EFE|LA PATRIA|LIMA
El Gobierno de Perú ofreció el diálogo para resolver los conflictos sociales que dejan 17 muertos en menos de un año. Así lo manifestaron los nuevos ministros, tras el nombramiento ayer del jurista Juan Jiménez Mayor como presidente del Consejo de Ministros en reemplazo del exmilitar Óscar Valdés, que renunció al cargo.
A falta de cinco días para cumplir su primer año de gestión, el presidente de Perú, Ollanta Humala, cuya popularidad ha bajado a menos del 40%, remodeló ayer por cuarta vez su gabinete y cambió por tercera vez al jefe ministerial.
La renuncia de Valdés quedó confirmada tras haber corrido en los últimos días insistentes rumores sobre su salida, debido a las críticas por el manejo de los conflictos sociales del país.
Jiménez, que ocupaba el despacho de Justicia y Derechos Humanos, fue nombrado por Humala tras la renuncia de los ministros en pleno, tal como ordena la ley cuando sale un jefe de gabinete.
Tras jurar al cargo, el nuevo primer ministro afirmó que el Gobierno de Humala "no quiere más muertos" por conflictos sociales y dijo que su gabinete se caracterizará por el diálogo.
"Este mensaje es el que nos da nuevamente el presidente, conducir un gabinete que está para plantear un diálogo al país, este es el gabinete del diálogo", señaló Jiménez a los periodistas.
Añadió que el Gobierno buscará "acercarse a la comunidad, a la ciudadanía, para encontrarse nuevamente con el pueblo" y que, por ese motivo, se replanteará la forma en que se afrontan los conflictos sociales.
Al referirse a la gestión de su antecesor, dijo que "el gabinete Valdés cumplió objetivos y metas claras", pero que su gestión tiene ahora "otras instrucciones del presidente de la República".
El primer ministro también indicó que su gestión incidirá "en la necesidad de que el sistema productivo del país se alinee a elementos fundamentales, primero los derechos de la gente y en el caso de las actividades mineras, primero el agua".
Ese es, añadió, "un derecho que tienen todos los pobladores del Perú para poder vivir en armonía".
El jefe del gabinete anunció que también se buscará el diálogo para afrontar la seguridad nacional y ciudadana "desde un enfoque distinto" y rechazó que existan organizaciones vinculadas al grupo terrorista Sendero Luminoso que intentan ingresar a la política.
"La vitalidad de esta democracia va a depender de este nuevo pacto, que reclamo y reclama el Gobierno para enfrentar al terrorismo", dijo.
Jiménez señaló, asimismo, que se mantendrá la promoción de las inversiones en el país y "una firme política de lucha contra la corrupción".
Humala ratificó a 13 ministros y cambió a los de Defensa, Interior, Agricultura, Justicia y Salud, en un Ejecutivo en el que, por primera vez, no hay ningún militar de formación excepto él.
El Ministerio de Defensa fue asumido por el abogado Pedro Cateriano, mientras que el de Interior recayó en el experto en seguridad y temas penitenciarios Wilfredo Pedraza.
Milton Von Hesse, quien presidía el organismo estatal de promoción de inversiones Proinversión, fue nombrado ministro de Agricultura, mientras que en el Ministerio de Salud fue designada Midori de Hábich.
Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que dejó Jiménez al asumir su nuevo cargo, fue nombrada la viceministra Eda Rivas.
En su despedida del cargo de primer ministro, Valdés escribió, a través de la red social Twitter, un mensaje de agradecimiento a los peruanos por "sus aportes y criticas constructivas".
Valdés llegó a la presidencia del Consejo de Ministros en diciembre pasado en reemplazo de Salomón Lerner, poco después de haber sido nombrado ministro de del Interior del presidente Humala el 28 de julio del 2011.
Amnistía Internacional pidió ayer al Poder Judicial de Perú revisar la sentencia de la Corte Suprema, que estableció que varios crímenes cometidos por el grupo paramilitar Colina no son delitos de lesa humanidad, porque es un "grave retroceso para la vigencia de los derechos humanos".
En un comunicado difundido en Lima, Amnistía expresó su sorpresa por la sentencia y consideró que esta decisión "puede sentar un preocupante precedente para la realización de la justicia a favor de las víctimas y sus familiares que han sufrido violaciones a los derechos humanos y han luchado por justicia durante décadas".
Al determinar que los hechos de las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, en las que murieron 25 personas, no fueron de lesa humanidad, la sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema "no solamente contraviene estándares internacionales de derechos humanos sino también la propia jurisprudencia peruana", agregó.
Amnistía recordó que los tribunales peruanos y la propia Comisión de la Verdad y Reconciliación establecieron que las actuaciones del Grupo Colina en el caso de la masacre de Barrios Altos y en otros casos graves de violaciones de derechos humanos constituyeron crímenes de lesa humanidad.
Como consecuencia de la anulación del delito de lesa humanidad, la sala peruana resolvió la rebaja de condenas contra el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, varios exjefes militares y los integrantes del grupo Colina, implicados todos en una cadena de mando en esos hechos.
El fiscal de la Nación, José Peláez, dijo que la medida no facilitará un eventual indulto para el exgobernante. Peláez agregó que la resolución de la Corte Suprema no afecta la sentencia contra Fujimori porque "el delito de homicidio agravado (dictado en su contra) tiene impedimento para conceder el indulto" o perdón presidencial.
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