Deuda de Torre al Cielo en Chipre ya va en $168 millones

Apenas dos meses después de posesionarse en el cargo como Contralor de Manizales, Lindon Alberto Chavarriaga, ya produce advertencias sobre posibles detrimentos patrimoniales. A Infimanizales le advirtió sobre la falta de actuaciones para evitar que se pierdan dineros en la Torre al Cielo en Chipre, mientras que a la Secretaría de Obras la señala de posible violación del principio de economía por contratar una alternativa más costosa que la que se presentó como más barata para recoger el derrumbe por el sector de la Autónoma.

De ineficiente e ineficaz tilda el jefe del órgano de control la labor ejercida por Infi frente al contrato de arrendamiento de la Torre, pues desde la entrega a la firma Celerak, el Municipio no ha recibido un solo peso, por lo que se estima el detrimento en 168 millones 463 mil 412 pesos. Más lo que sigue corriendo.

Inquiere la función de advertencia a la nueva gerente del banco de segundo piso, Luz Estela Cardona Meza, que no se han dinamizado acciones que subsanen la falta de pago. Conmina a que se hagan los cobros, que permitan la apertura de este escenario hoy cerrado y, aunque no lo dice explícitamente, da a entender que debe disolver el contrato.

"Infimanizales debe valorar la situación de riesgo comunicada y de considerarlo pertinente y necesario, desarrollar las gestiones que le permitan garantizar el cumplimiento del contrato en cuanto a su parte financiera, al tiempo que se garantice a la sociedad el pleno disfrute de este atractivo turístico en las condiciones de calidad, cantidad, oportunidad y seguridad requeridas, para que se cumplan los fines de la contratación realizada", advierte.
A esto se suma que Infi no recibe con regularidad los informes de ingresos que debía presentar el operador con periodicidad, con lo que se dificulta calcular los montos reales a que tiene derecho la entidad pública, lo que también genera un riesgo de daño patrimonial a sus finanzas.

La decisión se toma con base en un informe de auditoría realizado por la Contraloría en días pasados. Hace un año, la propia Contraloría, en el periodo de Gustavo Adolfo Castañeda, encontró 17 hallazgos en este contrato, varios con alcance disciplinario. Desde mayo del 2011 el proceso se trasladó a la Personería de Manizales, pero hasta ahora no hay resultados.

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Advertencia
La Función de Advertencia busca informar de los riesgos detectados o presentes en los procesos u acciones en ejecución para que se tomen correctivos. La entidad vigilada no está obligada a darle cumplimiento a las advertencias y es libre de actuar, pero sí servirá como antecedente a la Contraloría para efectos del control posterior que se aplique.

"Prefirió la oferta más costosa": Contraloría
La Contraloría Municipal abrió indagación preliminar contra la Alcaldía de Manizales por un contrato hecho durante la urgencia manifiesta declarada en diciembre del año pasado. Se trata de la remoción de escombros del derrumbe que cayó a la Avenida Kevin Ángel entre la salida a Neira y la Autónoma.

La Administración pagó $171 millones 147 mil 130 a Roberto Jaramillo Cárdenas por la obra, cuando había otro postor con un precio más barato. Para el contrato se presentaron tres oferentes y la propuesta más baja fue la de ORM Construcciones EU por $144 millones 110 mil. Sin embargo, le dieron más puntos al precio de Jaramillo Cárdenas, a quien finalmente se le adjudicó.

La Contraloría afirma que podría tratarse de un daño patrimonial de $27 millones 36 mil 970 por sobrecosto en el negocio, pues no hay explicaciones de por qué se contrató a un oferente más caro. Aunque cabe la posibilidad de que se descarte a quien presente un precio artificialmente bajo, se debió aplicar el procedimiento que dicta la ley, pero solo se le dio un puntaje inferior, explicó el ente de control.

El encargado del contrato fue Orlando Marín Mejía, secretario de Obras Públicas encargado en ese entonces, y el interventor fue el ingeniero Jorge Eliécer Rivillas, en ese entonces de la misma dependencia. Este proceso apenas empieza y en caso de no explicarse con suficiencia las razones podría haber un detrimento patrimonial que conduzca a responsabilidad fiscal.

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