La presión hunde pacto de corrupción en Guatemala

EFE | LA PATRIA | GUATEMALA

En plena celebración de los 196 años de la independencia de Guatemala, la presión popular y fallos judiciales hicieron abortar un pacto político que favorecía la corrupción y la impunidad, dos males que se resisten a la cura en este país centroamericano.

El intento de los diputados de favorecer a los secretarios generales y candidatos de los partidos políticos eximiéndolos de la responsabilidad en caso de financiación electoral ilícita fue la gota que colmo el vaso de la paciencia de los guatemaltecos.

Si mantenerle la inmunidad al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, señalado precisamente de ese delito electoral por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) y el Ministerio Público (MP) el pasado lunes les había causado vergüenza, las reformas introducidas al Código Penal les provocó indignación.

La decisión adoptada de forma inesperada el pasado miércoles por el Congreso de dejar al margen de responsabilidades penales a los secretarios generales de las organizaciones políticas por recibir financiación electoral ilícita no duró mucho.

De inmediato diversos sectores se pronunciaron no solo a través de las redes sociales en contra de esas modificaciones sino que varios grupos de organizaciones sociales y los universitarios se volcaron a los alrededores del Palacio Legislativo en el centro de la capital a demandar a los diputados dar marcha atrás.

El pacto

En una reunión de jefes de bloques parlamentarios convocada por el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, menos de 24 horas después de aprobar las polémicas reformas, los diputados resolvieron anular las reformas dándoles archivo definitivo para que no nacieran a la vida jurídica.

La otra modificación al Código Penal ampliaba de cinco a diez años las penas susceptibles de conmutación, lo que abarcaba delitos que iban desde el robo y hurto, hasta la pornografía infantil y fraude, por lo que los condenados pagarían una multa y quedarían en libertad.

Algunos diputados como Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la principal fuerza de oposición, reconoció que se habían precipitado con la aprobación de las reformas al Código Penal sin haber realizado un análisis.

El viernes, en pleno festejos de los 196 años de independencia de la corona española, aumentó la presión popular que llegó hasta a violencia en un claro divorcio del pueblo con sus diputados.

En protesta por las reformas, decenas de guatemaltecos se instalaron en las puertas principales de ingreso al Legislativo y la arremetieron contra los diputados, pese a la intención de estos de querer minimizar el daño dando marcha atrás.

La noche del jueves se registraron otros hechos en las afueras del Palacio Nacional de la Cultura, frente a la Plaza de la Constitución.

Un grupo de personas encabezados por estudiantes universitarios impidió los actos cívicos de la independencia y tiró al suelo parte del mobiliario de una tarima desde la que el jefe de Estado iba a encabezar las actividades, en protesta contra al presidente.

Morales suspendió el desfile cívico, pero muchos colegios desoyeron y bajo su propio riesgo salieron a las calles a deleitar con sus majestuosos paso a la población, sin que se registraran incidentes.

Reacción popular

La convulsión de esta semana se enmarca en la coyuntura que vive Guatemala por la intención del presidente Morales, anunciada el pasado 27 de agosto, de querer expulsar al jefe de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez, por supuestamente participar en asuntos internos que no son de la competencia de ese ente de las Naciones Unidas.

Esa decisión la anunció el mandatario dos días después de que el MP y la Cicig pidieron su desafuero para investigarlo por financiación electoral ilícita, pero Morales encontró apoyo en el Parlamento que rechazó el antejuicio.

Así, este hombre que se ganó la confianza de los guatemaltecos en las pasadas elecciones -más de dos millones de votos- ha comenzado a sentir el rechazo de la población, que también le criticó por recibir un bono extraordinario del Ejército por más de 6.800 dólares mensuales desde diciembre de 2016, los cuales se vio obligado a devolver en un afán de calmar las aguas.