Noticias de Manizales y Caldas,
Mayo 22 2024
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LA PATRIA | Manizales
Desvinculaciones de busetas y microbuses sin previo aviso a los propietarios, pagos menores a los que se pactaron con los dueños de las busetas y con las aseguradoras son denuncias en contra de la empresa Gran Caldas y sus directivos.
Los afiliados también se quejan de tener que pagar por la terminación de un contrato y de sufrir alteraciones en los tiempos que les miden en los recorridos de rutas, y hasta de amenazas de muerte.
LA PATRIA recogió información durante ocho meses sobre estos aspectos, pero la Secretaría de Transito de Manizales negó la entrega en dos oportunidades. El pasado 12 de enero se envió un nuevo derecho de petición alactual secretario de Tránsito, Carlos Alberto Gaviria, quien sí respondió con los soportes.
Simón Andrés Giraldo Henao era propietario del microbús de placas VIK 426 junto con María Aura Henao. Contó que el 31 de octubre del 2011 vendió el vehículo a Gonzalo Gómez de los Ríos, pero Francisco Luis Zuluaga Duque, gerente y representante legal de la empresa Transportes Gran Caldas S.A. le dijo que debía pagar $3 millones por una rescisión (terminación) del contrato. Los pagó el 9 de noviembre de ese año.
El nuevo propietario comenzó a pagar el rodamiento y las pólizas de la buseta desde esa fecha, pero en el 2013, le embargaron el carro ante una demanda de Zuluaga con el argumento de que el anterior dueño le debía varios meses de rodamiento y el pago por arrendamiento de parqueadero de otras busetas.
Ante lo sucedido, Gómez de los Ríos envió documentos a la Secretaría de Transito donde probó que él era el nuevo propietario. Sin embargo el carro lo desvincularon el 1 de julio, y salió de circulación.
Giraldo Henao optó por deshacer la venta para no perjudicar más a Gómez de los Ríos, quien tiene 70 años y este era su sustento y el de su hijo, quien lo conducía. A cambio le entregó una casa en el Tablazo.
En diciembre del 2014 vendió de nuevo el microbús, sin cupo, y el problema continuó. Comenzó el tramite de venta en la Secretaría de Tránsito de Villamaría, allí le solicitaron el acto administrativo de desvinculación. Al ir a este despacho en Manizales se dio cuenta que no tenían resolución, así que le dieron una sin numero, por lo que Giraldo Henao les dijo que lo habían desvinculado de boca.
Desvincular un vehículo de una empresa transportadora requiere de un mutuo acuerdo o de un acto administrativo, que se da porque una de las partes incumplió lo pactado en el contrato.
Giraldo Henao interpuso una demanda en la Fiscalía. Asegura que el 9 de abril del 2014 Gran Caldas solicitó la desvinculación de la buseta VIK 426 como si fuera de mutuo acuerdo, sin serlo.
El 27 de junio del 2014 el secretario de Tránsito Juan Felipe Álvarez aceptó la solicitud, con el argumento de una rescisión de contrato desde el 9 de noviembre del 2011.
En los archivos de la Secretaría de Transito hay otra carta del 1 de julio siguiente, en la que Zuluaga de nuevo pidedesvincular el carro. Anexa el soporte de la terminación del contrato en el 2011.
Además hay acta de compromiso del mismo día de la nueva petición, en la que esa oficina firma un acta de compromiso con Zuluaga Duque para que permita que el microbús VIK426 se quede en los talleres de la empresa hasta que se venda o se afilie a otra.
El 16 de julio la técnico profesional de la Secretaría Olga Lucía Castellanos firma la carta de desvinculación.
En la respuesta a LA PATRIA, la Secretaría de Tránsito reconoce que la carta en la que Luis Gonzalo Gómez o Simón Andrés Giraldo solicitaron la desvinculación de mutuo acuerdo no aparece en sus archivos. "Fue una solicitud entre la empresa transportadora y las personas mencionadas".
Álvarez explica que un trámite de desvinculación de busetas es normal, operativo. El caso lo conoce inicialmente Servicios de Tránsito de Manizales, que analiza la documentación y la pasa a la Secretaría para la decisión.
Del caso en cuestión recuerda que efectivamente se trató de una rescición del contrato firmada por ambas partes, y que por eso se procedió con la desvinculación. No obstante, el propietario alega que cómo era posible que solo en abril del 2014 se pidiera desvincular un vehículo al que se le rescindió el contrato en noviembre del 2011.
