Frenaron desalojo en Potrerillo

MARGARET SÁNCHEZ
LA PATRIA | MANIZALES

La noticia que esperaban en la radio llegó a través de una llamada desde Manizales. "El desalojo fue aplazado temporalmente", comunicó ayer Francisco Ballesteros, líder de los ocupantes de la hacienda Potrerillo, a unas 200 personas que esperaban el operativo de la Policía.

La fecha límite para abandonar el predio era ayer, pero la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales emitió dos medidas preventivas que ordenaron la suspensión del desalojo, mientras emiten el fallo de dos acciones de tutela que ocupantes interpusieron el pasado lunes.

El ambiente de incertidumbre cambió en segundos. Desde el martes prepararon carteles y banderas, sacaron las pertenencias de valor, y algunos desarmaron su vivienda y abandonaron el predio.

Al conocer el aplazamiento regresaron a la normalidad. El descontento se generó con las personas que se fueron y volvieron más tarde. "Los que sacaron las cosas que no vuelvan, que no los dejen entrar", reclamó Albeny Henao.

Nuevo ángel
Ballesteros dijo que este logro se lo debían a un ángel que tenían en Manizales, aunque aclaró que no se trataba de un supuesto funcionario de una ONG que los visitó hace un mes, y despareció.

El portador de la noticia fue Moisés Gallego, líder de varias causas sociales como el Macroproyecto San José, quien desde el viernes acompaña a los ocupantes del Potrerillo.

Gallego dijo que el lunes interpusieron cinco acciones de tutela contra la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Inspección Urbana de Manizales, Alcaldía y la Caja de la Vivienda Popular. Fueron radicadas en el Tribunal Superior de Manizales, en las salas penal y disciplinaria.

María Esmeralda Tabarquino es una de las cinco accionantes. Declara que fue estafada por Sorany Franco, administradora de la hacienda, que le arrendó en comodato un lote de 100 metros cuadrados durante 40 años.

Reclama que con la orden de desalojo de la DNE se vulneran sus derechos al debido proceso, a la defensa, a una vivienda digna y a tener una familia.

Otro argumento que exponen a su favor es que, con base en el artículo 72 del Reglamento de Convivencia Ciudadana de Caldas, la Policía solo los podía desalojar antes de cumplir 30 días de invasión. Ellos ocupan el terreno desde el pasado 11 de julio.

No obstante, el articulado habla de 30 días hábiles, los cuales no se han cumplido. Gallego dijo que ese artículo aplica para los que llevan más tiempo allí, unos dos años.

En este proceso también incluyeron 15 oposiciones a las inspecciones Quinta, Séptima y Novena  de Policía, que los notificaron de la medida de desalojo.

Cambio de papeles
Paula Andrea Sánchez, secretaria de Gobierno de Manizales, admitió que fueron notificados de tres acciones de tutela. Aclaró que el Municipio no ordenó el desalojo, sino la DNE, que es propietaria del predio.

"Ahora toca esperar a que acabe el trámite, que dura 10 días. Nos corresponde contestar, igual que a la DNE". Agregó que la Alcaldía seguirá acompañando a la comunidad con apoyo psico-social hasta que los estrados judiciales tomen una decisión definitiva.

Ocupantes de Potrerillo reiteran que quieren reunirse con el alcalde Jorge Eduardo Rojas para llegar a un acuerdo y que les dé soluciones de vivienda. "Queremos una casa", fue la premisa ayer en la invasión.

Lo qué sigue
Óscar Fernando Pineda, abogado y asesor jurídico de la Escuela de Superior de Administración Pública en Caldas (ESAP), explicó los posibles caminos que tomaría el proceso de desalojo.
* Durante los 10 días hábiles para el fallo de las tutelas, el juez puede pedir testimonios y pruebas como títulos del predio y contratos de venta o comodato.
* Si el juez falla a favor de los ocupantes puede conservar la medida de suspensión de desalojo y generar una decisión de fondo, como vincular la Alcaldía para que estudie un programa de vivienda.
* Si el juez desestima las pretensiones, puede levantar la medida y el operativo de desalojo se puede realizar. Se debe tener en cuenta el artículo 72 del Reglamento de Convivencia Ciudadana de Caldas donde se aclara que el desalojo se tiene que hacer durante los 30 días hábiles después de la invasión.
* La parte que pierda la tutela puede impugnar. El caso pasaría a la Corte Suprema de Justicia. En esta instancia el proceso queda al vaivén de la congestión judicial.
* Es poco probable que, en este caso, el juez llame a una conciliación, porque casi siempre se declara fallida.