Alcaldía de Manizales debe demoler 27 viviendas en el sector de Girasoles

DIANA LORENA GUTIÉRREZ

LA PATRIA | MANIZALES

27 familias del sector Girasoles -en la Ruta 30- serían desalojadas por orden judicial que recibió el alcalde de Manizales, José Octavio Cardona. Las casas fueron edificadas sin licencia de construcción, están sobre un drenaje natural que fue rellenado de manera artesanal.

El alcalde se reunió el pasado jueves con la comunidad y afirmó que la única forma de parar la orden es que otro juez diga lo contrario. Manifestó que se ordenó localizar un lote para reubicar a las familias. Los vecinos dicen que el 17 de noviembre les notifican la decisión, y de ser desalojo sería el 4 de diciembre.

La orden es del Juzgado Séptimo Administrativo de Manizales, como desacato del fallo de una Acción Popular el 11 de octubre del 2013 y ratificado el 30 de enero del 2014 por el Tribunal Administrativo de Caldas. Le impone una multa al mandatario y a Gustavo Martínez Arboleda, quien compró lo que era una finca y fue vendiendo los lotes donde viven 33 familias de Girasoles. Cada uno debe pagar $7 millones 812 mil 420 con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.

Que les den otras casas

Martínez Arboleda dijo que las casas no tienen ni una grieta y que agotarán hasta los últimos recursos jurídicos para no perderlas.

Martínez fue demandado, igual que el alcalde de la época -Jorge Eduardo Rojas-, a través de una Acción Popular que falló en el 2014. Martínez sabe que ninguna de las viviendas se construyó con licencia, pero afirmó que tienen cartas de compraventa que, según él, los acreditan como propietarios y que la única forma de irse es que les den otras casas, pues llevan 12 años pagando Impuesto Predial y servicios públicos.

"Están en riesgo"

Según Juan David Arango, director de Corpocaldas, la tutela que podrían presentar los afectados es un derecho jurídico, pero expresó que el camino no es urbanizar ilegalmente. En su concepto ese terreno está en muy malas condiciones y no cumple con las especificaciones técnicas para ser habitable. "Están en riesgo porque en cualquier parte de la microcuenca se puede presentar un deslizamiento".

La aplicación de la medida se veía venir desde hace cuatro años cuando a Martínez Arboleda la Secretaría de Planeación Municipal le selló su predio y le ordenó detener movimiento de materiales que allí depositaba. En ese entonces aceptó que edificó y recibió escombros sin permiso (ver recuadro Antecedentes) y continuó construyendo y vendiendo a pesar de las advertencias, pues se trata de un predio de conservación en el que las autoridades dicen que hizo un lleno con material y canalizó la quebrada San Luis sin técnica.

Hace dos años, cuando la Alcaldía hizo un desalojo en Girasoles y demolió construcciones ilegales, Jorge Alirio Tamayo, funcionario en ese entonces de la Secretaría de Medio Ambiente, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Caldas le ordenó al Municipio desde enero del 2014 recuperar la zona como fallo de una acción popular, y notificó a Martínez Arboleda.

John Heberth Zamora, secretario de Gobierno Municipal, explicó en agosto del 2016 que la sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas le ordenaba al Municipio recuperar la quebrada afectada por el relleno ilegal y desocupar y demoler las nuevas construcciones ilegales. Actuaban en preservación del derecho a la vida, previendo una eventualidad.

Sin embargo, dos años después de esto la comunidad insiste en vivir allí, pues la mayoría de habitantes está pagando los créditos con los que construyó su vivienda y no tiene para dónde irse.

"Nos toca actuar"

Según el alcalde, los habitantes de Girasoles van a presentar acciones legales. "Asunto que podría funcionar en la medida en que una sentencia podría suspender los efectos de otra. El problema es que la primera sentencia está en firme, y mientras no tengamos otra que la suspenda estoy obligado a actuar, de lo contrario me sometería a acciones disciplinarias y sanciones económicas como multas. Estamos agotando el debido proceso policial y si de aquí a la fecha del desalojo no hay otra sentencia nos toca actuar como lo ha ordenado el juez".

Por ahora están buscando un sitio, en caso de reubicación.

Antecedentes

* LA PATRIA publicó el 9 de abril del 2014 que Gustavo Martínez Arboleda, dueño del predio ubicado en la carrera 32C 53-37 denominado barrio Girasoles, aceptó que no solicitó licencias para mover tierras y construir, pero que esperaba legalizar.

* Allí se encontraban ocho viviendas, un taller de pintura y láminas, dos parqueaderos y un gallinero, que la Secretaría de Planeación selló por ser ilegal, y podría derrumbarse debido a que el propietario había intervenido la ladera (llenándola con escombros) sin estudios técnicos ni licencia de curaduría; además, estaba vendiendo lotes a particulares y esto se podría constituir en urbanización ilegal.

* Martínez aceptó que recibía material, pero aclaró que la arena, tierra y piedras que tenía en el parqueadero eran para asentar el terreno y mejorar la vía de acceso.

* Delegados de la Alcaldía advirtieron que Martínez podría afrontar demandas civiles y penales por estafa, y advirtió que podría pagar una multa, además que las ocho viviendas serían derribadas.

Afectados

William Sierra

Su casa le costó $60 millones hace seis años. Dice que les están vulnerando el derecho al debido proceso. Vive con su esposa y un hijo y tiene una tienda y un taller de costura en el que trabajan tres vecinas.

Luz Marina Serna

Compró el lote por $10 millones, donde construyó su casa hace cuatro años. Se ha gastado $60 millones levantándola. "Si hubiera sabido los problemas del terreno no hubiera comprado".

Aldemar Arias

Compró el lote donde construyó su casa hace 11 años, por $12 millones. $65 millones más se ha gastado levantándola. En su casa viven 11 personas, incluyendo hijos y nietos. Si los desalojan no tienen a dónde ir.

Infórmese antes de comprar

El ingeniero John Jairo Osorio, curador número 2 de Manizales, explica que antes de comprar o intentar construir una vivienda debe acercarse a cualquiera de las dos curadurías urbanas que hay en la ciudad y verificar si el lote está en un área apta para ser construida. También debe ver las condiciones de suelo y si tiene limitaciones de tipo ambiental, como es el caso de Girasoles.

Esta solicitud se puede presentar de manera verbal, sin costo, o por escrito puede pedir un uso de suelo por $61 mil 979. La norma urbanística cuesta $309 mil 893 y contiene información más precisa para estudios de obras de mitigación. También puede averiguar, a través del número de ficha catastral, si el dueño del lote tiene licencia de construcción. Y en este caso, según Osorio, ninguna franja forestal tiene licenciamiento.