La principal rival de Maduro a un paso de su destitución

El supremo en cinco días definirá el futuro de la exaliada  de la dictadura chavista. Temor. 

INDIRA GUERRERO
EFE | LA PATRIA | CARACAS

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, convertida en la principal figura de confrontación para el Gobierno de Nicolás Maduro, quedó ayer al borde de su destitución y de ser enjuiciada en un proceso iniciado en el Tribunal Supremo tras rebelarse a los planes del oficialismo.
Ortega es la funcionaria de más alto rango que se ha opuesto a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente hecha por Maduro en medio de una crisis institucional y una ola de protestas antigubernamentales que mantiene en el clímax la trama venezolana.
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) celebró ayer la audiencia oral para evaluar la solicitud de “antejuicio de mérito” y determinar si existen elementos para enjuiciar y separar de su cargo a la titular del Ministerio Público por haber supuestamente incurrido en una “falta grave” en el desempeño de su cargo.
Los señalamientos contra la fiscal, que se negó a presentarse a la audiencia, son de carácter “ético y moral”, por impugnar la designación de una treintena de magistrados que componen el máximo tribunal, el mismo que hoy debe juzgarle, por supuestas irregularidades cometidas en su elección.
La acusación fue hecha ante el pleno de los magistrados por el diputado oficialista Pedro Carreño, que inició la acción legal contra la fiscal con una denuncia por supuestas “faltas graves” en el desempeño de sus funciones.
Carreño acusó a Ortega de “ponerse en antagonismo con el Poder Judicial” y “con el Poder Ejecutivo”, después de que la funcionaria recriminara al Tribunal Supremo haber roto “el hilo constitucional” y acusara al Gobierno de Maduro de practicar “terrorismo de Estado”.
El fundamento de la acusación de los chavistas contra su exaliada se sustenta en que esos magistrados fueron elegidos en un proceso que contó con el aval del Ministerio Público, y que ahora Ortega niega, por lo que se le acusa de “mentir”.
El presidente del Tribunal Supremo, el magistrado Maikel Moreno, informó que la decisión sobre el proceso de enjuiciamiento contra la fiscal general será anunciada en un plazo de cinco días.
En simultáneo, el Supremo ha allanado el terreno para una eventual salida de Ortega con la destitución de su actual vicefiscal, Rafael González, y designando en su lugar a Katherine Harrington, una exfiscal y exviceministra del Gobierno de Maduro.
El Parlamento, controlado por opositores, pero cuyos actos son considerados nulos por los demás poderes, ratificó a González, dejando un escenario con dos vicefiscales.
Ortega no asistió ayer a la audiencia en el Tribunal Supremo por considerar que el proceso que se ha abierto en su contra es una violación de la legislación con el objetivo de anular al Ministerio Público.
“Esta decisión solo será posible violando el derecho a la defensa y al debido proceso, por esa razón no acudí al Tribunal Supremo de Justicia”, dijo desde la sede de la Fiscalía.
Aseguró que no va a “convalidar un circo” que teñirá la historia de Venezuela de “vergüenza y dolor” pues la “decisión está cantada” por lo que reiteró: “No los reconozco”.
Este proceso iniciado por el Supremo, acusado por la oposición de servir a Maduro, deja abierto el camino para “aniquilar por vías violentas el descontento popular”, opinó.
Ortega es la misma fiscal general que en 2014 impulsó centenares de investigaciones contra opositores por las protestas antigubernamentales de ese año lideradas, entre otros, por Leopoldo López, que cumple actualmente una condena de casi 14 años en una cárcel militar.
En Venezuela, la mayoría de las autoridades del Estado han sido designadas por el oficialismo, entre ellas Ortega, que hasta hace tres meses era considerada como una aliada del chavismo y ahora encabeza la mayor corriente contra el Gobierno.

La oposición mantuvo ayer en las calles sus protestas, con cierres de vías en varias zonas, en una jornada en la que murió un joven en el oeste del país por causas que aún no han sido precisadas, lo que eleva el número de fallecidos a 91 en la ola de manifestaciones que cumple tres meses.