Tribunal supremo de EE.UU. avala reforma sanitaria

Jairo Mejía

EFE|LA PATRIA|WASHINGTON

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, logró ayer el aval del Tribunal Supremo a su reforma sanitaria, la principal iniciativa de su mandato, en lo que constituye, según los analistas, una victoria clave a falta de cinco meses para las elecciones en las que buscará la reelección.

En medio de una expectación que no se producía desde que en el 2000 el Supremo tuvo que dirimir la presidencia entre George W. Bush y Al Gore, los jueces del alto tribunal sentenciaron ayer que la ley es constitucional en sus elementos esenciales.

Por 5 votos a 4 y con el inesperado apoyo del presidente de tribunal, John Roberts, normalmente alineado con los miembros conservadores, los jueces supremos aprobaron la disposición más polémica, la que introduce la obligación para todo estadounidense de contratar un seguro médico privado, so pena de multa.

Al comenzar la lectura de la sentencia, Roberts indujo a error a muchos medios al calificar de inconstitucional esta disposición, conocida como "mandato individual", sobre la base de la ley de Comercio como había defendido el Gobierno.

Pero, a continuación, explicó que el Tribunal podía aceptar el mandato individual si las sanciones que contempla se consideran un impuesto y no una multa, algo sobre lo que Congreso puede legislar.

En declaración a la Nación desde la Casa Blanca, el presidente Barack Obama, visiblemente aliviado, consideró "una victoria de todos" la decisión de los jueces.

Al ratificar su constitucionalidad, lo que hizo el Tribunal, dijo Obama, es "reafirmar un principio fundamental: que aquí en América, la nación más rica del planeta, ninguna enfermedad ni accidente debería llevar a ninguna familia a la ruina financiera".

"La gente que tiene la capacidad de permitirse un seguro debe y tiene la responsabilidad de adquirirlo", añadió el presidente en su declaración, en la que pidió a sus rivales políticos que dejen de lado sus rencillas para avanzar en aspectos como el empleo.

"No hice ésto pensando que era bueno políticamente; lo hice pensando que era bueno para el conjunto de la nación", subrayó el presidente.

Antecedentes

La reforma sanitaria de Obama es la mayor desde la creación de los programas federales Medicare, para la tercera edad y jóvenes minusválidos, y Medicaid, para personas sin recursos, hace casi medio siglo, y una solución para un sistema que estaba fragmentado.

La ley pretender hacer casi universal la atención sanitaria, incorporando a unos 50 millones de estadounidenses al sistema de salud, protege los derechos de los pacientes frente a posibles abusos de las compañías aseguradoras y busca reducir la espiral de incrementos en las primas.

Entre sus beneficios, recordados ayer por Obama, prohíbe que las aseguradoras rechacen a personas con enfermedades previas, les prohíbe también limitar los beneficios y repercutir en las primas las desviaciones de sus costos de administración.

Permite que los jóvenes adultos hasta los 26 años -el caso de los estudiantes universitarios- sigan cubiertos por las pólizas de los padres y amplía la población necesitada que podrá acogerse a las ayudas federales.

Según sus críticos, por el contrario, constituye una intromisión intolerable del Estado en las relaciones entre médico y paciente, disparará la deuda pública y desalentará la creación de empleo al obligar a las empresas a pagar más por los seguros.

La reacción de Romney

El virtual candidato presidencial republicano, Mitt Romney, respondió rápidamente y con contundencia a la sentencia del Supremo desde un podio cercano al Capitolio.

Es importante tener claro, dijo Romney, lo que dice y lo que no dice la sentencia: "los jueces afirman que la reforma sanitaria no viola la Constitución, pero no dicen que sea una ley buena o una política buena".

La reforma sanitaria impulsada por el presidente Barack Obama, enfatizó, "fue mala política ayer y es mala política hoy... es importante que la revoquemos y reemplacemos con una verdadera reforma".

Romney reiteró su promesa electoral de que revocará y reemplazará la ley, si es elegido en los comicios presidenciales del 6 de noviembre.