Tres entidades del municipio de Manizales, en el ojo de la Contraloría

Empresa de Renovación Urbana (ERU)

Situación: la exfuncionaria Diana Carolina Otálvaro fue contratada para apoyo en áreas administrativas y contables, pero este objeto no se cumplió, se dedicó a otras cosas. "Como resultado se presentó desorden administrativo y documental que conllevó a la manipulación de la información y generó que un tercero se apropiara de cerca de $18 millones como contratista; además aparecieron desconocidos a los que se les entregaron $5 millones y $1,9 millones que se pagaron a terceros", explicó el contralor Municipal, Lindon Alberto Chavarriaga.
Hallazgos: 4 de tipo disciplinario, penal y fiscal.
1. Deficiencia en mecanismos de control interno.
2. Ausencia de procedimientos de control por escrito.
3. Giro de otros $69 millones 231 mil a personas no beneficiarias de la política de compensaciones.
4. Incumplimiento del objeto del contrato de prestación de servicios de la contratista.

Respuesta de la entidad
Luis Alberto Giraldo, gerente de la ERU, dijo ayer que los hallazgos son resultado de una solicitud de la misma empresa, que al llegar en enero pasado detectó algunas irregularidades. "Yo mismo denuncié y entregué elementos probatorios para que se investigara, en cuanto a que la funcionaria que trabajaba por contrato presuntamente había extraído el dinero y los envié a la Contraloría y a la Fiscalía".
Agrega que con las observaciones de la Contraloría se tendrá la oportunidad de corregir errores como poner el sello de restricción de pago al primer beneficiario a todos los cheques, que no se hacía; mejorar el Modelo Estándar de Control Interno, y lograr obtener de nuevo los recursos, según él $60 millones, para que 15 familias accedan a los cheques con los que se pagan las compensaciones, y que se giraron antes de finalizar el 2011.
"Es necesario que la Contraloría y la Fiscalía actúen para que permitan recuperar esos recursos, cuando se determine responsabilidad de quién los sustrajo y cómo se podrían realizar los pagos a las familias. Mientras tanto las familias siguen esperando".

Secretaría de Planeación Municipal

Situación: la anterior Alcaldía contrató en octubre del año pasado a la firma Ismad, de Armenia, para una consultoría de revisión y elaboración de diagnóstico del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Manizales, negocio en el que se encontraron incumplimientos constantes en las obligaciones como que el contratista no hizo a satisfacción el trabajo encomendado.
La Contraloría dice además que al parecer en el documento que Ismad le entregó a Planeación hubo textos copiados y alterados de páginas de diferentes entidades, municipios y autores.
Hallazgos: 4 de tipo fiscal y disciplinario.
1.  Existe riesgo con $545 millones, valor inicial del contrato, si se llega a pagar.
2.  Como hubo incumplimiento del contrato, Planeación debió haber exigido el pago de una multa, como lo señalan las cláusulas penales y pecuniarias, y que debió haber sido del 10%.
3. Al parecer no se consultó con el Consejo Territorial de Planeación, instancia por la que debe pasar cualquier proceso del POT, y nunca tuvieron claro el tema del diagnóstico.
4. El equipo interventor hizo advertencias de lo que estaba pasando con el contratista, pero según la Contraloría no hubo control oportuno para tomar medidas y que se cumplieran las obligaciones.
Por todo esto, la Contraloría hizo una función de advertencia en la que le solicita a Planeación no cancelar el contrato porque los recursos se encuentran en riesgo al no haberse recibido un informe a satisfacción.

Respuesta de la entidad
José Fernando Olarte, secretario de Planeación de Manizales, expresó que coinciden con la función de advertencia, en cuanto a que los resultados no se recibieron a satisfacción y que por lo tanto no se pagará el contrato. "El proceso lo recibimos en enero pasado y los interventores expresan que hicieron los requerimientos y que siempre hubo respuesta del contratista, y por eso no se aplicaron los mecanismos de sanción".
Agregó que están en el proceso que otorga la ley, pues administrativamente no harán el pago en tanto se cumplan los requisitos, pero dejó en claro que ya no es tiempo de repetir trabajos ni de hacer cambios, por ello les corresponderá contratar con otra entidad o hacer el diagnóstico ellos mismos.

Instituto de Cultura y Turismo (ICT)

Situación: para la comercialización de la versión 56 de la Feria de Manizales se contrató con una persona natural, Olga Mejía, a quien se le pagarían comisiones hasta el 20%, indicó la Contraloría, por la gestión de vinculación económica de diferentes entidades públicas y privadas, entre ellas la Industria Licorera de Caldas.
El organismo de control consideró que no hay justificación ni conveniencia para cancelarle a un particular esa comisión tan alta por la intermediación, pues por tratarse de entidades del sector público, en cuanto a la vinculación de la ILC,  hace parte de la gestión que debe realizar el representante legal del Instituto (gerente), apoyado en personal de planta. "Si se paga se haría en desmedro de los intereses económicos de la misma entidad, por eso se advierte que no se debe cancelar", manifestó el contralor municipal.
El contrato con la ILC fue por $750 millones, de los que correspondería a Mejía una comisión de $150 millones.

Respuesta de la entidad:
Néstor Emilio García, secretario General del ICT, explicó que se entregaron unos $4 millones como anticipo para que se iniciaran las gestiones. "La contratista hizo su trabajo, pero hay una norma que habla de que las instituciones públicas con sus presupuestos se colaboran para desarrollar su objeto, por lo que la Contraloría no ve prudente que se pague la comisión. El contrato vence el próximo sábado, no se ha liquidado, pero no se generará ni un centavo con relación a la Licorera, como lo recomienda la Contraloría. En lo demás, es decir lo que tiene que ver con las empresas privadas, sí hay que cumplirle a la contratista porque esto no lo contempla la ley y ella hizo su trabajo".
Con lo que sucedió, el ICT dice que reestructurará la contratación para publicidad de la próxima Feria, para que los institutos públicos colaboren entre sí con sus presupuestos.
Lo que se comercializó para la Feria, entre empresas públicas y privadas, fue de unos $1.200 millones, dijo García.