LA PATRIA | MANIZALES

La Corporación Cívica de Caldas y la ONG Manizales en Común expresaron sus preocupaciones frente a la empresa Sutec, que será la encargada de operar, desde msñana y por seis años, las zonas azules de Manizales.

Este es el comunicado de prensa que publicaron ambas veedurías:

Los 8 hechos que preocupan sobre la nueva concesión de las Zonas Azules en Manizales

Manizales en Común y la Corporación Cívica de Caldas solicitan a la Alcaldía de Manizales y a las entidades de control que se extremen las medidas de supervisión y vigilancia al nuevo contrato de concesión de las Zonas de Azules de la ciudad de Manizales. Esta solicitud se fundamenta en las siguientes razones:

La empresa a la que se le adjudicó el contrato ha sido cuestionada en varios procesos licitatorios en América Latina y posee sociedades offshore en Panamá.

1. SUTEC S.A. es una empresa argentina que nació en 2003 como una división de la compañía multinacional alemana Siemens, la cual estuvo involucrada en fuertes escándalos de corrupción entre 1998 y 2004 debido al pago de sobornos para acceder a contratos con el Estado. A SUTEC S.A. le fueron transferidos los contratos que la compañía europea poseía en ese país.

2. Según la Contraloría General de Perú, la empresa SUTEC S.A. está inmersa en un presunto caso de corrupción en ese país por la administración del tránsito y las multas en la ciudad del Callao. El contrato adjudicado al Consorcio Tránsito Ciudadano, conformado por SUTEC y la empresa brasileña Perkons, se otorgó después de haberse terminado de forma anticipada el convenio con la empresa TECC S.A, lo cual generó el pago de indemnizaciones por parte de la municipalidad del Calleo por más de 50 millones de soles (más de $44.000 millones de pesos colombianos). La concesión otorgada al consorcio de SUTEC, por valor de 35 millones de soles (casi $23.000 millones de pesos colombianos), se adjudicó el 16 de mayo de 2007, sin embargo, un día antes la empresa argentina le habría otorgado poderes de representación a un funcionario suyo ante su triunfo en la licitación. Esta actuación, realizada un día antes de definirse públicamente los ganadores de la convocatoria, motivó que en noviembre de 2014 la Contraloría denunciara penalmente a varios funcionarios de la Municipalidad por el delito de colusión.

3. SUTEC S.A Sucursal Colombia conformó en 2014 la Unión Temporal Segrup-Servicios de Grúas y Patios, con el objetivo de administrar el servicio de patios y grúas de la ciudad de Bogotá. Según la Contraloría Distrital, el contrato fue adjudicado a esta empresa a pesar de no contar con la experiencia necesaria para administrar el servicio y de que su objeto social no estuviera directamente relacionado con la inmovilización de carros y el manejo de grúas. Por estos hechos está siendo investigado el Secretario de Movilidad de Bogotá de la época y la Contraloría en su momento señaló la existencia de hallazgos relacionados con irregularidades y vicios de forma y de fondo en la firma del contrato.

4. De acuerdo con la investigación de los Panama Papers, desarrollada por la organización ICIJ, SUTEC S.A. tiene por lo menos dos compañías offshore en Panamá: SUTEC Panamá S.A y Aureos Management Foundation, ambas registradas con la misma dirección de SUTEC en Argentina (Castro 1260, Capital Federal, Buenos Aires). Respecto a las sociedades offshore, la Superintendencia de Sociedades ha señalado que facilitan la evasión fiscal y sirven para esconder el origen de las operaciones comerciales.

La nueva concesión estuvo antecedida por un cambio en la reglamentación de las Zonas Azules, la cual autorizó un aumento en la tarifa que antes se había negado.

5. El programa de zonas azules fue implementado en Manizales en 1993 a raíz del Acuerdo 038 de 1992. En esta norma se estimó que la operación de las Zonas Azules solo podría ser contratada con organizaciones sin ánimo de lucro. Desde entonces esta operación estuvo a cargo de organizaciones de personas en situación de discapacidad.

6. En el año 2015 la concesión fue asignada a la Asociación de Personas Discapacitadas (APD). Debido a que este contrato descargó las obligaciones laborales en la organización y a raíz del incumplimiento de algunos de los trabajadores con las obligaciones del cargo de operario, entre 2015 y 2016 la APD estuvo solicitando una renegociación del contrato para garantizar la viabilidad financiera. Entre las solicitudes que hicieron, pidieron que el 27% de ganancia para el municipio fuera tomado a partir de la utilidad bruta, después de que se cumplieran con las obligaciones de la nómina. También solicitaron un incremento en la tarifa e incluso llegaron a pedir un incremento en la participación de ganancias para la organización .

7. Después de la negativa de la Administración Municipal a las peticiones de la APD, que incluso la llevó a no autorizar ni siquiera el incremento legal al valor de zonas azules en 2016, el 22 de febrero de ese mismo año, el contratista solicitó la terminación del contrato por las dificultades financieras. Esto fue aceptado por la Alcaldía mediante la firma del acta de terminación por mutuo acuerdo del 29 de junio de 2016, fecha en la que se estipuló que el contrato debía seguirse ejecutando hasta 30 días después de adjudicada la nueva concesión.

8. Sin embargo, en el mes de mayo del 2016, un mes antes de suscribir el acta de terminación del contrato, el Concejo de Manizales expidió el Acuerdo 904, modificando el Acuerdo 038 de 1992, el cual dio origen al programa, y consignando textualmente que el incremento en la tarifa, de $1.200 y a $1.900, no aplicaría para el actual contratista, es decir ADP. En esta norma nueva no solo se autorizó el incremento de la tarifa de las zonas azules, sino que además se permitió que empresas con ánimo de lucro pudieran participar de su operación.

A modo de conclusión

Durante el último año la regulación de las Zonas Azules fue modificada para admitir que entidades con ánimo de lucro, cuyo objeto social no estaba directamente vinculado con la protección de personas en condición de discapacidad, pudiesen participar en la licitación de un negocio, en el que además se incrementó el valor de la hora de parqueo en un 58%. El proceso licitatorio culminó con la selección de una compañía con serios cuestionamientos en distintos países de la región, sin haberse consultado a los usuarios de las Zonas Azules ni a las personas en condiciones de discapacidad, poniendo en riesgo el espíritu y la finalidad que ha mantenido este programa a lo largo del tiempo.

Por ultimo, preocupa la incertidumbre sobre la situación de algunos trabajadores del programa bajo las nuevas condiciones del convenio. La reducción de zonas azules, el incremento de la jornada laboral y la incorporación de tecnología en la operación son factores que seguramente incidirán en la estabilidad laboral de los operarios, los cuales por su situación de discapacidad poseen pocas alternativas de trabajo en la ciudad.