Piden a la Alcaldía comprar Potrerillo para los invasores

MARGARET SÁNCHEZ
LA PATRIA | MANIZALES

Cuatro meses y 11 días tuvieron que esperar los ocupantes de la hacienda Potrerillo, en el Kilómetro 41, para que representantes de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), la Alcaldía de Manizales y la Gobernación de Caldas accedieran a reunirse.

Invasores reiteraron ayer su deseo de permanecer en el terreno y construir sus viviendas, pero los representantes del Estado manifestaron que no pueden saltarse la ley para cederles un bien que ocuparon ilegalmente.

A la reunión convocada en Manizales por Yazmín Gómez Agudelo, defensora del Pueblo de Caldas, asistieron también 12 miembros de la Fundación para la Vivienda Nueva Esperanza, organización que crearon los 1.059 ocupantes para negociar; además de delegados del Concejo Municipal, la Personería, el Incoder, el ICBF y la Caja de la Vivienda Popular de Manizales.

"Le pedimos a la Alcaldía, a la Gobernación y a otros entes territoriales que nos ayuden a negociar el terreno con la DNE o que nos ofrezcan programas de vivienda", expresó Lina Marcela Hincapié, vocera de la Fundación.

Recordó que los primeros ocupantes fueron personas estafadas, pues supuestamente les vendieron lotes de 10 metros por 10 metros a $1 millón 300 mil. Estos casos son motivo de investigación de la Fiscalía.

Subasta
Eduardo José Cardona, delegado de la DNE, respondió que la Sociedad Administrativa de Activos Especiales tenía la obligación de mantener en buenas condiciones la hacienda, incautada a Roberto Escobar, alias Osito.

El funcionario agregó que la propiedad entrará a subasta pública y que los ocupantes pueden participar como cualquier ciudadano.

"No podemos pagar una suma millonaria, si tuviéramos el dinero no estaríamos invadiendo. El Municipio sí puede comprar el predio", reclamó Gómez Agudelo.
Jorge Andrés Gómez, secretario de Gobierno de Caldas, indicó que la Gobernación tiene la mejor voluntad, pero que es un tema que le compete el Municipio. "Aunque los despachos de Vivienda y Agricultura pueden aportar", dijo.

La secretaria de Gobierno Municipal, Paula Andrea Sánchez, manifestó que la Alcaldía tiene políticas para entregar ayudas de vivienda y que sería injusto con las personas que están en ese proceso y que no han acudido a las vías de hecho ponerlas en igualdad de condiciones con las de Potrerillo. "No está presupuestado comprar bienes que están invadidos para formalizarlos", apuntó.

Otras alternativas
Hugo Ramírez, abogado del Incoder seccional Caldas, propuso buscar una salida con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras o que entidades estatales participen en convocatorias para adquirir recursos y compren el predio.

El representante del DNE insistió en que eso aplica cuando un juez reconoce la condición de víctima o desplazado y ordena indemnizarla. "Este caso es una invasión, una ocupación ilegal".

Sostuvo que esperan el resultado de las apelaciones ante el Consejo de Estado de las tutelas que los ocupantes interpusieron, y que el Municipio puede enviar un proyecto al Consejo Nacional de Estupefacientes para que le adjudiquen Potrerillo, pero que no se imagina que acepten asignar un predio invadido.

Tulia Hernández, delegada de la Personería, explicó que entre las 375 familias invasoras hay víctimas de la violencia, desplazados, damnificados por el invierno, discapacitados, madres cabeza de hogar, ancianos y niños.

"No llamaría invasor a quien tiene un documento que certifica que compró el lote. El Estado está en deuda con la población rural", sostuvo Hernández.

El concejal Octavio Cardona le solicitó a la Gobernación y la Alcaldía conciliar y responder con políticas de Vivienda de Interés Social para el área rural.

Moisés Gallego, vocero de los ocupantes, dijo que deben seguir los diálogos. "Santos negoció en los paros y ahora en La Habana, por qué no lo pueden hacer en Potrerillo".

La defensora del Pueblo concluyó que ya conocen las posiciones sobre la invasión y espera que en una próxima reunión Alcaldía y Gobernación lleguen con propuestas para velar por los derechos de los ocupantes.