México: Crisis social tras el espejismo reformador

Paola Martínez Castro

EFE | LA PATRIA | México

Enrique Peña Nieto promulgó en agosto pasado las leyes reglamentarias de la reforma energética, que abrió el sector al capital privado tras siete décadas de monopolio estatal, y puso fin al ciclo reformador que inició al asumir el poder en diciembre del 2012.

Con el nuevo modelo energético, el Gobierno prometió elevar el crecimiento en el mediano y largo plazo, atraer anualmente 10.000 millones de dólares de inversión extranjera y crear 500.000 empleos.

El 1 de septiembre Peña Nieto presentó un segundo informe de Gobierno centrado en las reformas impulsadas en el campo económico para "apuntalar" el crecimiento, mientras en el terreno de la seguridad presumió de la reducción de la violencia y de los índices delictivos.

Freno

El optimismo sobre el futuro estaba en su punto más alto y expresiones como "México se está transformando", "los astros se han alineado" y el país tiene una "oportunidad histórica" sustituyeron en el discurso oficial las referencias al narcotráfico y a la violencia.

La desaparición de 43 estudiantes de una escuela para maestros del sur de México en la noche del 26 de septiembre cambió la narrativa y recordó a millones de mexicanos que los años duros de la violencia del mandato de Felipe Calderón (2006-2012) no habían terminado.

Alumnos de entre 18 y 21 años de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados a tiros en Iguala (Guerrero) por policías cuando se desplazaban en autobuses que habían tomado. Seis personas murieron, incluidos tres estudiantes, y 25 resultaron heridas.

Además, 43 jóvenes fueron detenidos por los policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, que se encargaron de asesinarlos e incinerarlos para hacer desaparecer su rastro, según el testimonio de tres de los 80 detenidos, en el que no creen los familiares.

De acuerdo con la investigación oficial, los ataques fueron ordenados por el alcalde y su esposa, María de los Ángeles Pineda, presuntos operadores de Guerreros Unidos y actualmente presos.

El móvil: impedir que los jóvenes, involucrados en un ataque a la alcaldía en 2013, arruinaran un acto en el que la esposa de Abarca lanzaba su candidatura para competir por la presidencia municipal en las elecciones de 2015.

Indignación

El caso generó gran indignación por la actuación tardía del Gobierno federal, que asumió la investigación ocho días después, y por la participación de funcionarios en los hechos.

Los padres de familia y los compañeros de los jóvenes encabezaron un movimiento para exigir la aparición con vida de los 43 estudiantes y aplicación de la justicia en un país con más de 22.000 desaparecidos.

La sociedad salió a las calles en solidaridad y para demandar la renuncia de Peña Nieto, afectado por varios escándalos por supuesto tráfico de influencias. Investigaciones periodísticas revelaron que dos figuras de su entorno más cercano, su esposa, Angélica Rivera, y su ministro de Hacienda, Luis Videgaray, compraron sendas casas a un contratista del Gobierno que este año ganó, en consorcio con otras firmas, una licitación para construir un tren de alta velocidad.

Peña Nieto canceló la licitación en noviembre pasado, después de una avalancha de críticas por un proceso que solo contó con un participante, e hizo pública su declaración patrimonial.

Apremiado por las protestas, y con su estrella internacional en declive, el presidente anunció un plan que incluye tres reformas constitucionales que buscan atajar la infiltración del crimen organizado en los municipios.

En opinión de los partidos de oposición, las medidas no resuelven el problema de fondo de la inseguridad, debilitan a los municipios y fortalece a los estados, donde también se infiltran las mafias.

Otra hipótesis

Se habla de otro móvil del asesinato de los 43 estudiantes, que la fiscalía no ha informado públicamente. Un autobús que tomaron los jóvenes llevaba droga y por ello la persecución de los policías y la participación del cártel.