LA PATRIA | MANIZALES
"Me parece una falta de respeto que los concejales se la pasen hablando, y no les presten atención a las intervenciones de los ciudadanos". Con jalón de orejas empezó Diana Torres, representante del edificio Bosques del Norte, la intervención de ayer en el Concejo Municipal.
"Somos una comunidad afectada que solicita respeto y requiere soluciones. Ustedes no son inmunes a estos sucesos", les agregó.
Ayer debatieron concejales, Alcaldía, órganos de control y comunidad afectada por el exceso de ruido que generan establecimientos nocturnos ubicados en los Rosales y El Cable. La sesión la propuso el concejal Hernán Alberto Bedoya, de la U.
Posiciones
Residentes argumentaron que se sienten irrespetados por propietarios de esos locales y en abandono de la Alcaldía, pues dicen que se les deteriora la calidad de vida y la salud porque allí no se ejerce control.
Paula Andrea Sánchez, secretaria de Gobierno de Manizales, expuso que la competencia de ese despacho es imponer multas a los infractores, pero la medición de decibeles le corresponde a la autoridad ambiental del departamento. "La Secretaría de Gobierno está haciendo mediciones sonómetras con insumos propios, pero Corpocaldas no está acompañando el proceso. Al infractor le resulta más fácil pagar la multa, que es irrisoria, y seguir excediendo el ruido".
Sí pueden sancionar
Manuel González, Concejal del MIRA, dijo que los funcionarios sí podían ejercer más medidas y que estaban evadiendo responsabilidades al permitir el exceso de ruido; además, que estaban aplicando la parte conveniente de la Ley 232 de 1995, que dicta normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales.
"Imponen la multa más sencilla, cuando tienen facultades para sancionar hasta por 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($2 millones 947 mil 500) por cada día de incumplimiento. Aquí establecieron como pago un salario mínimo diario vigente ($19.650)".
González agregó que le queda más sencillo al infractor pagar la multa y seguir excediendo el ruido permitido, porque la Administración es incapaz de imponer una sanción ejemplar.
Precisó que la Alcaldía no tiene razón para dejar de aplicar las facultades de suspender a los establecimientos hasta por dos meses, y que en caso de que los propietarios no cumplan, puede ordenar el cierre. "A la secretaria de Gobierno le queda más fácil decir que es una práctica que aquí no se ha dado y que por el exceso de ruido solo se imponen multas. Es un estímulo a la impunidad que sigue afectando a los habitantes".
Defensa
La secretaria de Gobierno indicó que dicha Ley no referencia que el exceso de ruido implica el cierre de establecimiento, y aseguró que tampoco se reglamenta en la resolución 627 de 2006, por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido.
El concejal del MIRA también le hizo un llamado de atención al personero de Manizales, Juan Carlos Pérez, para que ejerza control disciplinario sobre la Alcaldía y sancione a los funcionarios responsables de violar sistemáticamente la Ley 232.
La sesión culminó con un compromiso de la Alcaldía de enviar las respuestas por escrito a las solicitudes que les elevó esta comunidad afectada por el exceso de ruido en los Rosales y El Cable.
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