Alcalde de Manizales presentó tutela para frenar arresto y multa

LA PATRIA | MANIZALES

El pago de multa por $2 millones 633 mil 137 y tres días de arresto para el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, y su secretario de Servicios Administrativos, Jhon Alexánder Alzate, por no haber acatado el fallo de una tutela laboral entró en una nueva fase.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales Sala Civil de Familia les admitió una tutela para proteger derechos al debido proceso, la igualdad y la libertad; y les concedió, como medida cautelar, suspender provisionalmente la aplicación de la sanción que les impuso el 24 de agosto el Juzgado Primero de Ejecución Civil Municipal por desacato a fallo de tutela que presentó Marino Morales.

Según el Tribunal, la naturaleza del servicio que prestan como autoridades, en el momento de salubridad y seguridad, les impone su constante intervención y por eso suspende las sanciones.

Morales pidió defensa de sus derechos al haber sido separado del cargo en la Secretaría de Planeación. El Juzgado falló a su favor y le ordenó a la Alcaldía reintegrarlo, pero no lo hizo porque esta y otras vacantes fueron llenadas por un concurso de méritos de una instancia superior.

Según Morales, la Alcaldía constituyó luego una planta temporal de personal y no lo tuvo en cuenta, por eso presentó el desacato. Alcalde y secretario indicaron que el Juzgado, al resolver esta instancia, omitió y vulneró sus derechos al debido proceso al no permitir el testimonio del secretario, que ya habían presentado por escrito. Intentaron declarar nulo el desacato con una consulta al Juzgado Tercero Civil del Circuito, pero este confirmó el fallo y la sanción, que debía empezar a regir hoy.

La nueva estrategia jurídica fue la tutela contra ambos juzgados, que vincula a Morales porque presentó el desacato, y al secretario Jurídico del Municipio, Daniel Quiceno, por sentirse afectado con las decisiones que se tomen. Las partes deben remitir pruebas al Tribunal para que resuelva este caso, el término es de 10 días, tras los cuales determinará si la sanción fue legal o no y si les vulneraron derechos al alcalde y al secretario.