Japón se moviliza contra el prohibido bailar

Antonio Hermosín

EFE | LA PATRIA | Tokio

En Japón está prohibido bailar en bares y discotecas a partir de medianoche. Así lo establece una ley que ha puesto en jaque a las antaño vibrantes escenas nocturnas de Tokio y Osaka, y que podría ser revocada gracias a la movilización ciudadana.

El cartel de "No dancing" (No bailar) preside las pistas de baile de muchos establecimientos nipones, con rótulos en inglés y japonés en ocasiones acompañados de un símbolo claramente entendible para los visitantes extranjeros.

Según la Ley de Control de la Moral Pública de los Negocios de Ocio (conocida como "fueiho" en japonés), bailar solo está permitido en los establecimientos que cumplan ciertos requisitos técnicos y cuenten con una licencia especial, y en cualquier caso todos los lugares con permiso deben cerrar a la 1:00 de la madrugada como máximo.

Esta normativa fue aprobada en 1948 en plena posguerra y ocupación estadounidense, con el objetivo de controlar la prostitución y los crímenes relacionados con los "yakuzas".

En la práctica, las autoridades hicieron la vista gorda durante décadas y permitieron el florecimiento de la cultura de "clubbing" en Tokio y Osaka, que vivió su época dorada durante los años 80 y 90.

Redadas

Pero todo cambió en el 2010, cuando la policía decidió desempolvar la vieja normativa tras una serie de casos de tráfico de drogas y de incidentes violentos en Osaka que incluso dejaron dos muertos en el barrio de America-mura, un popular destino de marcha para turistas y entre la comunidad de expatriados.

Diversos clubes y bares de la ciudad portuaria sufrieron redadas, detenciones e incluso clausuras, mientras que en Tokio la policía realizó varias intervenciones de este tipo en discotecas de Roppongi, de las zonas más "fiesteras" de la capital.

"La ley dañó sobre todo a la escena nocturna de Osaka, donde se aplicó de forma más estricta, y en menor medida a la de Tokio, principalmente a las discotecas más comerciales", explicó a Efe el DJ y productor Alex Einz, de origen ruso-alemán y residente en la capital nipona.

Para evitar problemas con las autoridades, los establecimientos optaron por instalar carteles de "prohibido bailar", por cambiar su estatus legal al de "lugares de entretenimiento", bares o restaurantes, o por presentar a los pinchadiscos como "seleccionadores de música" en lugar de DJs, según el artista.

Einz, quien también regenta el club tokiota Phonika, afirmó no obstante que los establecimientos "más 'underground'" lograron pasar desapercibidos, e incluso considera que la aplicación a rajatabla de la "fueiho" y el cierre de discotecas generó un "ruido positivo sobre el derecho a bailar libremente".

Así nació "Let's Dance", un grupo de DJs, propietarios de establecimientos y periodistas musicales que decidieron agruparse para "defender el derecho a bailar" y con el fin último de "acabar con la 'fueiho'", tal y como proclaman en el manifiesto fundacional colgado en su web.

El colectivo logró recopilar cerca de 200.000 firmas de apoyo, contó el respaldo público de figuras como el músico nipón Ryuichi Sakamoto y presentó el pasado junio una petición ante el Parlamento nipón para modificar la ley.

Desde entonces, un comité parlamentario formado por diputados del gobernante Partido Liberal Demócrata (LDP) y por 60 letrados independientes ha trabajado en una propuesta legislativa, que de salir adelante terminará con la prohibición de bailar.

Nueva ley

La nueva ley, cuya aprobación está prevista a partir de otoño, contempla expedir licencias a bares, discotecas y salas de conciertos para servir alcohol, poner música y permitir el baile hasta las 6:00 de la mañana.

No han faltado las voces contrarias a la modificación con el argumento de que podría provocar un aumento de la inseguridad ciudadana en las zonas de marcha, pese a que en la práctica la prohibición vigente apenas se aplica.

Mientras, muchos japoneses siguen bailando cada noche ante la permisividad de establecimientos y autoridades, y un sector creciente de la sociedad defiende la revisión de una normativa que consideran anacrónica, dentro de la modernización que vive el país de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020.