Nicaragua se queja ante la CIJ de Colombia, en la audiencia sobre los límites de la frontera marítima

EFE | LA PATRIA | LA HAYA
Nicaragua llevó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia por tercera vez en los últimos 20 años para esclarecer la frontera marítima entre ambos países y, en esta ocasión, ha reclamado al tribunal que le exija a Bogotá el respeto al fallo del 2012.
Managua acusó ayer a Bogotá, durante una vista oral en la CIJ, de no acatar un fallo del 2012 que delimitó la frontera marítima entre ambos países.
El representante de Nicaragua ante la CIJ, Carlos Argüello, recordó que el expresidente colombiano Juan Manuel Santos aseguró que, para aplicar la decisión del alto tribunal de la ONU, debería firmarse “un tratado aprobado por el Congreso y ratificado por el presidente”.
“Cualquier supuesta necesidad de otro tratado para implementar la sentencia es simplemente una excusa para no cumplirla”, dijo Argüello ante los jueces.
El fallo del 2012 confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente, lo que provocó el rechazo de Colombia.
El representante de Nicaragua mencionó “ejemplos recientes de la determinación de Colombia para continuar violando e ignorando los derechos de Nicaragua”, como un referendo propuesto por el presidente colombiano, Iván Duque, para preguntarle a los ciudadanos colombianos “si se debía aceptar el fallo de la corte”, dijo Argüello.
En la presentación de pruebas, los abogados de Managua reprodujeron audios de un incidente en alta mar, sucedido en marzo del 2015, en el que guardacostas de Colombia advertían a los de Nicaragua de no adentrarse más en el mar porque “la decisión de La Haya es inaplicable”.
Argüello concluyó pidiendo al alto tribunal de la ONU que le exija a Colombia “garantías adecuadas de no repetición de hechos internacionalmente ilícitos”.

La defensa colombiana 
Los abogados representantes de Bogotá responderán mañana a las acusaciones y presentarán dos contrademandas que ya han sido admitidas a trámite por la CIJ.
En la primera, se asegura que Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en particular, de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales.
El abogado representante de Managua Alain Pellet explicó ayer que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso en 2013 “abrir canales de comunicaciones para asegurar a la comunidad raizal derechos de pesca” y que esta comunidad está siendo utilizada por Colombia “para expandir actividades pesqueras industriales”.
En la segunda contrademanda, se acusa a Nicaragua de “extender sus aguas internas y zonas marítimas más allá de lo que permite el derecho internacional” mediante un decreto de agosto de 2013, lo que habría supuesto una “violación de la jurisdicción de Colombia”.
Está previsto que los alegatos orales de ambos países continúen hasta el 1 de octubre y los jueces se retiren posteriormente para deliberar una decisión que se daría a conocer en 2022.