Sistema de transporte es una obligación

HELMER GONZÁLEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El fallo de segunda instancia que reconoce la vulneracion de derechos y del patrimonio público, por la fallida implementación del Sistema Estratégico de Transporte para Manizales, puede tener efectos mayores a la misma sentencia si se tiene en cuenta que es una línea estratégica de una norma superior como el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado en el 2011.

Se recuerda que el Tribunal confirmó lo que había decidido en primera instancia, en el 2014, el Juzgado Primero Administrativo, que responsabilizó al TIM y a los municipios de Manizales y Villamaría. La sentencia fue apelada.

El montaje de la plataforma debió iniciar en el 2007. Se implementaron algunas tecnologías y los ciudadanos alcanzaron a comprar tarjetas para el pago electrónico de pasajes.

Francisco Javier González Sánchez, coautor de la acción popular y presidente actual del Concejo de Manizales, explicó que de por sí es grave que las dos instancias hayan confirmado que se violó la moral administrativa con la serie de improvisaciones probadas.

Subrayó que todas las administraciones que han pasado desde que se quiso implementar el sistema deben responder por el fracaso del mismo, pero además quien vaya a gobernar el próximo período debe entender la responsabilidad que asume.

Puntos críticos

Otros aspectos que cuestionó la acción popular era que se violaba la libertad de empresa, el acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna a los ciudadanos.

Los argumentos de los accionantes pasaron además por la exclusión de personas con discapacidad, la limitación de la libre competencia y la afectación de la movilidad por obligar a las personas a adquirirlas tarjetas inteligentes, como únicos medios de pago, que a la larga resultaron insuficientes.

González Sánchez agregó que se conjugaron varias improvisaciones entre ellas la revisión continua de la tarifa. "Groso modo en la implementación se perdieron muchos recursos que son irrecuperables, por falta de planeación y socialización. Quienes se metieron a implementarlo a la fuerza deben dar cuentas a la ciudad".

Por último el juzgador compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General de la Nación, y a la Procuraduría General de la Nación para que se investiguen posibles irregularidades penales, fiscales y disciplinarias.

Costos no cuantificados

El fallo del Tribunal no cuantifica los costos de la afectación sino que se limita a reconocer las pretensiones de la demanda. Sin embargo, los accionantes consideran que las pérdidas del Municipio se acercan a los $80 mil millones.

Recordaron que tras la liquidación del TIM solo quedaron unos equipos que se almacenaron, avaluados en cerca de $4.000 millones, pero que son de difícil comercialización. "Yo pienso que se pueden vender por chatarra", anotó González Sánchez.

Debe haber sistema

El otro aspecto relevante del fallo del Tribunal es que ordena que se cumpla con la norma de implementación de un sistema estratégico de transporte, lo que implica actualizar estudios, conformar un ente gestor y planear cómo se realizará gradualmente.