Sigue la controversia por el crimen de dos jóvenes venezolanos

EFE | LA PATRIA | Bogotá

El Gobierno colombiano rechazó ayer las "recientes acusaciones infundadas" de Venezuela de "persecución" y el "exterminio" de los migrantes del país petrolero, que quiere llevar a Colombia ante la Corte Penal Internacional (CPI) después de culparla del asesinato de dos jóvenes venezolanos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a través de un comunicado agregó que el régimen venezolano pretende desviar la atención de otros "lamentables hechos recientemente ocurridos en ese país como el fallecimiento del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, décimo preso político que pierde la vida bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro".

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo ayer en Caracas que el Gobierno venezolano denunciará al presidente colombiano, Iván Duque, ante la CPI por la "persecución" y el "exterminio" de los migrantes venezolanos.

El asesinato de los dos jóvenes se produjo el viernes en el municipio colombiano de Tibú (Norte de Santander), fronterizo con Venezuela, después de ser detenidos cuando, supuestamente, robaban en un comercio.

Horas después, los jóvenes -uno menor y otro de 18 años- aparecieron muertos en una carretera que conduce a la localidad de El Tarra. Ambos tenían tiros en la cabeza y en sus cuerpos también fueron atados carteles que decían "ladrones".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, por otro lado, dijo que el Gobierno de Duque hace grandes esfuerzos para atender a toda la población venezolana que huye de la "crisis social, económica, política y de la vulneración constante de sus derechos humanos, generada por un régimen dictatorial que violenta las libertades y que destruyó la democracia de esa nación".

A su vez recordó que Colombia, en donde viven cerca de 1,8 millones de venezolanos, ha implementado medidas solidarias como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, para brindar a los migrantes condiciones de vida dignas, acceso transparente a las instituciones estatales, así como integrarlos a la economía y al mercado laboral colombiano.

Regulación

Comenzó la tercera fase de implementación del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes, que el Gobierno colombiano anunció en febrero, y en la cual ya se está procesando la entrega de tarjetas de residencia a otras 200.000 personas, priorizando a niños y niñas. El Gobierno colombiano quiere cerrar el año con un millón de migrantes venezolanos regularizados con la tarjeta de identificación que les permite tener acceso a la seguridad social, salud y el mercado laboral formal.