Contraloría esculcó en 4 entidades públicas de Manizales

A 17 meses y medio de terminar la administración del alcalde Jorge Eduardo Rojas, la Contraloría sigue hallando errores administrativos en entidades municipales, que deben incluirse en un plan de mejoramiento para subsanarlos.
Es el caso de auditorías realizadas al Instituto de Cultura y Turismo, Invama, Caja de la Vivienda Popular e Infimanizales por la gestión en el 2013.
Lindon Alberto Chavarriaga, contralor municipal, sostiene que es normal que en todo el Estado se cometan errores administrativos, pues hacen parte de la cotidianidad. "Muchas veces se pasan por alto cosas que son, inclusive, del sistema de gestión de calidad. Por ejemplo, se deben foliar los documentos, y si alguien olvida hacerlo se configura un hallazgo, pero no trae consecuencias, debe entrar en un plan de mejoramiento".
No obstante, si recurren, estos hallazgos se van volviendo de otro tipo, pero el funcionario aclaró que la función del organismo "no es hacer protagonismo parándose en la cabeza de los demás", sino convertirse en un apoyo. "Queda claro que falta es planeación y rigor en los mecanismos de control interno para evitar errores".

Seguimiento
Lucía Carrillo, directora de Planeación y Control Fiscal en la Contraloría de Manizales, señala que para este segundo semestre del año iniciarán auditorías de seguimiento a los planes de mejoramiento del 2013.
"Si hay incumplimiento deben salir unas funciones de advertencia, porque no podemos seguir reiteradamente en el mismo hallazgo. Incluso se está estudiando cómo vamos a accionar cuando las entidades, después de dos años, sigan con el mismo hallazgo", explica Carrillo.
Al preguntarles a ambos funcionarios: ¿El sentir de mucha gente es que la Contraloría cacarea mucho con sus auditorías, pero no pasa nada finalmente con lo hallado?
"También pensamos lo mismo, pero la gente no entiende que cuando generamos hallazgos de carácter disciplinario o penal, esto no nos corresponde, solo lo fiscal. Y lo administrativo se traslada a control interno para que ellos lo mejoren", responde el contralor.
Ambos funcionarios explicaron los principales hallazgos en estas cuatro entidades municipales.

Invama

Auditoría regular que examinó el estado de la actividad financiera, económica social y ambiental a 31 de diciembre del 2013.
El hallazgo más destacado, que tiene presunto alcance disciplinario y fiscal, es sobre un contrato suscrito en el 2010 para realizar estudios y diseños del proyecto Paralela Norte, cuya fase uno era construir el puente elevado en Caldas Motor-Fundadores-Avenida Colón.
Esa primera fase se inició el 9 de septiembre del 2013 y programaron entregarla en cuatro meses (enero de este año), pero cuando empezaron tuvieron que cambiar la cimentación, por las características del terreno. La obra la terminaron a mediados de mayo pasado, es decir el doble del tiempo estimado.
"Falta planeación. Hicieron un contrato para el diseño y evaluación, dio que podían construir una obra en determinadas condiciones. El contrato inicial no se puedo llevar a cabo porque los terrenos no eran aptos", explica Carrillo.
El organismo agrega que la obra completa se realizó casi tres años después de haber hecho estudios y diseños, fecha en la que las pólizas ya se encontraban vencidas, sin poder reclamar al contratista, lo que reitera falta de planeación. Por los estudios geotécnicos y de mitigación de impacto pagaron $23 millones.

Respuesta de la entidad:
Niega que falte planeación, pues para ejecutar obras por valorización deben hacer estudios de factibilidad, y dice que los resultados los entregaron a la interventoría en el 2010, aclarando que se encontraba pendiente la revisión de documentos, y que en diciembre de ese año se subsanó con la firma de un acta final. En febrero del 2011, la junta de representantes del proyecto decide esperar la modificación de la Pieza Intermedia de Planificación 5 para avanzar en el estudio de factibilidad, por lo que solo se pudo avanzar hasta mayo del 2012, cuando se hizo la modificación y se tenía la posibilidad de que el Municipio cofinanciara las obras. Situaciones que no eran resorte del Invama.
Sobre el cambio en la cimentación del proyecto, explica que fue por dificultades para alcanzar la profundidad de cimentación, debido al rechazo de la máquina perforadora, por la cantidad de roca, y tuvieron que pasar a un modo manual. La entidad recalca que contrató los diseños requeridos.

Posición de la Contraloría:
La Contraloría insiste en el hallazgo y da traslado a la Procuraduría para que defina responsabilidades.

