Deportaciones de Venezuela ponen en alerta al Gobierno colombiano

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

Las deportaciones masivas desde Venezuela prendieron las alarmas en el Gobierno que trata por los canales diplomáticos de revertir la situación y evitar una crisis de grandes proporciones. En los últimos dos días han sido deportados un total de 394 ciudadanos colombianos, de los cuales 42 son menores de edad.

Con ese propósito, el presidente, Juan Manuel Santos, intenta un diálogo directo con Maduro, según dijo ayer el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien encabeza una comisión enviada a Cúcuta para tratar la situación.

En Cúcuta, el Gobierno instaló además un Centro de Mando Unificado en el que trabajan funcionarios de la Gobernación regional, la Alcaldía, la Cancillería, la Policía y otras instituciones del Estado.

“Concentraremos todas las tareas en manejar la situación de frontera y los deportados”, explicó el ministro Cristo.

Cúcuta está comunicada con las ciudades de Ureña y San Antonio, que hacen parte del estado venezolano de Táchira, por el puente internacional Simón Bolívar que transitan a diario decenas de miles de personas y vehículos en un incesante flujo comercial y de contrabando.

El puente fue cerrado en la medianoche del miércoles por orden de Maduro, inicialmente por un periodo de 72 horas, después de que tres miembros de la fuerza armada venezolana y un civil resultaran heridos en un enfrentamiento con presuntos contrabandistas.

Esa medida, que en un principio no causó mayor preocupación al Gobierno colombiano hasta el punto de que la canciller María Ángela Holguín la consideró “una decisión soberana” y no manifestó el más mínimo malestar a Venezuela, se agravó el viernes con el anuncio de Maduro de que el cierre del paso fronterizo se prolongaría .

Ese nuevo anuncio motivó un rechazo del presidente Santos, quien lamentó ayer esas medidas unilaterales, pues consideró “cuando se cierra la frontera y no hay coordinación los únicos que ganan son los delincuentes” a los que justamente se quiere combatir.

Crisis

La situación pasó de castaño a oscuro cuando empezaron a llegar a Cúcuta decenas de colombianos deportados por estar indocumentados, según las autoridades venezolanas, que pusieron en marcha una revisión “casa por casa” en San Antonio como parte del estado de excepción en la zona fronteriza del Táchira también ordenado por Maduro.

Ante el incremento de las deportaciones el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió ayer al Gobierno de Venezuela que se respete la integridad y los derechos humanos de los ciudadanos colombianos que sean objeto de detenciones, deportaciones y demás acciones adelantadas por las autoridades venezolanas, de conformidad a las normas internacionales vigentes.

La cancillería exigió en un comunicado “antes de aplicar las medidas de deportación se analice en cada caso la situación familiar para garantizar la unión de padres e hijos” pues se han dado casos de colombianos establecidos hace años en el vecino país que han sido separados de sus familiares venezolanos.

En opinión del Gobierno, este cierre del paso fronterizo “genera un problema social de gran dimensión” por la “cantidad de personas que viven y transitan en la zona legalmente”, así como grandes pérdidas económicas.

“Debemos buscar mecanismos conjuntos para solucionar la problemática que se vive en la frontera común, pero minimizando el daño que esta medida produce para los hombres mujeres y niños de los dos países que viven, trabajan y estudian en la zona fronteriza”, añadió la cancillería.

Las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y de Venezuela, Delcy Rodríguez, que ya trataron el viernes el cierre de la frontera cuya extensión es de 2.219 kilómetros, volverán a reunirse el próximo miércoles en un lugar todavía no definido para buscar soluciones.

Mientras tanto la oposición colombiana, liderada por el partido Centro Democrático, no ha desaprovechado la oportunidad para pedir al Gobierno que manifieste con “voz enérgica” su rechazo a las políticas de Maduro, y el senador Álvaro Uribe, anunció que hoy se trasladará a Cúcuta para expresar su solidaridad a la gente de la frontera.

Destacado

Tras un día en que la situación empeoró y alcanzó el número de 394 deportados, el Gobierno de Colombia logró que su similar de Venezuela dejará que los padres de varios menores los recogieran porque habían quedado abandonados en el otro país.

Hallazgos paramilitares en la frontera

Foto | EFE | LA PATRIA

El vicepresidente venezolano, Jorge Arreaza, dijo ayer sentirse impactado con el hallazgo de explosivos, una cárcel clandestina y otras pruebas de la existencia de lo que llamó "paramilitarismo puro" en una faja de la frontera con Colombia. La segunda autoridad del Gobierno llegó ayer a Táchira para evaluar la ejecución del estado de excepción durante 60 días prorrogables, decretado el viernes por Maduro.

En una transmisión de la televisión estatal desde la localidad La Invasión, una explanada de unas 2.000 viviendas levantadas a 300 metros de la frontera y donde más de 2.500 soldados y policías seguían con los allanamientos iniciados la víspera, Arreaza mostró la cárcel subterránea, probablemente para esconder a secuestrados.

También mostró explosivos con sus detonantes, dinero venezolano en efectivo, armas, precursores químicos y vestimentas de grupos paramilitares colombianos, entre ellas unas con insignias donde se lee Los Alacranes Rojos y Contraguerrilla. Además fueron capturados ocho colombianos acusados de pertenecer a la banda Los Urabeños.

"Se ha comenzado por Táchira para limpiar de paramilitarismo colombiano a Venezuela, pero ese empeño proseguirá en los otros estados fronterizos (Zulia, Apure y Amazonas), porque el territorio socialista de paz de Venezuela no tiene por qué sufrir lo que sucede en Colombia", dijo el vicepresidente.