Se avecinan demandas millonarias por Sistema Estratégico de Transporte en Manizales

Fernando-Alonso Ramírez
Editor de Noticias | LA PATRIA

Demandar es la decisión que ya tomaron las juntas directivas de Susuerte y de PIN por la falta de resultados del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Manizales, parado por orden judicial hace dos años y cuatro meses, y que sigue dando tumbos para arrancar.
Las reclamaciones podrían superar los $70 mil millones, aunque cualquiera puede aspirar a que la justicia le conceda lo que él cree, pero no necesariamente quiere decir que así será.
Las demandas son un azar, pero no es fácil para el municipio enfrentarlas si se tiene en cuenta que se habla de poderosos bufetes de abogados de Bogotá, que les dan a entender que es posible lograr esa aspiración.

Carta que nadie respondió
La red de servicios Susuerte, conocida principalmente por su actividad chancera, ganó una licitación pública para la venta de tarjetas y recarga, de lo cual le debía corresponder el 4,2% de cada pasaje comprado. No obstante, desde que se paró el SETP, el 3 de marzo del 2010, no ha recibido un peso, con lo que se afecta la inversión hecha.
Lo más delicado es que existe una carta enviada por Susuerte al alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas Giraldo, recibida en su despacho el primero de febrero, en la que le plantean estar dispuestos a considerar "únicamente el reintegro del capital invertido (2.494 millones 484.073 pesos) indexado a valor presente. La reclamación era por unos $3.160 millones.
No obstante, no existe respuesta escrita de la Alcaldía. Ayer se le preguntó al mandatario durante el Gobierno en la calle, y al ver la copia de la carta manifestó que a no le correspondía contestarla y que delegó en Infimanizales y a Transporte Integrado de Manizales (TIM).
La gerente de Infimanizales, Luz Stella Cardona, dijo que no era de su resorte, sino de TIM y que por tanto dio instrucciones al anterior gerente para que respondiera en el sentido de ser muy conciliatorios.
LA PATRIA localizó a Carlos Alberto Aristizábal, quien se desempeñó en esa gerencia hasta el pasado 30 de junio, quien dijo que él asumió ese cargo apenas el 9 de marzo, un mes y ocho días después de que llegó esa misiva y no recibió instrucción en ese sentido, aunque manifiesta que sí se reunió en una ocasión con el gerente de Susuerte y su abogado en busca de lograr acercamientos para poner a operar el sistema.
Santiago Giraldo Llano, gerente de Susuerte, manifestó que efectivamente hubo una reunión, pero precisamente para ver si estaban dispuestos a seguir con la función encomendada en caso de poner a marchar el Sistema, y que ellos dijeron que tenían toda la voluntad. No obstante, agregó que jamás hubo respuesta formal a la solicitud del primero de febrero.

Demandas millonarias
Este es el tipo de situaciones administrativas que se generan por las interinidades y la difusión de las responsabilidades. Así fue como también se perdió una demanda en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de enero pasado, que para muchos, como el asesor del Ministerio de Transporte y de Transmilenio José Fernando Botero contraviene una ley, pero que no fue recurrida en busca de un pronunciamiento de segunda instancia, dejando en firme la decisión que afecta parte de la tarifa técnica al establecer que en esta no se podían incluir los costos en que incurra la Administración municipal para poner a funcionar la plataforma tecnológica del Sistema.
Ese silencio será uno de los argumentos clave en la demanda que pretende interponer Susuerte y en la que seguramente reclamará también el lucro cesante y el daño emergente, pues por cada recarga de la tarjeta, a la firma chancera le correspondía el 4,2% sobre el valor de cada pasaje. Es decir, ya se superarían los $3.160 millones calculados hace cinco meses, pero que llegaba hasta $8 mil 300 millones si le sumaban la remuneración esperada a esa fecha, más remuneraciones no causadas e intereses de mora. Es decir que habría que partir de este último número, más los cinco meses que han corrido desde entonces y contando.
La demanda se estaría presentando en menos de dos semanas, pues aunque el contrato advertía que las diferencias se resolverían por un tribunal de arbitramento, cuando se intentó conformar este en la Cámara de Comercio, los costos podían llegar a $800 millones -$400 millones cada parte-, dinero que TIM no tenía y que a Susuerte no le parecía razonable gastar, cuando no recibe siquiera retribuciones del Sistema. Por eso de común acuerdo las partes decidieron que en caso de que no hubiera soluciones se acudiría a la vía contenciosa.
"¿Si le dicen que el TIM arranca mañana ustedes cuánto tiempo necesitan para ponerlo a punto para la venta de tarjetas?" Se le preguntó al gerente de Susuerte y respondió: "Al otro día, solo pediríamos que se corra el tiempo de la concesión por lo que no ha operado; nuestra intención no es perjudicar a la ciudad, sino que ahí tenemos unos recursos importantes sin ninguna retribución".

