GERARD SOLER
EFE | LA PATRIA | PUNTA DE TRALCA
La Iglesia católica chilena pidió ayer perdón por los abusos sexuales cometidos por miembros del clero y anunció un paquete de medidas y compromisos para avanzar en la búsqueda de justicia y reparación de las víctimas.
Los 34 obispos de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) finalizaron ayer una asamblea plenaria extraordinaria de cinco días en la localidad costera de Punta de Tralca para analizar la crisis que vive el clero por denuncias de abusos.
El presidente de la CECh, Santiago Silva, leyó al final del encuentro una declaración en la que la jerarquía católica reconoció su error "al no escuchar, creer, atender o acompañar a las víctimas de graves pecados e injusticias cometidas por sacerdotes y religiosos".
"A veces no reaccionamos a tiempo ante los dolorosos abusos sexuales, de poder y de autoridad y, por ello, pedimos perdón en primer lugar a las víctimas y sobrevivientes", señaló Silva.
Para comenzar a enmendar la situación, explicó Silva, los obispos han aprobado iniciativas "a corto plazo", entre las que se destaca la publicación de investigaciones canónicas sobre denuncias de abusos sexuales contra menores de edad.
El obispo anunció también que incluirán un anexo al reglamento que rige en las diócesis del país para establecer la "plena voluntad" de colaborar con la Fiscalía en la entrega de antecedentes sobre casos de abuso de menores.
El anexo, precisó la CECh, se dará a conocer cuando se formalice el acuerdo de colaboración con el Ministerio Público que actualmente se está negociando.
Los obispos anunciaron nuevas atribuciones y competencias para el Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento de las Víctimas, en cuyo sitio web se publicaron ayer los nombres de clérigos chilenos con sentencias civiles y canónicas por abuso sexual de menores.
Según este registro, 17 sacerdotes y un diácono han sido condenados por los tribunales civiles y otros 25 sacerdotes fueron sancionados por la justicia canónica.
La Iglesia se comprometió a avanzar en la reparación de las víctimas de abusos y a elaborar e implementar un "protocolo de buen trato" para fomentar relaciones basadas en el respeto en ambientes parroquiales, comunitarios y educativos.
Este protocolo, junto a un código de comportamiento para los sacerdotes ordenados, se dará a conocer en abril del 2019, informó Silva.
También se acordó analizar de un modo autocrítico los "aspectos estructurales" de las diócesis chilenas que "permitieron la ocurrencia y perpetuación del abuso en la Iglesia para que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir".
Durante los últimos meses han salido a la luz numerosos casos de abusos sexuales cometidos por religiosos durante décadas y los intentos de miembros de la jerarquía católica por encubrirlos.
En la actualidad el Ministerio Público mantiene abiertos 38 casos en todo el país suramericano, que involucran a 73 personas investigadas -sacerdotes diocesanos, de diversas órdenes y laicos-, y a 104 víctimas, la mayoría de ellas menores de edad en el momento de cometerse los hechos.
El papa Francisco, que al principio minimizó la gravedad de los hechos, decidió intervenir directamente en la crisis y envió a Chile al arzobispo de Malta, Charles Scicluna, para recabar antecedentes.
El informe que elaboró Scicluna cambió la percepción del pontífice sobre el caso chileno y decidió citar a los obispos de la CECh a Roma.
Los obispos presentaron sus renuncias en bloque al papa, que hasta el momento ha aceptado cinco de ellas.
17 sacerdotes y un diácono recibieron sus sentencias desde el ámbito civil por delitos contra menores de edad, mientras que 25 religiosos fueron sentenciados a través de la justicia canónica por el mismo hecho.
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