Ómar Darío Cardona, especialista en ingeniería sísmica y prevención de desastres, habla de las normas de sismorresistencia

JOSÉ WILMAR JARAMILLO*

LA PATRIA | MANIZALES

Ómar Darío Cardona Arboleda, ingeniero civil especialista en Ingeniería Sísmica, Prevención de Desastres y Mitigación de Riesgos; con reconocimientos por sus iniciativas en la evaluación y gestión del riesgo a nivel mundial, explica que en 1984 se publicó por primera vez la norma de sismorresistencia con un objetivo primordial: salvar la vida de las personas ante la ocurrencia de un sismo y como consecuencia del acontecido en 1983 en Popayán.

Posteriormente, en 1998, se expidió la Norma de Sismorresistencia NSR98 y luego, en el 2010, la actualización NSR10 vigente hasta hoy.

Con relación a edificios construidos antes de que existieran las normas sismorresistentes, responde que fueron hechos por ingenieros con el mejor criterio, basados en información que recibían de colegas norteamericanos, japoneses y de otros países, y guiados más bien por la idoneidad, formación y conocimiento que tenían.

Hasta el temblor

Comenta que está próxima una nueva norma, la NSR 2022, posiblemente a finales de este año o el entrante, previo cumplimiento de requisitos internacionales. Para entonces ya los edificios construidos con la norma del 2010 no cumplirán, lo que no significa que se van a caer.

Expresa que si se les hiciera un estudio de vulnerabilidad a los edificios antiguos de Manizales, ninguno pasaría las normas; pero también ocurriría en Bogotá, Cali, Medellín y en todo el mundo. Cuenta que en Europa cada rato se cae un edificio que cumplió ya su ciclo.

Señala que si un edificio empieza a presentar síntomas de deterioro en la estructura, hay que evaluarlo inmediatamente: “porque si se cae solo, sin sismo, imagínese con el sismo”. Sobre el litigio con el edificio Shalom III, Avenida Santander de Manizales con calle 51, por incumplimiento de las normas (ver recuadro), opina que lo que hizo la Unidad de Gestión de Riesgo fue curarse en salud al solicitar un estudio de vulnerabilidad.

"Usted construye un edificio, y mientras no muestre síntoma irregular es casi imposible saber si está bien construido o no. Si lo construye mal, ya sea porque el ingeniero o la constructora no cumplen los requisitos, no se va a notar sino hasta el día del temblor", aclara.

De la obligatoriedad

Refiere que no existe norma que obligue al propietario de un edificio a adecuarlo a normas nuevas, ni a hacerle un estudio de vulnerabilidad, ni a reforzarlo; excepto que lo quiera intervenir voluntariamente.

En caso de remodelación de un edificio antiguo, por ejemplo, no sería capaz de soportar las cargas que la norma pide, por lo que tocaría actualizarlo. Para ello se debe solicitar una licencia de construcción que exigirá diseños arquitectónicos, estudio de vulnerabilidad y reforzamiento.

Cuenta que en California (Estados Unidos) piden que a los edificios viejos que no han sido reforzados, les pongan un aviso a la entrada que dice: “usted entra bajo su propia responsabilidad, porque este edificio fue construido en tal fecha y no cumple con normas sismorresistentes".

Prevención

Se debe tener la filosofía de la prevención al diseñar una estructura para soportar la carga vertical, o sea el peso propio y el de los ocupantes del edificio. "Un ingeniero diseña una estructura para esos 15, 20, 30 segundos que dura el sismo, pues alguna vez en la vida del edificio le exigirá 12 veces más a esa carga vertical que tiene que sostener durante 70 años. Deberá quedar sobrada 12 veces, porque el día del sismo va a necesitar esa sobrerresistencia".

Agrega que el reforzamiento estructural rige desde 1997 y que Manizales ha sido de las ciudades que más avance ha tenido en ello y de las que más estudios de riesgo sísmico tienen en el país. "Y no es una edificación, ¡son todas!".

Esos estudios fueron desarrollados en un proyecto con Corpocaldas y la Universidad Nacional de Colombia. Sirvieron para toma de decisiones en la evaluación de daños posteriores al terremoto y para que en las normas se incluyeran requisitos más exigentes, "porque somos demasiado relajados, laxos al construir", concluye Cardona Arboleda.

Dónde denunciar

El arquitecto Juan Carlos Pineda Uribe, presidente de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos, reconoce que se presentan obras construidas sin licencia, ya sea porque no hay cobertura suficiente de la Oficina de Control Urbano o porque muchos propietarios a sabiendas que necesitan permiso, no lo hacen, resultando profesionales implicados.

Como Sociedad son un cuerpo consultivo de los gobiernos departamental y municipal, no investigan ni sancionan porque para eso están el Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura (Copnia) o el Consejo Nacional de Ingeniería que reciben quejas de ciudadanos y entidades e imponen sanciones si amerita el caso, que van desde llamados de atención hasta la suspensión del ejercicio profesional.

Caso del Shalom III

Hernando Peláez Alarcón, jefe de Seguridad Ciudadana, Unidad de la Secretaria de Gobierno de Manizales, indica que la Inspección 12 Urbana de Policía, que impuso la medida correctiva de demolición del edificio por incumplir normas, ya ofició a la Secretaría de Obras Públicas del Municipio para que informe técnicamente cómo va a ser la demolición y su costo, a fin de determinar de dónde saldrán los recursos para ejecutarla.

"Hay que entender que el Decreto 1284 del 2017 es reglamentario de la Ley 1801 o Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y determina en qué se pueden invertir los recursos de las multas. El Comité de Orden Público analiza la viabilidad que de las multas impuestas por esa dependencia se obtengan los recursos para materializar la medida correctiva sobre el Shalom III".

Recalca que la constructora no presentó ninguna solución, ni ha hecho petición, y que un propietario pretendió que el Municipio hiciera las inversiones de reforzamiento, pero que en inmuebles privados no se pueden invertir recursos públicos, y que en el evento que el Municipio tenga que disponer dineros para la demolición porque no lo hace el privado, esta suma deberá ser cobrada al mismo, más costos de administración.

Adicionalmente se viene adelantando el cobro coactivo a la constructora, por multa impuesta por $165 millones 623 mil 200, según Resolución 018 del 14 de agosto del 2020.

* Arquitecto, columnista de LA PATRIA

jowija_5@hotmail.com