España pide a Iberoamérica un marco estable para las inversiones

EFE|LA PATRIA|MADRID

Representantes de los Gobiernos de la comunidad iberoamericana comenzaron ayer en Madrid los preparativos de la XXII Cumbre Iberoamericana con un llamado de España a generar "un entorno de negocios favorable y estable".

La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, anfitriona del encuentro de dos días, transmitió ese mensaje durante su intervención en la inauguración.

La cita, que reúne en el Palacio de la Moncloa, la sede gubernamental en Madrid, a vicepresidentes, ministros de la Presidencia y representantes de otros niveles de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana marca el comienzo de los preparativos de la cumbre de Cádiz, que se celebrará el 16 y 17 de noviembre en esa ciudad del sur de España.

La reunión coincide con un momento de controversia con algunos países latinoamericanos, suscitada por la expropiación de las acciones de Repsol en la petrolera YPF por parte del Gobierno argentino de Cristina Fernández, y por la nacionalización en Bolivia de la filial de Red Eléctrica de España.

Sin citar expresamente ambos casos, la vicepresidenta española hizo una firme defensa del principio de seguridad jurídica y del respeto de las inversiones extranjeras.

"Si coincidimos en lo fundamental, en el valor de generar confianza y previsibilidad, debemos evitar acciones que vayan contra este valor económico y social indispensable", señaló.

En este contexto, reclamó un "marco regulatorio claro y consistente" para garantizar "un entorno de negocios favorable y estable propicio", que atraiga la inversión, anime la libre competencia, impulse el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y aliente la iniciativa emprendedora.

En su opinión, la seguridad jurídica es clave para que América Latina sea una región "abierta al mundo y generadora de confianza".

"Este principio debe ser reforzado para que no proyecte ninguna sombra de duda en la comunidad internacional", subrayó.

La "número dos" del Ejecutivo español recordó que en la Cumbre Iberoamericana de Mar de Plata (Argentina) celebrada en el 2010 se acordó llevar a cabo acciones para incrementar la seguridad jurídica en la región.

El secretario de Estado español para Iberoamérica, Jesús Gracia, quien hoy viajará a Bolivia para abordar el caso de la filial de Red Eléctrica de España, estuvo presente en la apertura del encuentro.

España dice que tiene disposición

La reunión, que concluye hoy, cuenta con la asistencia de representantes de los 22 países de la comunidad.

Fuentes de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) destacaron a Efe el "muy destacable nivel de representación" alcanzado en el encuentro, al que asisten vicepresidentes, como es el caso de Colombia, Angelino Garzón, y Honduras, María Antonieta Guillen de Bogran.

Varios países están representados por sus ministros de la Presidencia o equivalentes, y en algunos casos, como el de Cuba, Argentina y Venezuela por sus embajadores en Madrid o miembros de la legación diplomática.

Según las fuentes de la SEGIB, "comparativamente con otras reuniones similares, el nivel de asistencia es espectacular".

Sáenz de Santamaría expresó el deseo del Gobierno que preside Mariano Rajoy de que la cumbre de Cádiz suponga un "nuevo y entusiasta impulso" a la relación entre los países iberoamericanos, coincidiendo con el 200 aniversario de la Constitución de 1812.

"España tiene la mejor de las disposiciones. Estamos decididos a construir una relación renovada entre todos nuestros países, alejadas de los estereotipos del pasado y que supere los obstáculos aún presentes", afirmó.

En la sesión de ayer también intervinieron los ministros españoles de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien presentó el debate sobre "la eficiencia administrativa como factor del crecimiento económico" y la responsable de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato, que habló sobre los principios de la igualdad y las políticas sociales para la cohesión social.

Hoy, los participantes aprobarán la Declaración de Madrid con las principales conclusiones del encuentro, en el que participa asimismo el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias.

Mensajes contradictorios de Bolivia sobre indemnización

Bolivia emitió ayer avisos contradictorios sobre la indemnización a Red Eléctrica de España (REE) por la expropiación de su filial TDE, pues el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que puede ser "diminuta", o "nada", y otros funcionarios hablaron de empezar estudios para definirla.

La primera cita del presidente de REE, José Folgado, con el ministro boliviano de Energía, Juan José Sosa, terminó con breves declaraciones corteses de ambos, pero no anunciaron avances ni respondieron preguntas a los periodistas que habían sido convocados a una rueda de prensa que no se concretó.

Sosa afirmó que fue una reunión "informativa", en un "ambiente cordial", sobre los motivos del decreto que dictó por sorpresa el 1 de mayo el presidente Evo Morales, y Folgado dijo que la situación ha "evolucionado" de forma "satisfactoria", aunque "mentiría" si dijese que a REE le agrada la expropiación.

Ninguno habló al terminar la reunión del anuncio de Linera sobre una compensación "pequeña o diminuta", o que quizá "no hay que pagar nada", palabras que causaron preocupación en medios españoles poco antes de empezar la cita de Folgado con Sosa.

En entrevista posterior con Efe, Folgado aseguró que "de momento no hay arbitrajes", a menos que Bolivia no respete su petición de transparencia, diálogo y buena fe.

"Yo no voy a entrar en eso", dijo tajante cuando se le preguntó sobre la indemnización diminuta o nula anunciada por el vicepresidente.

Linera dijo también que el Gobierno de Morales "está atento" a un informe de 2010 de la firma auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) "que dice que la empresa vale 5 millones" (de euros), lo cual Folgado calificó de "absurdo" en la entrevista con Efe, alegando que esos son sus beneficios anuales.

El populista Morales expropió la semana pasada las acciones de REE en TDE, el 99,94 % del paquete accionarial, argumentando inversiones insuficientes.