Barrio Girasoles de Manizales sabrá el martes si tiene que desalojar y demoler

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Cinco años capoteando un proceso administrativo llevan en el barrio Girasoles, carrera 32C Nº53-37 de Manizales por la vía antigua a Villamaría. Ordenan desalojar y demoler algunas de las 33 casas, porque fueron construidas sobre una franja forestal protectora.

El problema se inició con un lote de Gustavo Martínez Arboleda, quien fue llenado con tierra que dejaba ingresar en volquetas, y vendió lotes con cartas de compraventa.

Después de una Acción Popular, desacato, actos administrativos, tutelas y resoluciones del Consejo de Estado, el martes se sabrá si la Inspección Quinta de Policía ordena desalojar y demoler. Así está la situación.

Cronología

* Octubre del 2013. Gustavo Martínez, que había intervenido la ladera haciendo un lleno sin estudios técnicos ni licencia de curaduría, y estaba vendiendo lotes a particulares, y el alcalde de la época, Jorge Eduardo Rojas, fueron demandados a través de una Acción Popular. En falló de primera instancia, el Juzgado Séptimo ordena retirar el material y lo construido sobre la franja.

* Enero del 2014. El Tribunal Administrativo confirma el fallo en segunda instancia.

* Abril del 2014. Martínez acepta que no solicitó licencia para mover tierra ni construir, pero espera legalizar. Ya hay ocho casas, un taller de pintura y lámina, dos parqueaderos y un gallinero, que Planeación Municipal sella por ilegal.

* Diciembre del 2015. El alcalde Rojas termina periodo y no aplica el fallo.

* 2016. La Alcaldía, ya bajo el mandato de José Octavio Cardona, hace un desalojo y tumba dos construcciones ilegales. Su Administración sostiene que el Tribunal ordenó desde el 2014 recuperar la zona afectada por el relleno ilegal y desocupar y demoler las nuevas construcciones ilegales.

* 2018. La Personería Municipal presenta un incidente de desacato a la Acción Popular, que resuelve el Juzgado Séptimo Administrativo de Manizales. Le impone multa al alcalde Cardona y a Martínez, $7 millones 812 mil 420 para cada uno con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.

* Octubre del 2018. El proceso llega a la Inspección Quinta de Policía.

* Noviembre del 2018. El alcalde Cardona se reúne con la comunidad y dice que la única forma de parar la orden es que otro juez diga lo contrario, y que había ordenado localizar un lote para reubicar a 27 familias.

* Noviembre del 2018. Afectados presentan tutelas ante el Consejo de Estado para hacer valer sus derechos.

* Abril 9 del 2018. Comunidad y Alcaldía están citados por la Inspección Quinta de Policía para lectura de decisión en audiencia pública, a las 4:00 p.m. en el auditorio de la Estación Central de Bomberos.

El concepto técnico

Jhon Jairo Chisco, subdirector de Infraestructura Ambiental en Corpocaldas, explica que dieron un concepto enfocado a establecer los impactos de la ocupación de una franja forestal protectora, un drenaje intermitente que es tributario de la quebrada San Luis, que pasa más abajo de Girasoles.

“Ese lleno, sobre un drenaje cartografiado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), fue ocupado de manera indebida por un urbanizador, sin cumplimiento de ningún requisito. Hablamos de un espacio público sobre el que el Municipio debe velar, porque las franjas forestales protectoras hacen parte de los suelos de protección ambiental y de la estructura ecológica de soporte del municipio y por eso se consideran espacio público, y en esas zonas no está permitida la construcción”. Agrega que si bien la titularidad del espacio no la pierden los poseedores, el POT sí restringe su uso.

La defensa

Lina María Hoyos, abogada representante de los habitantes, asegura que nunca fueron vinculados a la Acción Popular para defenderse y ejercer sus derechos, solo con el inicio del proceso en la Inspección de Policía se dan cuenta que había una orden judicial por un desacato.

“En noviembre presentamos tutelas ante el Consejo de Estado, pero llevamos cinco meses esperando que las resuelvan, aunque la ley dice que son 10 días. Hemos dicho que se espere el fallo del Consejo de Estado, porque si se logra demostrar que hay vulneración palmaria de derechos y si se modifica el fallo de primera y de segunda instancia, la gente al menos podría ser escuchada por un tribunal. Hay gente que le compró al señor Martínez desde el 2010 y hay casas construidas desde el 2011”.

La decisión de la Inspección se conocerá el martes, y sobre esta se puede apelar, con 10 días para que resuelvan.

Niegan medida cautelar

El 31 de enero del 2019, la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera del Consejo de Estado rechazó por improcedente el recurso de reposición y la solicitud de medida cautelar a los habitantes que tutelaron. El consejero Hernando Sánchez dice que se está frente a una situación del 2016, desde cuando los habitantes son conocedores de la orden de desalojo y demolición de nuevas viviendas, medidas sustentadas en que las construcciones se hicieron sobre un relleno ilegal y en suelo de protección, lo que llevó a las autoridades a imponer una orden policiva.

El proceso en la Inspección

Paulina Hernández, inspectora Quinta de Policía, informa que el proceso se inicia por un informe de la Secretaría de Gobierno Municipal Grupo de Inspección y Vigilancia Urbanística, como queja contra la perturbación a la posesión y procesos por infracciones urbanísticas. La decisión de fondo la dará el martes. Dice que el Consejo de Estado les remitió un correo indicando que de cinco tutelas que presentaron los habitantes se acumulaban cuatro por tener los mismos hechos y pretensiones, quedando dos en curso.

Algunos afectados

María Nidia González

Gustavo Martínez nos vendió el lote, nos dijo que podíamos construir. Dimos $12 millones, y en la construcción hemos gastado unos $20 millones. Primero nos metimos en casita de esterilla y al tiempo empezamos a construir en material, pero nadie nos dijo que necesitábamos permiso. Una vez vinieron y tumbaron tres o cuatro construcciones, dijeron que no construyeran más, pero que lo que estaba parado, parado se quedaba. Si esto viene de muchos años, por qué ahora ponen problema, ¿por qué cuando vieron que se construyó la primera casa no pararon esto?

José Arley Tabares

Llegué a vivir a la casa de mi cuñado, la compraron a Gustavo Martínez. Dijo que a los cuatro meses daba escritura y nada, pero no obligó a nadie a comprar. Es lo único que tienen. ¿Si nos sacan de acá, qué hacemos todos? Que metan un aparato por la tierra y digan con estudios qué es lo que pasa. No van a encontrar nada. Esto es un lleno, pero quedó muy fino. Digo es que hay alguien detrás de este lote y por eso nos quieren sacar.

El vendedor de los lotes

Gustavo Martínez, dueño inicial del predio, sostiene que no ha entregado escrituras sino cartas de compraventa porque cuando compró hace 12 años fue una posesión, pero que las 33 casas pagan Predial y servicios públicos. “Nunca me dijeron que no podía construir. Si el terreno es mío, lo puedo vender. La gente toda sabía que estábamos haciendo una vaina para construir, vivo aquí y si hubiera estafado a la gente me hubiera ido con la plata. Estoy en mi propiedad y puedo hacer lo que quiera con ella. Se les ha pedido varias veces que hagan una visita técnica y las han aplazado”.