Primer round jurídico en caso Pin-Municipio de Manizales

MARTHA LUCÍA GÓMEZ
LA PATRIA | MANIZALES

Un encuentro de pesos pesados del derecho con un representante jurídico del Municipio se vivió ayer en una audiencia de conciliación prejudicial que resultó fallida y que tiene relación con los efectos del TIM en Manizales.
Abogados de la firma Martínez-Neira, presidida por Néstor Humberto Martínez, exministro de Justicia y del Interior, e integrada además por Gonzalo Suárez Beltrán, exviceministro de Justicia, y por Marcela Eugenia Doria, experta en derecho administrativo, expusieron sus puntos de vista en la Procuraduría 29 judicial para asuntos administrativos con el abogado Asmed Heredia Ramírez, delegado por el Comité de Conciliaciones del Municipio.
Este último llegó con una posición casi esperada: la negativa a conciliar, pues las pretensiones de la firma Proyectos Inteligentes (Pin) Unión Temporal, operadora de la plataforma tecnológica para el Sistema Estratégico de Transporte Público en Manizales, son de $35 mil 468 millones, que la Alcaldía les debe pagar por daños y perjuicios ocasionados con la suspensión del Sistema y la no terminación del contrato para operar.

Primer impacto
Todo parte de que el Juez Primero Administrativo ordenó una medida cautelar para suspender el Sistema, el 3 de marzo de 2010, y de que el modelo tarifario no funcionó. De cada pasaje que cancelara un usuario, $37 eran para Pin, pero un fallo de un juzgado administrativo, en el 2011, y que nunca apeló el Municipio, dijo que era ilegal el cobro.
El argumento fue que el costo de la plataforma tecnológica no se podía incorporar a la tarifa, es decir no se trasladaba al usuario. Esto se dio al finalizar la alcaldía de Juan Manuel Llano. Los términos se vencían en los primeros 18 días del 2012, en la actual administración de Jorge Eduardo Rojas, pero tampoco interpusieron recurso alguno.
Con el valor de la tarifa se quedaron entonces los transportadores, aunque actores del Sistema, como la empresa TIM, podían reclamar participación. "Nadie ha salido a la defensa de esos recursos públicos", afirma Martínez.
El resultado fue paralizar la ejecución con Pin. No obstante, el contrato sigue vigente, incluso la oficina en Manizales (sector de El Triángulo) está abierta, con equipos instalados y una persona a cargo; además de los equipos en los vehículos.
Para Martínez, lamentablemente no han tenido respuesta del Municipio para resolver la situación. "Por eso hemos planteado llegar a un entendimiento, de lo contrario tenemos que iniciar en el transcurso de los próximos 10 días una acción contra el Municipio buscando resarcir los daños causados".

Knock out
Debido a que no se llegó a una conciliación ayer con el Municipio, Hernán Andrés Castillo, gerente de Pin, anunció que interpondrán la demanda en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas, con las mismas pretensiones: $35 mil 468 millones, que fue el cálculo realizado por la banca de inversión Cabrera & Bedoya, de Bogotá, en relación al daño emergente y al lucro cesante en el que dejaron a Pin con estas decisiones.
"Siempre hemos estado abiertos a conciliar; sin embargo el Municipio ha sido dejado, no nos dijeron absolutamente nada, a pesar de las múltiples solicitudes de terminación y liquidación del contrato en marzo del 2011, finales del 2012 y este mes. Algo muy complicado para una empresa que invirtió todos estos recursos, y obtuvo este daño", argumentó.
Delegados de Pin y de la firma Martínez-Neira aseguran que la plataforma tecnológica funciona y sigue vigente, tal como lo avalaron la Universidad de Caldas y la interventoría del contrato.

Vía al segundo round
Martínez sostuvo que cuando el Estado convoca a los particulares, y por una conducta propia incurre en una falla en el servicio, teoría del daño especial, se puede solicitar reconocimiento del daño, por ello consideran que es una reclamación legítima.
"No se trata de hacer de esto un negocio para la Unión Temporal, lo que ellos llegaron fue a prestar un servicio como operador logístico, pero no para enriquecerse por la vía de una demanda judicial. No estamos obligados a soportar las consecuencias dañinas patrimoniales de un acto de la administración pública", planteó el abogado.
El abogado de la Alcaldía, Asmed Heredia, dijo que el Comité de Conciliación del Municipio analizó la documentación y concluyó que hace falta material probatorio que demuestre que es el Municipio el responsable.
"Si bien es cierto que ellos argumentan la nulidad de un acto administrativo, como fue el Decreto 246 del 2006 en el Artículo 15, esto no quiere decir que hubo mala voluntad del Municipio. El Municipio gestiona los actos administrativos, pero el ejecutor de esos actos brilló por su ausencia", afirmó.
Se refiere a la empresa TIM, que por ser entidad autónoma del Municipio y con personería jurídica independiente, es la que debe decir si concurre y es responsable de las pretensiones de los demandantes.
No obstante, para Martínez, dejar de hacer genera mayor costo a las administraciones públicas en este tipo de reclamaciones, ya que desde el momento en que se presente la demanda este tipo de daños empiezan a generar intereses  de mora, o sea que si el Municipio pierde ya no serían $35 mil 468 millones, sino que tendría que cancelar mucho más a la firma Pin.

Dudas con el poder
En la fallida audiencia de conciliación que se realizó ayer en la Procuraduría 29 judicial, dirigida por el procurador John James Montoya, el abogado Néstor Humberto Martínez se negó a firmar el acta de la diligencia.
Sostuvo que el abogado representante del Municipio, Asmed Heredia, no tenía poder del alcalde Jorge Eduardo Rojas, pues en el documento que lo acreditaba para tal fin se refería a la representación para audiencia que se realizaría el 29 de enero pasado, no para la de ayer.
"Cuando la entidad pública no comparece a una audiencia de conciliación, procesalmente significa que hay un indicio grave en contra de los intereses de esta entidad", argumentó.
Heredia respondió que el alcalde otorgó poder para asistir a audiencia de enero pasado, pero que debido a lo voluminoso del expediente, el Municipio solicitó aplazar la diligencia, que se programó para ayer. "El poder es suficiente. Se dice que se otorga para representar al Municipio en la audiencia del 29 o en caso de estar fallida, en un aplazamiento o fijación de una nueva fecha. Así lo entendió el procurador y así se solicitó. La situación es de interpretación".
El procurador escuchó a las partes y finalmente dijo que no accedía a la solicitud de Martínez, pues según el texto del poder, Heredia quedó facultado para hacer esta representación en toda la conciliación.
A la salida de la audiencia, Martínez agregó: "Es un tema que tendrá que resolver el Tribunal de lo Contencioso. Cuando uno otorga un poder para un día no lo está haciendo para una fecha distinta. Los poderes se agotan y concluyen de acuerdo con su tenor literal".