"Para esa fecha el contrato se terminó a favor de Gómez de los Ríos, debido a que le vendimos el vehículo a él. Anexamos recibos de pago de los derechos de rescisión del contrato, rodamiento, pólizas y certificado de compraventa. Zuluaga no puede decir que lo desconoce, ya que ha pagado desde el 9 de noviembre de 2011... el mismo Francisco Luis el 26 de octubre de 2013 le informó como propietario o tenedor del automotor que el contrato con Gran Caldas se vencería el 26 de noviembre de 2013 y no deseaba prorrogarlo, pero el contrato se renovóautomáticamente y el carro siguió trabajando en la empresa. Esto demuestra que conoce la existencia de un contrato vigente", explican en los documentos.
Según la documentación, el 13 de junio, un mes antes de la desvinculación, la Secretaría de Tránsito había expedido una tarjeta de operación para ese microbús hasta el 2016.
La explicación de Tránsito es: "independientemente de quién solicite la desvinculación, la empresa está en el deber legal de permitir que el automotor continúe prestando el servicio hasta que la autoridad competente decida desvincularlo", explica el documento.
Pese a esto, el carro lo sacó Gran Caldas de operaciones desde el 1 de julio, 15 días antes de expedirse la resolución.
Sin notificar
Giraldo asegura en la demanda ante la Fiscalía que no lo notificaron, pues le enviaron las citaciones a una dirección diferente a la que reposa en la Secretaría de Tránsito y en su licencia de conducción. A pesar de que la notificación de la desvinculación se la enviaron a la carrera 24 N.o 22-02, argumentando que era la única que tenían en la Secretaría, en la respuesta del derecho de petición a LA PATRIA enviaron otra, que "hasta la fecha no ha sufrido modificaciones". Además asegura que después de la desvinculación, es decir, del 16 de julio del 2014, Giraldo aportó la dirección a la que
enviaron la notificación y otra adicional. Para esa fecha esa dirección no estaba en los registros de la Secretaría de Tránsito. Así las cosas, Giraldo Henao le solicitó a Álvarez, secretario de Tránsito de ese momento, revisar la decisión, tomada por un acto administrativo, por lo que anexó los recibos de pago del rodamiento del carro de 2012, 2013 y del primer semestre del 2014, y copia del pago de la rescisión del contrato para venderle el carro a Gómez de los Ríos.
Todo eso, con el fin de demostrar que nunca había incurrido en falta, por lo cual Gran Caldas no tenía razones para solicitar la desvinculación.
Durante cerca de dos meses LA PATRIA buscó la versión de Gran Caldas, pero a pesar de las constantes visitas a la sede, de múltiples llamadas y de una cita que canceló el gerente no se obtuvo respuesta.
Pero hay más casos. Simón Andrés Giraldo, María Aura Henao, Clemencia Giraldo, José Obed Valencia, Duviel Morales (representante de varias personas), Octavio Acevedo, Sandra Liliana Solano, Héctor Jaime Jiménez y Carlos Muñoz son propietarios de los 26 carros de transporte público (busetas y colectivos) que estuvieron afiliados a Gran Caldas.
Ellos también demandaron ante la Fiscalía a Francisco Luis Zuluaga Duque, gerente de la empresa, por desvincular sus vehículos sin autorización, y posteriormente vender los cupos.
Aunque algunas personas aseguraron que sus busetas fueron desvinculadas entre el 2014 y 2015, en las listas que entregó la Secretaría de Tránsito no figura ninguna desvinculación en estas fechas.
Lo curioso, comentan los propietarios, es que en el 2012 fueron ocho los vehículos desvinculados, y en el 2013, 10; un porcentaje muy alto comparado con los años anteriores. En el 2005, 2006 y 2008 se desvincularon una por año y en el 2007 y 2009, ninguna.
José Obed Valencia, propietario de la buseta WKT456, cuenta que Zuluaga le pidió que repotenciara el motor, por lo que la llevó al taller por tres meses. Al llegar, le informaron que tenía una deuda de $7 millones por los meses de rodamiento que tuvo el carro en el taller.
"Le dije que cómo iba a deber eso, si el carro no estaba trabajando. Me pidió que metiera un carro nuevo, porque mi buseta no la dejaba meter otra vez. Puse una tutela para que me explicara por qué no me dejaba trabajar y no respondió, después puse un desacato y respondió lo que no era. Dijo que Tránsito podía decir una cosa, pero la decisión la tomaba la empresa", relata Valencia.
Ante lo que pasaba dejó su carro en el parqueadero de Minitas, "el motor está nuevo, pero me la desvalijaron y lo desvinculó. Metió un colectivo en ese cupo y nunca me notificaron. Quedé muy mal económicamente, yo mismo manejaba ese carro y de ahí sacaba el sustento para mi familia. Y me quedó la deuda de $14 millones por cambiarle el motor".
