Marihuana legal, experimento de alto riesgo para Uruguay

Raúl Cortés

EFE | LA PATRIA | Montevideo

Hasta para un país del reducido tamaño de Uruguay ser pionero en un proyecto del calado de la legalización de la marihuana puede resultar un experimento de alto riesgo, tanto por el posible costo político interno como por una eventual reacción adversa de la comunidad internacional.

El propio presidente del país, José Mujica, que ha defendido reiteradamente en público la iniciativa lanzada hace un año y medio para arrebatarle el mercado al narcotráfico, admitía el martes pasado sus temores, mientras los senadores de su partido ponían la puntilla a una ley única en el mundo. "Esto no es un Viva la Pepa, esto es como quien toma un purgante, es tomar medidas que no son bonitas, pero no queremos dejar regalada esa gente al narcotráfico", subrayaba Mujica.

Para el exguerrillero de 78 años "existe mucha duda y la duda es legítima", pero esta no "puede paralizar ensayar nuevos caminos" en un país donde el consumo de marihuana ya era legal desde hacía cuatro décadas y la delincuencia asociada a la droga, sobre todo juvenil, ha crecido progresivamente en los últimos años.

En contexto

El proyecto autoriza la producción y la venta de la marihuana, para lo cual dispone la creación de un ente estatal regulador encargado de otorgar licencias a los consumidores y controlar la producción y distribución de la droga, que se hará efectiva en clubes o farmacias.

La norma, aprobada en julio pasado por la Cámara de Diputados, fue ratificada el martes en el Senado tras 12 horas de acalorado debate.

Tanto en el Legislativo como en sus alrededores, activistas y consumidores celebraron una decisión que cambia el paradigma de la lucha antidrogas, como bien sabe Mujica. "Le pedimos al mundo que nos ayude a realizar esta experiencia, que nos permita adoptar un experimento sociopolítico frente a un problema grave que es el narcotráfico", dijo la semana pasada el mandatario al diario brasileño Folha de Sao Paulo.

La declaración parecía una respuesta a la postura expresada en noviembre por el presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU, Raymond Yans, que advirtió que la medida uruguaya supone "una violación de los tratados internacionales" suscritos por la nación sudamericana, aunque no aclaró si podría haber sanciones en su contra. Esa organización reiteró ayer esa posición mediante un comunicado.

Interrogantes

Pese a la euforia inicial de sus impulsores y partidarios, varias son las incógnitas que se ciernen sobre la medida, como el alcance del reglamento que deberá redactarse en los próximos 120 días para definir al detalle cómo se aplicará.

Un aspectos muy criticado es el precio que el Gobierno pretende fijar por un gramo de marihuana, de un dólar, para hacerlo competitivo ante al mercado negro, cuando en Amsterdam un gramo oscila "entre 8 y 15 euros", denunció el martes el senador Jorge Larrañaga, del opositor Partido Nacional. Por eso advirtió que Uruguay corre el riesgo de transformarse "en un centro de narcoturismo", una visión que coincide en parte con la preocupación de Brasil como nación vecina.

"No existe ningún país en el mundo que haya logrado reducir el consumo de drogas a través de su legalización. Todos los que recorrieron ese camino luego tuvieron que volver atrás", aseguró el mes pasado en Montevideo el diputado oficialista brasileño Osmar Terra. El legislador fue enviado a Uruguay como parte de una "misión oficial" del Parlamento, ya que es el autor de un proyecto de ley para endurecer las penas para delitos de drogas.

En agosto pasado, desde otra nación vecina, Paraguay, el nuevo titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, Luis Rojas, calificó de utópica la propuesta uruguaya. Para él, "la situación no va a cambiar" y Uruguay seguirá recibiendo el producto por la vía ilegal desde Paraguay, el segundo país productor de marihuana del mundo.

Hacia dentro

La incertidumbre a nivel externo no es nada comparada con los nubarrones que pueden avecinarse dentro del país para el bloque gubernamental de izquierdas Frente Amplio (FA), en el poder desde hace ocho años y que busca mantener su hegemonía en las elecciones de 2014 de la mano del exmandatario Tabaré Vázquez (2005-2010).

El analista uruguayo Adolfo Garcé cree que la ley tendrá un costo electoral y político para el FA porque "las dos terceras partes de la población están en contra", según las encuestas. "La mayor parte de la gente entiende que agravará la situación de la seguridad", agregó a Efe Garcé.

Aprovechando que esa es la principal preocupación de la ciudadanía pese a las bajas tasas de delincuencia de Uruguay en relación con el resto de América Latina, la oposición se ha empeñado en convertirla en su caballo de batalla para la campaña electoral. Tanto es así que ha logrado recoger las firmas suficientes para que el mismo día de los comicios se celebre un referendo sobre la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años.

Euforia entre los consumidores

Una marea humana de consumidores de marihuana y activistas procannabis desató ayer su euforia en las calles de Montevideo después de que el Senado uruguayo aprobó de forma definitiva el proyecto de regulación de la compraventa y cultivo de esta droga en el país. Los manifestantes aguardaron el resultado de la votación en una plaza junto al Parlamento uruguayo, donde desde primera hora de ayer mañana se debatió la iniciativa legislativa, promovida por el gobierno del presidente José Mujica y respaldada por la mayoría parlamentaria del partido oficialista Frente Amplio.

"Es un momento histórico. Uruguay es el primer país del mundo en regular de forma íntegra el cultivo y la venta de cannabis", afirmó Julio Rey, representante de la Coordinadora Nacional por la Regulación de la Marihuana. Esta plataforma fue la convocante de una marcha que llenó este martes la céntrica avenida Libertador de Montevideo de cánticos en favor de la legalización de la marihuana, cuyo consumo no está penalizado en Uruguay desde hace más de cuarenta años.