Se separa más la frontera entre Santos y Maduro

EFE | LA PATRIA | CARACAS

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a consultas a su embajador en Colombia, Iván Rincón, por las "agresiones" causadas por el "paramilitarismo" y la "guerra económica", informó ayer la canciller venezolana, Delcy Rodríguez.

"Revisaremos integralmente relaciones con Colombia, en razón de las agresiones que sufre nuestro pueblo por el paramilitarismo y guerra económica", dijo la funcionaria, también lamentó que los "avances" de la reunión bilateral del miércoles se vieran "frustrados" por la "soberbia" de las autoridades colombianas.

"Ratificamos al hermano pueblo de Colombia nuestros lazos de amistad y unión basados en una historia común de libertad e independencia", añadió Rodríguez.

El llamado a consultas se realiza poco después de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, también convocara a su embajador en Venezuela, Ricardo Lozano, ante la negativa del Gobierno de Maduro de permitir la entrada al defensor del Pueblo colombiano, Jorge Armando Otálora, a ese país para tratar el tema de los deportados.

Santos indicó que dio instrucciones a su canciller, María Ángela Holguín, para que llame a Lozano y convoque a una reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), cuyo secretario general es el expresidente colombiano Ernesto Samper.

"Queremos contarle al mundo, comenzando con Unasur, lo que está sucediendo, porque eso es totalmente inaceptable", dijo Santos.

El anuncio del gobernante se hizo después de que se frustrara un encuentro en la frontera entre Otálora y el gobernador del estado venezolano del Táchira, José Vielma Mora, para "iniciar un proceso de verificación" de las propiedades que los deportados dejaron en ese país, según el defensor colombiano.

Vielma Mora por su parte, declaró ayer al canal estatal venezolano VTV que las deportaciones de colombianos que habitaban de manera ilegal en la zona concluyeron sin que se haya producido "ninguna violación de los derechos humanos".

Contexto

La frontera está cerrada desde el pasado jueves en el puente internacional Simón Bolívar, que comunica a las ciudades de Cúcuta (Colombia) con San Antonio del Táchira (Venezuela) por orden del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como parte de una campaña contra el contrabando y supuestos paramilitares.

Esa medida fue tomada después de un ataque de presuntos contrabandistas contra militares de ese país que dejó tres uniformados y un civil heridos y fue complementada el pasado viernes con la declaración del estado de excepción en seis municipios.

Al menos 1088 colombianos que habitaba de forma ilegal -muchos de ellos desde hace varios años- en la zona fronteriza han sido deportados en los últimos días hacia Cúcuta, de acuerdo con datos de Migración de Colombia.

Otros 4.260 colombianos han abandonado Venezuela por temor a correr la misma suerte de sus compatriotas, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

¿Qué es el llamado a consultas?

Los internacionalistas Ricardo Abello Galvis y Vicente Torrijos, consideran que si bien se trata de una figura propia de la diplomacia, no tiene en sí mayor trascendencia, a pesar de constituirse en el paso previo para una ruptura de relaciones bilaterales. “El llamado a consultas es un llamado de atención intrínseco al Gobierno vecino, pues es llamar a nuestro representante para que explique cuál es la situación en el otro lado. Eso ha ocurrido con Ecuador y Nicaragua y hasta con la propia Venezuela de Hugo Chávez”, afirma Abello Galvis.

A su turno, Torrijos sostiene que esta decisión “es intrascendente” porque dice “no resuelve nada”. De hecho, Torrijos coincide con Abello en que al Gobierno de Maduro “no le interesa negociar nada ni solucionar nada”, pues consideran que su verdadero interés es “distraer los problemas internos de su país”.

Destacado

Los partidos de la U y Conservador solicitaron ayer la retirada inmediata del país de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), al entender que la postura de ese organismo en la disputa fronteriza con Venezuela no ha sido la adecuada. Así como demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Destacado

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, visitó ayer un refugio de los colombianos deportados en Cúcuta y desde allí aseguró que ya se ha puesto en marcha un operativo para intervenir 47 pasos ilegales en la frontera y contribuir a la problemática de contrabando existente.

Así viven los niños en los albergues

La situación en La Casa de las Monjas es caótica. El albergue, ubicado en Villa del Rosario (Cúcuta) está copado de madres y niños que llegaron desde Venezuela. A tres cuadras de allí permanecen los papás de los menores. Viven en otro albergue y mientras pasa el día, arriesgan sus vidas cruzando el río para recuperar sus bienes.

"En el albergue tenemos niños recién nacidos, de algunos meses, también de 5, 8, 10 y 15 años, pero estamos colapsados", sostuvo Guillermo José García Prieto, secretario de Cultura, Turismo y Educación de Villa del Rosario.

Luz Dary Vergel tiene 37 años y llegó al albergue desde el pasado lunes cuando según ella, las autoridades venezolanas ingresaron a la población de Mi Pequeña Barinas y los obligaron a salir.

"Yo tengo seis hijos y no se a donde ir", dijo Vergel, y con voz entrecortada recordó los momentos que vivió cuando corrió con sus pequeños por una trocha hacia Colombia. En las noches, tiene que calmar el llanto de cada uno, "me dicen, mamá quiero ir a mi casa, ¿por qué estamos aquí?, contó Luz Dary.

Constato violaciones a los Derechos Humanos

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, se dirigió ayer a la frontera con Venezuela y aseguró que existen violaciones a los Derechos Humanos de los colombianos. En la visita se había acordado una cita con el Gobernador del Estado venezolano Táchira, que no se dio. Otálora aseguró que se no se están cumpliendo, en totalidad, los protocolos de deportación de Venezuela. "Ha habido una violación directa de la misma autoridad venezolana, que trae una ley con un procedimiento, unas garantías y unos términos", aclaró.

"Se le debe notificar a la persona que se va a deportar, además hay que realizar un proceso en la compañía de un defensor y luego de una audiencia oral se dicta un fallo. Dicha determinación puede ser apelada, luego de todo el trámite se debe dar la deportación", explicó.

El funcionario, además, denunció que a la Cónsul en Venezuela no se le ha permitido entrar a muchos barrios en los que se están realizando los desalojos. Terminó diciendo que no se ha permitido al Gobierno colombiano el contacto con las personas capturadas y sindicadas de paramilitarismo.