LA PATRIA | Manizales
60 habitantes del barrio Girasoles asistieron ayer a la audiencia pública en la que sabrían si la Inspección Quinta decidió demoler 33 casas de este barrio, por haber infringido normas urbanísticas. Pero no se supo.
Ya lo habían intentado el 9 de abril, cuando aplazaron la lectura de la decisión por una tutela que interpusieron los afectados, consideran les vulneraron el debido proceso porque no los incluyeron desde el principio de la demanda en el 2013.
Girasoles está ubicado en la antigua vía a Villamaría (contiguo a los talleres del Departamento), donde hay 33 familias implicadas con la construcción de viviendas sin licencia y sobre un área de protección, según Corpocaldas.
Ayer, cuando Paulina Hernández, inspectora Quinta de Policía, pretendía leer la decisión, pidieron la palabra algunos habitantes y su abogada defensora, Lina María Hoyos.
Una vez más protestaban porque les vulneraron sus derechos. Por ejemplo, Vanesa Osorio, propietaria de la casa 2 de Girasoles, manifestó que no había sido escuchada en el proceso. Contó que le hicieron unas preguntas como parte de un estudio, pero nada más. Diana Lorena Quintero, otra propietaria, señaló que el caso tenía intereses particulares. "Muy extraño que en medio del proceso aparezca una constructora con un proyecto de vivienda contiguo a Girasoles".
Recusación
Por su parte, Hoyos confirmó que había personas desinformadas en el caso y que se decidiría sin las pruebas completas. "No existe un estudio socioeconómico que soporte lo que va a pasar con las personas en cuestión. Además es obligación escuchar a cada presunto infractor . Lo que está pasando es una violación al debido proceso", manifestó.
Lo que siguió en la fallida audiencia fue una recusación, es decir, se aparta a la inspectora Hernández del proceso por solicitud de los implicados, por poner en duda su imparcialidad, ya que Hoyos, como abogada defensora, dijo que aunque pidió el expediente del caso nunca lo recibió.
Hernández trasladó el caso a la Secretaría Jurídica del Municipio, dependencia que debe decidir si es el alcalde, José Octavio Cardona, o el jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana, Hernando Peláez, el que notifique la decisión en los próximos dos días hábiles, es decir, el lunes. Hasta entonces, las cerca de 200 personas que tienen en duda su techo, sabrán su futuro.
LA PATRIA llamó ayer en ocho ocasiones a Paula Andrea López, secretaria Jurídica del Municipio, para conocer qué harán, respondió la primera llamada y dijo que hacia las 5:00 p.m. daría su versión, pero no volvió a contestar.
Propietarios
Diana María Gil
Llegamos con la esperanza de que no nos tumben las casas. Llevó 20 años viviendo en Girasoles. Mi casa me costó $90 millones.
José Arley Tabares
Pensé que pasaría algo maluco porque había mucha policía. Vivo hace siete años en Girasoles. Mi casa cuesta $120 millones. Esperamos que nos reubiquen o nos las paguen.
Diana María Gil se presentó ayer con su hija, Viviana Benítez, a la Junta de Acción Comunal del barrio El Campín, donde se pretendía leer la decisión. Si le tumban su casa no tiene a dónde ir.
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