EFE|LA PATRIA|SAN SALVADOR
El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, y los partidos políticos del país se comprometieron ayer a encontrar, a corto plazo, una solución política a la crisis institucional por la anulación de las elecciones de magistrados, que tiene prácticamente paralizado el sistema judicial. También expresaron su preocupación porque la crisis puede afectar la ayuda internacional para El Salvador.
Funes anunció el compromiso político al término de una reunión de casi 10 horas en la Casa Presidencial con los dirigentes de los seis partidos salvadoreños.
Una declaración leída por el mandatario señaló que "se buscarán acuerdos políticos dentro del marco constitucional y legal necesarios para normalizar el funcionamiento del sistema de administración de justicia al más corto plazo posible".
"Asumimos estos compromisos consecuentes con las aspiraciones de la sociedad salvadoreña para resolver este problema a la mayor brevedad posible", agregó el texto que Funes leyó, flanqueado por los presidentes y secretarios generales de los partidos.
El diálogo "será continuo y reservado", lo cual, según explicó Funes, significa que ningún participante "revelará el contenido de los acuerdos".
Este fue el primer encuentro de alto nivel encaminado a superar la crisis, que estalló el 5 de junio pasado, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló las elecciones de magistrados hechas por la Asamblea Legislativa en el 2006 y el 24 de abril.
Como producto de la crisis, El Salvador tiene desde hace cerca de una semana dos cortes supremas, una integrada por los magistrados cuyas elecciones fueron anuladas y la otra por la Sala de lo Constitucional ampliada con varios suplentes.
El diario local La Prensa Gráfica aseguró el martes que al menos 3 mil 846 casos están paralizados en el Supremo por la crisis, 573 correspondientes al primer semestre de este año y los otros 3.273 a la "mora judicial" de años anteriores.
La declaración señaló que los "principios que orientarán" el diálogo son "el acatamiento de los fallos de la Corte adoptados sobre la base del estricto respeto al texto de la Constitución, el respeto a la separación" de poderes "y el reconocimiento de que el único mecanismo para modificar la Constitución (...) es el previsto" en ella misma.
La Constitución salvadoreña no fija en qué períodos el Parlamento debe elegir a los magistrados, pero la Sala argumentó que una misma legislatura no puede hacerlo más de una vez, como ocurrió en el 2006 y en abril pasado, y ordenó que la nueva legislatura, que asumió el pasado 1 de mayo, celebre de nuevo el proceso.
El documento oficial plasmó la preocupación del Gobierno y los partidos ante la posibilidad de que la crisis afecte la ayuda internacional que recibe El Salvador, como advirtieron senadores de Estados Unidos.
"Los participantes de esta mesa compartimos los anhelos de nuestro pueblo de continuar con el acceso a los diferentes programas institucionales, en especial a los de cooperación internacional que benefician a los grupos poblacionales más vulnerables", apuntó la declaración.
El coordinador general del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Medardo González, reconoció ante los periodistas que "todavía no hay acuerdos" para resolver la crisis, pero se sentaron "los principios sobre los cuales se trabajará".
"Hemos avanzando mucho (...) pero esto tampoco es algo que se resuelva en pocos minutos", enfatizó González.
A la reunión también asistieron dirigentes de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), encabezados por su presidente, Alfredo Cristiani, quien gobernó el país en 1989-1994.
Asimismo, participaron los partidos minoritarios Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido de la Esperanza (PES), Concertación Nacional (CN) y Cambio Democrático (CD).
El FMLN, aliado con GANA, PES y CN, rechaza las sentencias de la Sala, que ARENA y CD respaldan.
El Parlamento acudió a la Corte Centroamericana de Justicia, que el 21 de junio resolvió suspenderlos los fallos del supremo salvadoreño en tanto emite una resolución definitiva, decisión que la Sala de lo Constitucional desechó.
Cinco de los 15 miembros de la Corte Suprema de El Salvador deben ser renovados cada tres años y así cumplen períodos escalonados de nueve años.
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