alcaldía

Andrés Mejía abogado de la Secretaría de Salud sostiene que el proceso de adjudicación de la concesión se ciñó a la Ley 80 y sus decretos reglamentarios en cuanto a la verificación de antecedentes de las dos empresas que se presentaron, y que no encontraron elementos para rechazar sus ofertas. "Sutec S.A. Colombia es una entidad con nit colombiano y se le trata como una empresa nacional, aún cuando su origen y sustento financiero sea Argentina. Los señalamientos no son formales y no nos permiten iniciar un proceso para rechazar la oferta. En caso de que el Municipio considere necesario, establece unas garantías con una aseguradora para el cumplimiento del contrato y el pago de seguridad social de las personas que se vinculan, si llegaran a incumplir".

Agrega que la supervisión del contrato la hacen las secretarías de Tránsito y de Salud con el seguimiento de la Secretaría Jurídica.

Sobre el aumento de las tarifas y el cambio de requisito para ampliar la contratación más allá de las entidades sin ánimo de lucro, explica que lo hicieron porque no había pluralidad de oferentes para tener una propuesta más favorable para el Municipio y de beneficio para la comunidad. "El aumento obedece a una política de desincentivación del uso del espacio público porque las nuevas tendencias en temas ambientales y de movilidad así nos lo exigen. No se debe a un desbalance financiero del anterior contratista, ni a un beneficio del nuevo contratista ni a obtener un mayor lucro".

El secretario de Salud Municipal, Héctor William Restrepo, expresa que las nuevas tarifas no las podían aplicar con la APD porque venían con un contrato previamente establecido, y tenían que terminarlo, de lo contrario sería favorecimiento.