MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Manizales indica que Bajo Villa Jardín es una ladera de protección ambiental con un riesgo mitigable. Quienes habitan las 97 casas en ese terreno, sin escrituras, esperan que con el estudio que adelantan las autoridades puedan convertirse en propietarios.

La ladera de Villa Jardín recibió en 1997, hace 19 años, el asentamiento de estas familias. María Amparo Carvajal recuerda que no tenían servicios públicos ni vías, lo que fueron solicitando con tutelas y construyendo con labor comunitaria. En el 2010 estuvieron a punto de ser desalojados, pero por un fallo de la Corte Constitucional aún permanecen, expectantes eso sí por lo que dirá el estudio de suelos que entregue el Municipio (ver recuadro Antecedentes).

Concepto

El plazo para entregar los estudios venció a mediados de octubre pasado, señala Carvajal, pero que la comunidad entiende las demoras de lo administrativo y que están en ejecución. “Lo que único que nos preocupa es que deben quedar listos en diciembre, porque la Alcaldía tendrá que incluirlo en la revisión del POT, que tiene que radicar en marzo del próximo año en el Concejo”.

Bajo Villa Jardín cuenta con acueducto de pila pública, energía eléctrica, televisión por cable, alumbrado en calles principales, recolección de basuras. No tiene alcantarillado ni gas domiciliario.

El subdirector de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas, Jhon Jairo Chisco, en visita hecha el 22 de julio de este año, conceptuó que no hay manejo de aguas de escorrentía en las calles sin pavimentar y la mayoría de casas carece de canales y bajantes, favoreciendo la erosión del terreno. No observaron procesos de inestabilidad manifiestos, pero recomendaron adoptar medidas para mitigar posible remoción en masa que pudieran afectar la comunidad, debido a la alta pendiente de la ladera y a los conflictos del uso del suelo (cultivos de café, plátano y pasto de corte).

El concepto agregó: “En esta ladera es necesaria la construcción de obras de manejo de aguas lluvias, como zanjas colectoras y canales rápidas y continuar las obras en la parte inferior de los edificios de Villa Jardín”.

Opciones

El alcalde de Manizales, José Octavio Cardona, explicó que los estudios los elabora la firma Quasar Ingenieros. “Vamos a pedirle al juez que nos amplíe un poco el plazo. Los estudios nos permitirán decir que por vía de obras sí se puede salvar el barrio, que está en zona de mitigación, según me dice Corpocaldas, y hay que hacer una pantalla en los parqueaderos de Villa Jardín parte alta para evitar que se desprenda”.

Agregó que si el estudio arroja que el riesgo no es mitigable, la Alcaldía les ofrecerá vivienda a los habitantes de Bajo Villa Jardín, pero en otros barrios. Mientras tanto, la Alcaldía ordenó no construir más, las nuevas edificaciones serán demolidas.

Costos

El estudio de suelos cuesta $218 millones, $195 millones como aporte de la Secretaría de Obras Públicas y Corpocaldas $23 millones.

Esperanzados

María Amparo Carvajal, 17 años en el barrio

Queremos que con el estudio de suelos el barrio quede legalizado y sin problemas.

José Arias, 3 años en el barrio

Pago arriendo, el barrio es bueno, el estudio lo deben hacer para beneficio de los propietarios.

Carlos Julio Torres, 16 años en el barrio

Si lo legalizan ya podemos mejorar los ranchitos.

Jairo Buitrago, 13 años en el barrio

Qué nos van a mandar a vivir a la ciudad si somos campesinos.

Antecedentes

* 2009. Carlos Iván García presentó una acción popular contra la Alcaldía de Manizales para realizar las obras y reubicar a esta población. Considera que están en zona de alto riesgo.

* 2010. El Juzgado Segundo Administrativo le ordenó al Municipio estructurar un plan de vivienda para la reubicación en el 2011. Si alguien se negaba sería desalojado.

* 2010. Los pobladores presentaron tutelas considerando que les vulneraron el debido proceso, ya que no fueron vinculados a la acción popular.

* 2014. La Corte Constitucional falló a favor, reconociendo los derechos de los habitantes.

* 2016. El 20 de enero el Juzgado Segundo Administrativo, acatando esta sentencia de la Corte, pidió a la Alcaldía que en un término no superior a 9 meses hiciera estudios de detalle y microzonificación de esa ladera estableciendo el nivel de riesgo, zonas a intervenir y plazos.

* 2016. El 4 de agosto la Secretaría de Obras Públicas solicitó a Corpocaldas apoyo técnico y financiero para cumplir el fallo. La Corporación firmó un convenio interadministrativo e hizo la convocatoria para seleccionar el consultor que hiciera los estudios.

* 2016. 19 de agosto se firmó el convenio, con un plazo de ejecución de cuatro meses, hasta el 31 de diciembre de este año.