Instituto de Cultura y Turismo

Auditoría regular a los componentes de gestión, resultados y financiero durante el 2013.
Hallazgo con presunto alcance disciplinario por no pedir todos los documentos para legalizar contratos (antecedentes disciplinarios, antecedentes judiciales, soportes de seguridad social y parafiscales). De 964 contratos, auditaron 50 por valor de $4 mil 760 millones, equivalente al 46,1% de lo contratado.
Son contratos de varias actividades, incluyendo Feria de Manizales. Estos soportes, señala la Contraloría, son relevantes para escoger al contratista y verificar antecedentes disciplinarios, fiscales y/o judiciales del representante legal o de la empresa con la que pretenden celebrar un convenio o contrato; factor que genera riesgos.

Respuesta de la entidad:
Reconoce que faltan documentos en 20 contratos, pero alega la presunción de la buena fe de los contratistas y que la ley no obliga a presentar antecedentes judiciales por escrito. Con relación a pagos de parafiscales y seguridad social, el Instituto asegura que previo a la suscripción de los contratos obtuvo las certificaciones del contratista, según las cuales no están obligados a pagar parafiscales y certificación de paz y salvo en seguridad social.

Posición de la Contraloría:
Insiste en que faltan soportes y es obligación de la entidad consultar los antecedentes y tener estos documentos. Por lo tanto dio traslado a la Procuraduría para que siga la indagación.

Infimanizales

Auditoría a los estados contables por la vigencia 2013.
La Contraloría encontró que los valores registrados por la Oficina de Bienes no son iguales a los que tienen en la contabilidad, en los últimos siete años no los han actualizado, generando incertidumbre sobre el valor real. El valor registrado es de $19 mil 705 millones.
De otro lado, encontraron $15 mil 600 millones en la cuenta Estudios y Proyectos, que incluyen recursos transferidos a Procuenca, de los cuales $3 mil 953 millones no se encuentran legalizados por la Organización de las Naciones Unidas-FAO, que ejecutó el proyecto, para determinar su destinación definitiva; también reportan $1.447 millones entregados a Aerocafé, que tampoco están legalizados.

Respuesta de la entidad:
Acepta las observaciones e indica que buscará la cuenta para reflejar estas operaciones y realizar la reclasificación de los bienes entregados en calidad de comodato depurando las diferencias entre Contabilidad y Bienes del Instituto, como parte de un plan de mejoramiento.
Sobre Procuenca, Infi responde que las entidades han presentado informes de ejecución de recursos, y que han tenido interventoría de la entidad, por lo que los saldos se encuentran depurados, pero que faltaría una reclasificación en la cuenta, lo cual no afecta el saldo. De Aerocafé responden que este año van a legalizar la cuenta.

Posición de la Contraloría:
Considera que con un plan de mejoramiento se subsanarán las situaciones. Infi tiene 15 días para hacer el plan y seis meses para cumplirlo.

Caja de la Vivienda Popular (CVP)

Auditoría a la gestión durante el 2013.
Los planes, programas y proyectos de la CVP no están incorporados en una política donde esté el proceso de planeación, gestión y resultados, lo que impide el desarrollo de su objeto misional. "Ellos dicen que la inversión se concentra en educación ambiental y saneamiento básico, que es importante, pero no tienen elementos para comprobar qué acciones han hecho para mitigar los impactos de los riesgos. No se ven mecanismos de evaluación y monitoreo", sostiene el contralor.
La construcción y mejoramiento de vivienda en el área rural no lo cumplieron, según metas establecidas en el Plan de Desarrollo, en el 2013 estimaban construir 120 viviendas nuevas y hacer 600 mejoramientos.
También hay cuentas del 2012, por $131 millones 830 mil 173, con orden de pago, que todavía no han cancelado, aún teniendo en saldo de caja y bancos $543 millones 80 mil.

Respuesta de la entidad:
Dice que la meta en construcción de vivienda y mejoramiento es del cuatrienio y que esperan cumplir en el 2015, luego de las modificaciones que se le hagan al POT en cuanto a los vacíos que tiene en área mínima e índice de ocupación.
Frente a las cuentas por pagar, la CVP solicita se les retire este punto de la auditoría porque al cierre del 2013 las órdenes de pago que estaban pendientes de giro en tesorería les faltaba el pago de seguridad social y parafiscales, y son de adjudicaciones de mejoramiento de vivienda del 2012, que al cierre de esa vigencia, no habían sido ejecutados.

Posición de la Contraloría:
Mantiene los dos hallazgos.