Operadora de zonas azules de Manizales, en rojo

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

A la Asociación de Personas con Discapacidad (APD) de Manizales solo le queda renunciar a seguir administrando las zonas azules. Ocho meses y medio después de iniciar el contrato con la Alcaldía reconoce que es incapaz de cumplir con lo pactado.

Cinco interventorías de las secretarías de Salud y de Tránsito Municipal arrojaron incumplimientos del 68% de lo estipulado; también hay denuncias de operarios que no quieren dar la cara por temor a retaliaciones laborales. En una sesión de la Comisión Tercera del Concejo Municipal el pasado viernes les sacaron a relucir las faltas.

Un orientador le aseguró a LA PATRIA que los hacen trabajar varias veces al mes en turnos de 11 y 12 horas diarias y solo les dan unos $130 mil, cuando el salario debería ser entre $475 mil y $560 mil por 21 días laborados al mes durante seis horas diarias.

“Si alguien habla o se queja, al otro día lo echan. Ese sueldo no nos alcanza. Además nos deben parte de la prima de diciembre y no nos han consignado intereses de cesantías”.

Reclamos

El concejal del MIRA, Andrés Sierra, agrega que el año pasado la APD despidió a unos 20 orientadores, y alegó justa causa, pero finalmente los indemnizaron. Otra queja es que les pagan sueldos diferenciales por las mismas horas laboradas, “como si les fuera mejor a los que estuvieran en la rosca”, y que no cumplen con el porcentaje de personas con discapacidad.

“También los deberían dotar de uniformes cada tres meses y esto no ha ocurrido. Por todo esto le pedimos a la Secretaría de Salud que les cancele el contrato”, dice Sierra. Anota que, según datos que pudieron recoger, el recaudo sí ha aumentado. En el primer semestre del año anterior fue de $1.600 millones y en el segundo, de $2 mil millones.

El liberal Rafael Torregroza criticó que la directora del contrato no sepa cuánta plata les ingresa por cobro de tiquetes ni cuánta sale.

Quebrados

José Aldíber García Ospina, vicepresidente de la APD y representante legal, reconoce que han incumplido, pero dice que parcialmente. Precisa que ahora deben pagar el precio por meterse en un modelo que no conocían y del que solo esperaban la formalización laboral de mucha gente.

Esto lo afirma porque fueron los pioneros en el manejo de las zonas azules en la ciudad, hace 26 años. García Ospina explica que algunos ganan más que otros porque a los que no acuden a trabajar no les pueden pagar; además, que algunos actuaron de forma irregular por no llenar el tiquete adecuadamente, por no elaborarlo y guardarse la plata o por cobrar de cierto tiempo en adelante.

“Todo esto nos llevó a quebrarnos, el ejercicio no nos estaba dando para cumplir con las obligaciones. Tenemos un desequilibrio económico, pero vamos a responder. Hace 27 años construimos nuestra sede para el servicio de Manizales y la población discapacitada, soñamos mucho, pero vamos a responder con la venta de la propiedad. Reconocemos la falla”, afirma entre lágrimas.

Dice el secretario de Salud

Según el secretario de Salud Municipal, Héctor William Restrepo Osorio, la Alcaldía no puede seguir con un contratista que incumple en 68%. “La posición de la Alcaldía fue decirles que no seguirá arriesgando con un contratista que no está cumpliendo, pues luego tendría que soportar las demandas. Se llamó a una reunión la semana pasada para decirles que renuncien al contrato o la Alcaldía declarará la caducidad unilateral”.

El funcionario asegura que las zonas azules no quedarán desprotegidas, pues la APD deberá seguir ejecutando el contrato hasta que se tenga una nueva empresa que lo maneje y que se escogerá por licitación.

“En la Secretaría de Salud no estamos mirando nada que tenga que ver con lo político”, dice. Agrega que el contrato no es desproporcional financieramente. “Diría que es un error administrativo de esa empresa”.

En cifras

En Manizales hay 142 zonas azules.

161 personas las operan.

La APD les adeuda la mitad de la prima de diciembre y los intereses de cesantías a los orientadores, deberá pagar liquidación de sus contratos y también la de 13 empleados administrativos, entre los que aparecen 6 controladores. Las deudas totales, incluyendo con bancos, las calculan en $600 millones.

Los cambios en el contrato

Hasta junio del 2015 las zonas azules funcionaban así:

* Del total del contrato se destinaba al orientador el 50% del valor de los tiquetes vendidos en la calle.

* El otro 50% se distribuía entre el Municipio (27% para la cofinanciación de programas con esta población), APD (13%) y apoyo social para discapacitados (10%).

* No tenían vinculación a pensión ni recibían salario, su vinculación era de ocupación terapéutica.

* El 5 de junio del 2015 la APD acepta el cambio que les propuso la Alcaldía y que les permitió formalizar a los orientadores.

* Los porcentajes pasaron a 73% para la APD, de lo que tendrían que pagar la nómina de los orientadores y 27% para el Municipio, también para cofinanciar programas.

* Firmaron un contrato por tres años, por $8 mil 917 millones con el compromiso de vincular 75% de discapacitados, 12,5% de adultos mayores y 12,5% de madres cabeza de hogar que deben trabajar 168 horas al mes para completar 21 días de labores.