No esperan más
Ante la noticia de una inminente demanda de Susuerte, LA PATRIA llamó a Andrés Felipe Castillo, gerente de Proyectos Inteligentes, socio de PIN, operador de la plataforma tecnológica, y se encontró con que allí también están hablando de la posibilidad de demandar y pronto.
PIN desde hace seis meses estudia con un bufete de Bogotá las posibilidades de demandar a los actores involucrados en su contrato como Infimanizales y TIM S.A.,  Secretaría de Tránsito y Alcaldía. "Los abogados han hecho un desglose de los puntos neurálgicos del Sistema hasta la construcción de todos los convenios firmados. Se tiene todo listo", anotó.
Agregó el gerente de PIN que esperaron seis meses para que esta Administración entendiera la complejidad del Sistema y teniendo en cuenta que las primeras salidas fueron un poco en falso, "más de desconocimiento".
"El martes nos llamaron a reunión la gerente de Infimanizales y el Secretario de Tránsito y tocaron el tema de que quieren arrancar el Sistema, y nosotros les decimos que nunca hemos querido pelear con la ciudad, que la plataforma estuvo lista en el 2008, pero sí necesitamos que los compromisos se asuman por escrito".
El gerente de Proyectos Inteligentes solicita que esa voluntad se le comunique por escrito. "No hemos recibido ninguna comunicación y dijeron que nos avisarían el alcance que aspiraban tener de la plataforma".
Se quejó de que la ciudad fue pionera en este tema y era una oportunidad de negocio porque servía para vender en otras ciudades lo aprendido, pero mientras las demás avanzan, acá todo sigue quieto.
Insistió en que en estos seis meses el secretario de Tránsito, la gerente de Infimanizales y los alcaldes de Manizales y Villamaría conocieron deficiencias y bondades del Sistema.
Confirmó que durante este año han sostenido unas cuatro reuniones con funcionarios del alcalde. Al preguntarle de cuánto se estaría hablando en una reclamación contra el Municipio, dijo que el contrato firmado de ingresos futuros a 10 o 12 años era de $55 mil millones, de los que solo recibieron menos de $60 millones en los tres días que operó el sistema en el 2010.
Además el cable aéreo siempre dio $4 millones mensuales que no daba ni para el arriendo en donde estaban ubicados los equipos de la plataforma tecnológica y a esto se debe agregar que la inversión en software y hardware que se ganó en una invitación pública fue de entre $8 mil millones y $9 mil millones, más gastos fijos mensuales de entre $170 millones y $200 millones, que fue lo que obligó finalmente a apagar la plataforma en febrero pasado.

Perdería la ciudad
La gerente de Infimanizales explicó que sí le corresponde reunirse con PIN, pues en este caso se debe entender con Infotic (antes Infimanizales) que es con quien se conformó la Unión Temporal, mientras que Susuerte se entiende con TIM, otras complejidades de este modelo. Agregó que las reuniones con PIN han sido sobre la plataforma tecnológica y no sobre la parte contractual.
Cardona agregó que la Administración Municipal mantiene su posición pacífica en lo jurídico y que han invitado a las partes a mantener esa misma disposición, si se tiene en cuenta que lo que importa es encontrar salidas. "A ninguna de las partes le conviene una confrontación judicial y menos a la ciudad que es la que pierde y demorará más la puesta en marcha del Sistema Estratégico de Transporte, pero buscamos es poder reactivarlo". Manifiesta que si hay demandas, pues habrá que enfrentarlas.
El tono conciliador parece que está agotando a las partes que invirtieron millonarias sumas, igual que la Alcaldía de la época, sin que hasta ahora haya resultados. Las empresas privadas que se ganaron los procesos contractuales en licitaciones e invitaciones públicas creen que han tenido paciencia, como lo demuestran los 28 meses desde que se paró el Sistema y no han recibido un peso, pero se empiezan a cansar por lo que la vía jurídica podría ser la única salida para sentirse recompensadas o que, simplemente, el Sistema empiece a marchar y a cumplir con lo prometido.

Los líos judiciales presentes

• Acción popular en el Juzgado Primero Administrativo, la cual ordenó parar el sistema hasta que estuvieran las condiciones para funcionar. Aún no hay decisión de fondo.
• En la Fiscalía reposan tres demanda por contratos sin cumplimiento de requisitos legales contra TIM, una de ellas que incluye a Infomanizales apenas se encuentra en averiguación. Las otras dos son procesos activos. Una tiene como indiciados al exalcalde Luis Roberto Rivas, al exgerente José Alfonso Jaramillo, al exasesor Carlos Eugenio Montes Trujillo y a Álvaro Vélez Gómez, Ancízar Neira Estrada, Pablo Uribe Salazar y Hernán Andrés Castillo. En la otra aparecen como indiciados Liliana López, Marta Alicia Silva y John Alexánder Quintero.
•  También en la Fiscalía hay un proceso activo contra Roberto Arias Aristizábal, Diego Franco Molina y Gloria Lucero Ocampo y tiene que ver con la fijación de la tarifa de la prestación de servicio público de transporte en Manizales.
•  Otro contra el exsecretario de Tránsito Ancízar Neira Estrada por prevaricato por acción por ordenar entrada en operación de rutas reestructuradas.
• Un proceso ante la justicia administrativa en el que se demandó un otrosí del contrato firmado con Susuerte y TIM concluyó que en él se había acatado la ley y no había irregularidades por rebajar el monto del cobro de una tasa. La decisión de segunda instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas consideró que no se violó la moralidad administrativa, ni el patrimonio público, cuando se advirtió que no se debía pagar la Estampilla Prouniversidades por un monto de $46 mil 721 millones, sino por $500 millones. En lo penal esto también es materia de disputa.