Sin tregua al presidente de Perú, la Fiscalía le abre una nueva investigación

EFE | LA PATRIA | Lima

El laberinto judicial en el que está el presidente peruano, Pedro Castillo, se recrudeció este jueves con la apertura de una sexta investigación en su contra por parte de la Fiscalía al mandatario, quien alega en su defensa una operación golpista premeditada.

La decisión de la fiscal general, Patricia Benavides, de abrir una nueva investigación a Castillo por presuntas irregularidades en licitaciones de obras en su región natal de Cajamarca, llegó un día después de que su cuñada Yenifer Paredes, hermana menor de la primera dama a la que crió como una hija, se entregara a la Justicia tras una orden de detención preliminar en su contra.

La joven, a quien Castillo se refiere como una hija, pasó hoy su primera noche bajo arresto y seguirá detenida, al menos, por otros nueve días, luego de que un juez rechazara el pedido de su defensa de modificar su situación tras dar positivo a covid-19.

Sexta investigación 

Con la apertura de esta nueva investigación fiscal, que también incluye al exministro de Vivienda y actual titular de Transportes, Genier Alvarado, la Fiscalía ya suma seis pesquisas contra Castillo, pese a que la Constitución peruana solo permite acusar al mandatario en funciones por traición a la patria y por impedir elecciones.

Esta es la quinta vinculada a su gestión y la tercera que parte de la presunción de que él es la cabeza de una organización corrupta que presuntamente actúa dentro del Ejecutivo.

El jefe de Estado, atrincherado en el Palacio de Gobierno, se limitó hoy a reiterar por redes sociales que lo ocurrido en esta convulsa semana responde a un "show mediático" basado "solo en supuestos".

Para el mandatario, todo forma parte de una operación golpista, orquestada presuntamente por quienes ya trataron de arrebatarle el poder cuando se impuso en las urnas en junio del año pasado mediante acusaciones de un inexistente fraude electoral.

Tras la frustrada intervención del Ministerio Público para detener el martes a Paredes en la residencia presidencial, Castillo afirmó ser víctima de una "confabulación entre el Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático" y "tomar el poder de manera ilegal".

La misma insinuación hizo ayer, después de que su cuñada se entregara a la Justicia, un hecho que calificó como "parte de la lucha" y "de la vida política en el Perú".

Incidente en el Congreso

En el otro lado del tablero, la flamante presidenta del Congreso, Lady Camones, exigió hoy al Gobierno respeto a la Fiscalía y rechazó unas declaraciones de Castillo y su primer ministro, Aníbal Torres, que, a su parecer, incitaban "a la violencia".

Ayer, el jefe del gabinete ministerial dijo durante un acto con dirigentes sociales que si cada uno de ellos trajera cincuenta personas a la capital "se haría arrodillar a los golpistas".

Torres también acusó el miércoles a la Fiscalía de "realizar operativos a cada rato" y al Congreso de "desestabilizar" al Ejecutivo mediante pedidos de destitución presidencial por supuesta incapacidad moral, de inhabilitación y acusaciones constitucionales.

Por estas declaraciones, el partido derechista Avanza País presentó hoy una moción para citar al primer ministro ante el pleno.

Pero, por ahora, son pocas las voces parlamentarias que apuntan hacia un tercer intento de destitución presidencial en poco más de un año, pues, al menos hoy, han estado concentrados en opinar sobre un incidente que protagonizó la extitular de este poder del Estado María del Carmen Alva.

Durante una suspensión del pleno, y en medio de discusiones entre bancadas de la oposición y otras afines al Gobierno, Alva increpó a la congresista Isabel Cortez y la tiró del brazo.

Cortez decidió denunciar a Alva ante la Comisión Ética del Parlamento.

Más allá de la confrontación entre los poderes del Estado, su progresivo descrédito apunta a ser una de las pocas certezas que se vislumbran en el corto plazo, con una opinión pública que, según los últimos sondeos, desaprueba en un 76 % y un 83 % las actuales gestiones del Ejecutivo y el Legislativo, respectivamente.