Fin a la libertad de Fujimori

FERNANDO GIMENO

EFE | LA PATRIA | LIMA

La Justicia peruana puso ayer fin a la libertad que el octogenario expresidente peruano Alberto Fujimori gozaba desde la pasada Navidad, al anular el polémico indulto que le había otorgado el expresidente Pedro Pablo Kuczynski para perdonarle una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

La sentencia emitida en primera instancia por el juez Hugo Núñez, del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú, anuló el indulto por irregularidades en su tramitación y contravenir los compromisos internacionales del Estado peruano en materia de derecho humanos.

Por ello, el mismo magistrado ordenó la captura de Fujimori para devolverlo a la cárcel de la que había salido hacia nueve meses y siete días.

El fallo dio la razón al recurso de las víctimas de los crímenes por los que Fujimori fue condenado, quienes reclamaban su derecho a la justicia y denunciaban las deficiencias que tuvo el proceso del indulto.

Con ello Perú daba cumplimiento a la solicitud emitida en junio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de revisar la legalidad del indulto en las instancias nacionales antes de recurrir a su fuero.

Cuando salió la sentencia, al promediar el mediodía en Perú, Fujimori se encontraba en su domicilio, una casa de una exclusiva urbanización de Lima, pero gracias a su hijo menor, el congresista Kenji Fujimori, pudo llegar en una ambulancia a una clínica en la que fue ingresado antes de que se ejecutara su arresto.

El expresidente quedó allí ingresado en cuidados intermedios y bajo constante seguimiento, a la espera de que las autoridades decidieran sobre su ingreso en prisión.

Un compungido Kenji Fujimori anticipó a la prensa que recurrirá "a las instancias judiciales y políticas" para recuperar nuevamente la libertad de su padre, objetivo por el que aseguró que está dispuesto a dar su vida.

"Estoy consternado, sumamente dolido. Me siento destrozado por la noticia. Por supuesto que nos ha sorprendido, pero como hijo no voy a bajar la guardia y voy a seguir luchando por defender la libertad de mi padre", reiteró Kenji.

El congresista es considerado el principal promotor del indulto, otorgado bajo serias sospechas de tratarse de un acuerdo político entre Fujimori y Kuczynski.

El indulto llegó el 24 de diciembre, solo tres días después de que Kuczynski se salvase de ser destituido por el Congreso gracias a la abstención de un pequeño grupo de congresistas fujimoristas liderado por Kenji, quien le habría solicitado en varias ocasiones la libertad de su padre.

De momento la sentencia que anula el indulto ya ha sido apelada por el abogado de Fujimori, Miguel Arroyo, quien consideró que el juez no está capacitado para valorar la idoneidad de los argumentos de la junta médica que recomendó indultar al expresidente.

La apelación fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia de Perú después que Arroyo se reuniese con Fujimori en su casa, a donde también llegó la hija del exmandatario Keiko Fujimori, líder del opositor partido fujimorista Fuerza Popular.

Entre sollozos y lágrimas ante los periodistas, Keiko declaró a su padre y a ella y su partido como víctimas de una persecución y pidió a sus "enemigos" poner fin "al odio y ensañamiento" en su contra.

"Es uno de los días más tristes de nuestra vida. Es desesperadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre, señalando que como no está moribundo no tiene derecho a un indulto humanitario y en segundo lugar señalando que habría errores en la tramitación", agregó Keiko.

La directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, cuya organización lleva la defensa legal de las víctimas, manifestó su satisfacción por la sentencia y la calificó como "un acto de justicia".

"Lo que había pasado es que habían realizado un acto de impunidad que afectaba los derechos de las víctimas y creemos que con esta resolución nuevamente se restablece la justicia", señaló.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde murieron 25 personas a manos del grupo militar encubierto Colina, y los secuestros de un empresario y un periodista, considerados todos ellos crímenes de lesa humanidad.