Noticias de Manizales y Caldas,
Abril 18 2024
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Efe | LA PATRIA | Caracas
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a los trabajadores de su despacho.
Esta solicitud la hizo días después de que la directora de delitos comunes del Ministerio Público, Marisela Lucena, informara de que la sede principal de la institución y sus funcionarios fueron asediados y recibieron amenazas de simpatizantes del oficialismo.
En esa oportunidad, la directora señaló que también hubo "robos y ataques contra dos funcionarios" tanto en Caracas como en el estado Aragua.
El pasado 12 de junio Ortega Díaz responsabilizó al Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, de "cualquier daño" del que pueda ser objeto su familia que, afirmó, recibió amenazas tras el distanciamiento de la funcionaria con el Ejecutivo.
Ortega, identificada hasta ahora con el chavismo, se opuso al proceso Constituyente impulsado por Maduro y también advirtió de la ruptura del orden constitucional luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumiera el pasado marzo las facultades del Parlamento, una posición que dio pie a que se anulara parcialmente esa medida.
El pasado miércoles la funcionaria afirmó que en su país hay un "terrorismo de Estado", denunció un "progresivo desmontaje" de su despacho por el Gobierno y aseguró que desconocería dos sentencias del Supremo, entre ellas una que concedió facultades del MP a la Defensoría del Pueblo.
Por su parte, el Supremo aprobó este miércoles las medidas cautelares solicitadas por el chavismo contra la fiscal, que incluyen la prohibición de salida del país y la congelación de sus cuentas bancarias.
Apoyo
La ONU calificó de "profundamente preocupante" el proceso de enjuiciamiento de la fiscal general y señaló que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia "parecen vaciar" la oficina de Ortega del mandato y de las responsabilidades que debe ejercer conforme a lo estipulado en la Constitución venezolana y "socavar la independencia" de la fiscal.
Recalcó que, acorde a las directrices de la ONU sobre el papel de los fiscales, los países deben garantizar que estos profesionales ejerzan su labor "sin intimidación, obstaculización, acoso, interferencias inadecuadas o exposiciones injustificadas a responsabilidades civiles, parciales u otras".
Los Ministerios Públicos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Perú también rechazaron el proceso iniciado por el Tribunal Supremo en Venezuela que podría acabar con la remoción de Ortega Díaz.
81 muertos
El Ministerio Público informó del fallecimiento de Eduardo José Márquez Albarrán, de 20 años y estudiante de Turismo de la Universidad Politécnica de Mérida, herido el pasado 13 de junio durante una manifestación, con lo que la cifra de muertos asciende a 81.
La oleada de protestas se iniciaron el pasado 1 de abril y han dejado además cerca de 1.500 heridos, según datos de la Fiscalía.
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