Martinelli se resiste a la extradición

EFE | LA PATRIA | MIAMI

La defensa legal del expresidente panameño Ricardo Martinelli está preparada para una batalla judicial larga en Estados Unidos, luego de que un juez federal de este país considerara ayer que la solicitud de extradición presentada por Panamá satisface todos los requerimientos.

En un fallo de 93 páginas, el magistrado Edwin Torres dio la razón a la Fiscalía, que representa en este caso al Gobierno de Panamá, que solicita la extradición de Martinelli al ser requerido en su país por presuntos delitos de peculado y escuchas ilegales.

La decisión, que mantiene al expresidente en un centro de detención federal de Miami, obliga a la defensa a un camino de apelaciones y recursos en instancias judiciales superiores para tratar de evitar la extradición.

"Tras la consideración cuidadosa del expediente, las pruebas presentadas para las audiencias de extradición, junto con los argumentos orales, la moción del Gobierno es concedida", asegura el juez en su pronunciamiento, que fue divulgado vía electrónica a través de un sistema de acceso público y sin citar a las partes a una audiencia.

El magistrado señaló que "hay suficiente evidencia para establecer causa probable para todos los cargos presentados contra el expresidente Martinelli", y que la conclusión conlleva la existencia de "motivos razonables para suponerle culpable de todos o algunos de los delitos imputados".

"Nos parece equivocada, pero nosotros decimos confiar en el estado de derecho que existe y caracteriza la democracia de EE.UU. y que no existe en Panamá", señaló el portavoz del exmandatario, Luis Eduardo Camacho, tras conocerse la decisión del juez Torres.

Agregó que el expresidente panameño está preparado, "mental y físicamente", para "un proceso largo" y que ello está determinado en su decisión de "hacer la pelea legal en Estados Unidos".

Destacado

Ricardo Martinelli está requerido en Panamá por peculado (malversación de caudales públicos), por la supuesta compra con fondos públicos de sistemas de vigilancia, y escuchas ilegales a 150 personas, entre opositores, periodistas y empresarios, ocurridas entre 2012 y comienzos del 2014.