Hasta sus empleados han salido mal librados, según cuenta Octavio Acevedo, quien trabajó 25 años en la empresa. Él y Fernando González, quien murió en el 2012, eran dueños de un cupo. Pero como no tenían carro para operarlo, en el 2007 se lo prestaron a Zuluaga, quien lo vinculó a la placa VIK015. Al morir González, su esposa, Sandra Liliana Solano, solicitó su parte, y el 3 de julio del 2012 Zuluaga le dio una carta en la que le aseguraba que él tenía el cupo y que podía venderlo.
"Luego salió que debíamos $75 millones de rodamiento, que estaba contando desde el 2007, sabiendo que él lo estaba usando".
Finalmente lo vendieron. El 23 de enero Acevedo fue con el nuevo propietario a la oficina de Zuluaga para que se conocieran, pero no pudieron hablar con él. "Averiguamos y nos dimos cuenta que el cupo lo desvinculó el 23 de marzo de 2010 y lo vendió el 21 de abril", aseguran los denunciantes.
No ha pagado sanción
Retomando en la historia de Simón Andrés Giraldo, él no sólo tenía la VIK426 afiliada a Gran Caldas, tenía dos más,las WEF 285 y la WEF 296, junto con María Aura Henao Valencia, una familiar.
En el 2009 Zuluaga le solicitó que las sacara de rodamiento porque estaban viejas. Él asegura que eran modelos2007, pero pese a esto las llevó para el taller cinco meses. Al reintegrarlas a trabajar, le dijeron que debía pagar los meses de rodamiento que no trabajó, es decir, si mensualmente se paga $1 millones 236 mil por cada buseta, de las dos debía pagar $12 millones 360 mil. Se negó a cancelar.
En los parqueaderos las busetas fueron desvalijadas y se dañaron, por lo que denunciaron a Zuluaga. En diciembre del 2012 el Tribunal Superior de Manizales falló a favor de los afectados, reconoció que los carros se habían podrido, y tuvieron lucro cesante de unos $500 millones.
Según el demandante, Gran Caldas no ha pagado la totalidad del monto ordenado en el fallo.
Además asegura que las busetas fueron desvinculadas sin su autorización, pero que de estas no reposa documentación en la Secretaría de Transito, en donde para la fecha de los hechos el encargado de este despacho el Juan Felipe Álvarez.
Ante los continuos atropellos, 78 conductores se sindicalizaron. 40 son de Gran Caldas, 33 de Metropolitana y 5 de Metro Café. Indican que aunque las tres empresas son de Zuluaga Duque, las administran personas diferentes, pero que desde que decidieron agremiarse les alteran el tiempo de rutas en Metropolitana. "El objetivo es perjudicar al conductor porque lo que tiene validez es el reporte de ellos, las sanciones pueden ir de 4 a 8 días", aseguran.
"El pasado 15 de noviembre se levantó el paro que hicimos por violación al derecho laboral, al debido proceso, porarbitrariedades contra los conductores. Estaban resultando descuadres y la empresa decía que tenían que pagar. De lo contrario, les cancelaba el contrato, además los recorridos".
A mediados de enero se cumplió el pacto al que llegaron para suspender el paro, y era que los recorredores no intervendrían en ningún proceso de Metropolitana. La situación ha pasado de castaño oscuro. Los sindicalizados aseguran que han recibido hasta amenazas de muerte, como le sucedió a César Robeiro Ospina. Cuenta que a las 8:30 de la noche del 8 de enero se movilizaba con pasajeros de pie en la ruta a Bosques del Norte, por la carrera 20 con calle 20. En ese sector se subieron dos sujetos, uno de ellos le dijo: 'este hp es el que se cree dueño de la empresa', pagaron el pasaje y siguieron.
Entre los pasajeros iba el hijo del conductor, quien escuchó que uno le dijo al otro, 'vámonos con este hp hasta el Solferino y allá que queda vacío le damos'.
El adolescente al escuchar esto, se acercó a su papá y le contó. Más adelante, se encontró con dos policías a quienes les pidió ayuda. Los uniformados hicieron bajar a los hombres, uno de ellos en un descuido empujó a un policía y corrió, pero más adelante lo detuvieron. Llevaba un arma de fuego. El otro tenía una navaja.
Ospina explica que sobre él se ejerce más presión porque pertenece a la mesa de conversaciones. El conductor denunció ante la Fiscalía y el Ministerio de Trabajo, igual que Obeimar Obando, que también se quejó de amenazas.
"Si cualquier cosa nos sucede todo recaiga sobre los directivos de la empresa que son los que están ejerciendo la persecución sindical", concluyeron.
Los conductores sindicalizados y los propietarios de las busetas que denuncian la venta de sus cupos aseguran que son obligados a tanquear los vehículos en la Estación de Servicios San Juan frente a la Terminal de Transporte de Manizales y además de parquear las busetas en el lote contiguo, de lo contrario son sancionados.
