Al paredón proceso de donación de predios de Manizales

LA PATRIA|MANIZALES

En el 2010 la titulación de 84 predios del Municipio de Manizales a familias de estratos uno y dos fue un descanso para quienes los ocuparon ilegalmente durante décadas. Dos años después de la entrega, cuando los ocupantes ya son propietarios, hay dudas sobre la forma en que se realizó, posibles irregularidades jurídicas que llevaron a que la Personería y la Contraloría investigaran el proceso.
El programa, aplicado por la Caja de la Vivienda Popular entre el 2009 y el 2010 y amparado por la Ley 1001 de 2005, fue gratuito, contó con estudios de profesionales de todas las áreas, se basó en los datos registrados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y luego lo depuró el Ministerio de Vivienda, según explica el gerente actual de la Caja, Luis Alejandro Trejos.
La Personería señala que la Alcaldía aplicó la ley dos años antes de que estuviera reglamentada por la Presidencia; tituló cuatro bienes que están registrados como laderas de protección ambiental, según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Manizales, y en un caso tituló un predio dos veces más grande que una vivienda de interés social.
La Contraloría abrió una indagación preliminar por un hallazgo administrativo con posible alcance fiscal, al considerar que los 158 millones de pesos que invirtió la Caja en el programa no están justificados, porque no hay soporte o evidencia del proceso aplicado por los contratistas.

Cómo se hizo
La Caja de la Vivienda Popular revisó los archivos de los predios fiscales del Municipio que contaran con las condiciones descritas por la ley, que permite que las entidades territoriales donen sus predios a ocupantes de bajos recursos. "Revisamos qué bienes del Municipio registraban casas, cuáles estaban en barrios legales, no estaban en zona de riesgo, ni de educación o salud y cumplían las características de vivienda de interés social", cuenta Elena Builes, funcionaria de la Caja.
Luego de esa depuración hallaron mil 300 predios para analizar caso por caso. "Cada uno debía tener su estudio, su carpeta, conocer las familias, la historia de la ocupación, que debía ser anterior al 2001", añade el gerente Luis Alejandro Trejos.
De este número eliminaron los casos que presentaban problemas de sucesión, el ocupante tenía otros bienes, lo arrendaba, estaba en zona de riesgo o simplemente el predio no cumplía con las condiciones de valor, calidad y tamaño que el Gobierno estipula, explican los funcionarios.
Así, solo quedaron aptos 69. Luego el exalcade Juan Manuel Llano firmó la resolución 1709 de 2010 en la que sube el número de beneficiarios a 84. En ella publica una lista que explica el proceso, llama a quienes se crean con derecho a reclamar y nombra uno por uno a los beneficiarios. Los terrenos están ubicados en los barrios Fátima, San Fernando, Pío XII, Kennedy, Betania, La Isla y Cervantes.
El objetivo inicial, según el acta del Concejo de Manizales, firmada en el 2009, era que se titularan a 105 ocupantes del Bajo Andes, pero los predios no clasificaron. En el plan de desarrollo de Juan Manuel Llano el número era más ambicioso: 800 títulos rurales y 800 urbanos, como consta en el informe de la Contraloría.  Es decir, el exalcalde no alcanzó ni el 10 % de su meta.     

Las dudas de los entes de control

La Alcaldía se adelantó a la Presidencia:
El argumento de la Personería es que para aplicar una ley en Colombia, una entidad debe esperar a que la Presidencia de la República la decrete. "Esto lo entendemos como un conflicto entre el espacio y el tiempo, pues la ley salió en el 2005 y el presidente solo la reglamentó en el 2011", explica el abogado Hernán Olano, doctorado en derecho constitucional y docente de la Universidad de la Sabana.
Según la Personería, mientras no hubiera una reglamentación, a la Alcaldía solo le regía el artículo constitucional que le prohíbe la donación de bienes municipales, potestad que queda en manos del Concejo. Esta corporación aprobó en el 2009 el acuerdo que le permitía al  Municipio titular, pero no reglamentó el proceso como tal.
"Nosotros actuamos bajo el convenio del Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Manizales. Fue el Gobierno nacional, a través del Ministerio, quien promovió la aplicación de la ley. No fue una decisión individual del Municipio", cuenta Albeiro Ospina, exgerente de la Caja de la Vivienda Popular.
La selección se basó en las condiciones de la ley, con el amparo y asesoría jurídica del Minvivienda, afirma el exfuncionario. Por su parte, el abogado Olano asegura que el proceso es válido y la Alcaldía no se saltó la ley. "En sí misma es clara y no era necesario esperar la reglamentación para aplicarla", concluye el académico.

