MARTHA LUCÍA GÓMEZ
LA PATRIA | MANIZALES

Quedaron en veremos los dineros que esperaba el colegio INEM Baldomero Sanín Cano por haber prestado parte de sus instalaciones en enero pasado para Expogranja. Han pasado siete meses y los recursos no llegan.

El asunto es delicado. Una auditoría de la Contraloría Municipal estableció que estos contratos no cumplieron con los requisitos pactados, pues no se pagaron en su totalidad. "Estaban hablando de negociar $30 millones por $10 millones, pero el contrato debe cobrarse en su totalidad, no fraccionado", según el contralor Lindon Alberto Chavarriaga.

Lucy Magdalena Correa, rectora del INEM, dijo ayer telefónicamente que no podía dar información porque "esto está en un proceso. Esperemos que termine y con los documentos en mano se le da lo que solicita".
Al preguntarle, ¿quién lleva el proceso que menciona?, respondió: "Esperemos que pase la situación porque no tengo un informe final para entregarle".

Se llamó además a Óscar Mauricio Flórez Muñoz, gerente y representante legal de Expogranja, quien sostuvo que ya no se encontraba vinculado a la organización y que desconocía si se hicieron los pagos.
LA PATRIA publicó esta contratación de espacios el 1 de febrero de este año, cuando aún no se hablaba de incumplimientos.

No se cumplió

La idea del INEM era destinar los recursos a la recuperación de la planta física.

La secretaria de Educación de Manizales, María Aracelly López, manifestó que en lo que concierne a este año, pues los contratos se firmaron en la Administración pasada, se puso a disposición de la Rectoría del INEM el abogado de la oficina jurídica de Educación, quien revisó y dio un oficio con orientaciones a la rectora.

Para realizar Expogranja se firmaron tres contratos de concesión el 9 de diciembre de 2011, por $10 millones cada uno así: con Óscar Mauricio Flórez Muñoz, representante legal de Expogranja, para el uso del bloque E; con Guillermo León Morales Osorio, contratista, para el uso de zonas verdes y exteriores, y con Orlando Alvarán Martínez, representante legal de la Corporación Cariba, para el uso de cafetería, auditorios y bloque B.

Las condiciones que se leen en los contratos para la cancelación indican que se entregaría el 50% al inicio del contrato en una cuenta de Bancafé a nombre del INEM, y la mitad restante al terminar el evento (19 de enero del 2012); además deberían presentar a la Secretaría de Educación recibo de paz y salvo por servicios públicos cancelados al liquidar los contratos, constituir una póliza de cumplimiento a favor del colegio y hacer un depósito inicial de $2 millones para los contratos con Flórez y Alvarán, y de $1 millón para el que se firmó con Morales, valores que serían devueltos al plantel en las condiciones pactadas.

Sin embargo, la Contraloría asegura que esto no se cumplió, y que se estaría favoreciendo a los contratistas, por eso formuló una función de advertencia (ver nota relacionada).

Contraloría expide
función de advertencia

La Contraloría Municipal estableció que en el INEM no se miran los antecedentes de los contratistas, lo que es de ley; el pago de las estampillas para todos los contratos se hace con posterioridad a la legalización, cuando debe ser previo; no se sigue ni se tiene vigente el manual de contratación; hay generación de recibos sin consecutivos y muchos de ellos aparecen anulados, lo que ocasiona desorden en el manejo de la contabilidad; hay contratos que no aparecen y se encontraron bienes inutilizados que no han dado de baja.
El contralor Lindon Alberto Chavarriaga indicó que los dos primeros hallazgos se aplican también a otros colegios oficiales, por lo que enviaron el pasado 5 de julio una función de advertencia a la Secretaría de Educación.
"Todo representante legal de cualquier entidad del Estado tiene que conocer los requisitos mínimos. El llamado es a que los rectores como representantes legales de los colegios asuman el control de lo que hacen", señaló.
La función de advertencia no es vinculante, pero expresa que se podría correr riesgo con el manejo de los recursos públicos.
Para este organismo la función administrativa, financiera y contractual de los Fondos de Servicios Educativos presenta deficiencias que pueden impactar en la calidad y oportunidad. Estos Fondos son cuentas creadas para ejecutar los recursos de los establecimientos educativos oficiales, distintos a lo que destinan para pagar personal. "Las situaciones descritas reflejan deficiencias en los mecanismos de control, apoyo y asesoría que debe brindar la Secretaría de Educación", indicó la Contraloría.

Educación orienta

En octubre del 2010 los alcaldes y contralores de Manizales y de Pereira, con algunos rectores, firmaron un convenio para desarrollar en la capital de Risaralda una metodología de manejo de recursos educativos sin incurrir en riesgos.

Se partió de la experiencia de Manizales, que creó ese año el Comité Interinstitucional de Apoyo a la Educación Pública de Manizales (Ciapem) y elaboraron cartillas para resolver dudas.

El actual contralor de Manizales, Lindon Alberto Chavarriaga, explicó que "los manuales quieren es orientar, no obstante hay normas superiores que todos los servidores públicos deben conocer. Los convoco para que se lean el manual porque no lo han cumplido, y la Secretaría como ente rector debe llamarlos a relación y ponerlos a estudiar el tema", indicó.

La secretaria de Educación Municipal, María Aracelly López Gil, aseguró que la función de esta dependencia es orientar, acompañar y asesorar como lo han hecho con talleres y otras actividades, pero "no puedo coadministrar".

Entre las acciones que han ejecutado este año, la funcionaria resaltó la comunicación continua y la contratación de dos contadores, uno para la zona urbana y otro para la rural, que asesoran a los rectores.
"Habrá que esperar a que los rectores contesten, pues es muy difícil que la Secretaría se entere de cada contrato que hacen las 57 instituciones oficiales, no tenemos el personal suficiente. Los Fondos de Servicios Educativos son los responsables".