La Secretaría de Transito indica que los derechos y obligaciones de las partes son de carácter privado y no de competencia de ese despacho.
En repetidas oportunidades LA PATRIA intentó comunicarse con Zuluaga o con los otros gerentes de las empresas mencionadas, pero nunca fue atendida nuestra llamada.
Diego Franco Molina, director Territorial del Ministerio del Trabajo en Caldas, indicó que en este momento hay un acercamiento entre la empresa y sus colaboradores: "Ese acercamiento obedece a un pliego que se adelanta. Es untira y encoge que hay entre la empresa y sus trabajadores ".
A Francisco Luis Zuluaga Duque, gerente de Gran Caldas S.A., la Fiscalía le imputó cargos por supuesto hurto agravado por la confianza. María Aura Henao Valencia y Simón Andrés Giraldo Henao, propietarios de dos busetas,señalan a Zuluaga Duque de pagar por los seguros de los carros afiliados a su empresa, un monto inferior al que los propietarios hicieron.
Los afectados contaron que ellos pagaban el 50% del valor del seguro a principio de año, pero que no les daba recibode ese desembolso. El resto lo diferían a cuotas, pagos de los que, según ellos, sí les daban comprobantes de pago.
Según los denunciantes, se dieron cuenta de lo sucedido después de un fallo judicial. Dos busetas de las que eran propietarios lesionaron a dos personas en circunstancias diferentes. La de placa WBG237 atropelló a un anciano de 72 años, que murió. En una conciliación en la Fiscalía acordaron indemnizar a la familia de la víctima con $122 millones.
Acudieron a la aseguradora confiados en que solo tendrían que pagar el 10% del monto total, pero se enteraron que la empresa había comprado seguros por $650 mil, por lo que la aseguradora respondería por $52 millones, y no por$110 millones como suponían. Es decir, el dinero que ellos desembolsaban con el fin de tener un seguro con cobertura total, solo se pagaba un porcentaje a la aseguradora. ¿Dónde quedó el resto del dinero?
Igual sucedió en el proceso derivado del accidente de una mujer, que se cayó dentro de la buseta VIK426. A ella el Juzgado Segundo Civil ordenó indemnizarla con $174 millones. La compañía debía entregar $34 millones, los propietarios $70 millones y Gran Caldas los restantes $70 millones.
También contó que les embargaron varios bienes. "La condena fue para nosotros y para Gran Caldas, pero esta es la hora que no paga nada. A mí me tocó cumplirle a la señora. Los afiliados a la empresa pagamos un porcentaje mensual en el rodamiento a un Fondo de Solidaridad que ayuda a los propietarios en caso de accidentes, pero tampoco recibimos ayuda por ese lado".
"Eso me ha dañado moral y económicamente. Gran Caldas no tiene con qué responder, es una empresa de papel, la gente afectada lo persigue a uno para que responda", expresa Giraldo Henao.
Según el Decreto 170 del 2001 una empresa de transporte debe tener el 10% del total de las busetas, es decir si Gran Caldas tiene 151, debe ser propietaria de 15. Actualmente el capital que tiene inscrito en la Cámara de Comercio de Manizales es de $600 millones, el valor aproximado de dos busetas.
10 procesos hay en la Fiscalía de Francisco Luis Zuluaga Duque. 9 en investigación y uno está en juicio.
*Delitos contra la administración pública.
*Falsedad material en documento público.
*Constreñimiento ilegal (2)
*Fraude a resolución judicial (2)
*Hurto agravado por la confianza
*Concierto para delinquir
*Fraude procesal (2)
En el gremio transportador se conoce como cupos a la capacidad transportadora de una empresa, la cantidad de vehículos que tiene habilitada para movilizar.
La Ley 688 del 2001 indica que los vehículos destinados a transporte colectivo municipal tienen una vida útil de 20 años.
Cifras
Entre $80 millones y $100 millones cuesta un cupo de una buseta
Entre $40 millones y $60 millones cuesta el cupo de un colectivo
¿Es legal el pago por rescisión?
La Secretaría de Tránsito de Manizales explica que "el contrato de vinculación es un acto entre particulares como lo establece el Decreto 1079 de 2015". Sin embargo el literal d, del artículo 13, del Decreto 3366 del 2003 es claro: "Serán sancionadas las empresas de Transporte Público Colectivo de Pasajeros y mixto del radio de acción Metropolitano, Municipal o Distrital, con multa de seis a diez salarios mínimos mensuales legales vigentes, que incurran en: exigir sumas de dinero por desvinculación o por expedición de paz y salvo".
Simón Giraldo tiene los recibos de estos pagos con el sello de Gran Caldas y aunque denunció el hecho ante el Secretario de Transito de ese momento Juan Felipe Alvarez, asegura que no paso nada.
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