Cuatro predios están en ladera de protección ambiental:
Este es el punto más álgido de la investigación. Al confrontar los predios donados con el POT, el resultado es que cuatro están en ladera de protección ambiental, dos en el barrio San Fernando y otros dos en Pío XII. Según la norma, está prohibida la construcción o intervención urbanística en estas laderas y solo se permite hacerlo para la conservación o la prevención.
LA PATRIA visitó la Oficina Municipal de Prevención y Atención de Desastres (OMPAD) y allí corroboró además que los de Pío XII están afectados por amenaza alta de deslizamiento y tienen tratamientos geotécnicos. (Ver infografía)
María Ofelia Largo y sus cuatro hermanos son los propietarios de uno de estos dos predios. Su papá construyó la casa hace 30 años y la mejor noticia que recibió fue en el 2010 cuando la Alcaldía les entregó la propiedad. "Tuvimos muchas visitas de la Caja de la Vivienda, nos pidieron papeles y evaluaron que no estuviera en zona de riesgo". Cuenta que la casa nunca se ha evacuado, pero admite que Corpocaldas le construyó atrás una pantalla de protección.
La ley es clara, los predios en riesgo para la población están excluidos del programa de titulación. Fue el punto en el que los concejales que aprobaron el proyecto estuvieron de acuerdo. Es imposible que un predio con esas cualidades pasara el proceso de selección, en eso concuerdan Luis Alejandro Trejos y Albeiro Ospina, actual y antiguo gerente de la Caja.  
El contratista que realizó el cruce de datos fue el ingeniero Jorge Hernán Giraldo, quien asevera que esa era la primera razón de descalificación. Cuenta que los preseleccionados salieron de bases de datos entregadas por la Alcaldía, que luego se compararon con los registros del Codazzi. "También visitamos casa por casa y la OMPAD nos asesoró para saber cuáles estaban en riesgo".
Al confrontar a los implicados, la posible respuesta para el error la dio el ingeniero Álvaro Vásquez de la OMPAD: "a nosotros nos piden que certifiquemos un predio, pero manejamos un solo mapa del POT, que es el de riesgos. Efectivamente esas viviendas no están en zona de riesgo, pero quien hace el proceso debe tener en cuenta la normatividad completa y los otros mapas del Plan, pues los predios pueden tener otras afectaciones".
El abogado Hernán Olano explica que, aunque no había decreto de la Presidencia, el proceso sí debía ceñirse al POT, que es la norma del Municipio. "Si había zonas de ladera no debieron cederlas, irían contra su propia regulación y esa actuación llevaría a una investigación disciplinaria", puntualiza. 

Selección sin soportes:
El contralor de Manizales, Lindon Chavarriaga, abrió indagación preliminar contra la Caja de la Vivienda Popular por un hallazgo administrativo con alcance fiscal, al considerar que la inversión de 158 millones 501 mil 539 pesos en el programa de titulación no estaba justificada. "Se corrobora que efectivamente se aplicaron recursos para conseguir un objetivo que no resultó eficiente para la entidad", dice el informe de auditoría del 2011, publicado hace 15 días por el ente de control. También señala que no existe soporte que muestre cómo se hizo el proceso.
La Caja contrató un grupo de profesionales integrado por un ingeniero, una abogada y trabajadoras sociales. Según el ingeniero Jorge Hernán Giraldo, su contrato era como supernumerario, así que además de la titulación gratuita manejaba otros proyectos de vivienda como el de San Sebastián. "Salí antes de la entrega de títulos, en julio del 2010, así que los documentos se los pasé al contratista que me reemplazó". Además afirma que entre los archivos estaban las encuestas a las familias, los oficios que enviaba el Ministerio de Vivienda y el convenio. "No creo que se hayan perdido", asegura.
Luis Alejandro Trejos, gerente de la Caja, lo contradice. "El expediente no existe. Los profesionales que participaron en el proceso ya salieron de la oficina y se está haciendo una reconstrucción del mismo". También aseguró que la entidad tomará los plazos legales para responderle a la Contraloría.

El antiguo campamento del Ferrocarril

En un informe del 26 de agosto de este año LA PATRIA publicó la lista de bienes del Municipio ocupados por particulares, según la Contraloría. Entre ellos estaba el antiguo campamento del ferrocarril. El residente de por lo menos 40 años, Arturo Ángel, hijo de un pensionado de Ferrocarriles Nacionales, visitó este medio para certificar que estaba dentro de los beneficiados del programa de titulación de la Alcaldía, y que la Caja de la Vivienda Popular le había entregado la propiedad en el 2010. Así consta también en el certificado de tradición y en la resolución del excalcalde Juan Manuel Llano.
Hernando Peláez, excoordinador de la oficina de bienes de Manizales, afirmó que era posible que ese bien ya no le perteneciera al Municipio y que el caso estaba en investigación. La Personería también indaga la entrega, pues encuentra inconsistencia con la ley de titulación. Según el certificado de tradición, lo donado equivale a 208 m2, medida muy por encima de una vivienda de interés social. "Solo podríamos titularle los 92 m2 del área construida, el proceso no incluía patios o solares. En la selección las casas que superaban las medidas de vivienda de interés social quedaban por fuera", respondió Albeiro Ospina, exgerente de la Caja de Vivienda Popular.

El dato
LA PATRIA habló con el exalcalde Juan Manuel Llano sobre el proceso. Afirmó que aunque sabía de qué se trataba el caso, no recordaba los pormenores de cómo se realizó.