Crisis migratoria pone a prueba a Centroamérica

María M.Mur

Efe | LA PATRIA | Panamá

Mientras algunos países europeos plantan cara a los refugiados e incluso celebran referéndums en su contra, Centroamérica se enfrenta a una crisis migratoria que acapara menos titulares, quizá porque arrastra menos muertos, pero que pone a prueba la solidaridad de esta región empobrecida y marcada por la violencia.

"Esta región es de tránsito de migrantes y, por lo tanto, la migración no es un tema nuevo, aunque es verdad que se hizo más visible en los últimos tiempos", reconoce el director regional de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Marcelo Pisani.

La posición geográfica condena a Centroamérica a ser lugar de paso. Millones de almas usan este corredor como trampolín para alcanzar el manido sueño americano. Pero en noviembre del 2015, Nicaragua cerró sus fronteras aduciendo razones de seguridad nacional.

La explicación no convenció a la región y los críticos acusaron al Gobierno de Daniel Ortega de ser una marioneta de los Castro y de blindar sus fronteras para frenar el éxodo masivo de cubanos.

Sin salida

El caso es que el cerrojo nicaragüense provocó un tapón en la región: 10 mil migrantes, en su mayoría cubanos y haitianos, están atrapados entre Panamá y Costa Rica. Sin recursos y sin ninguna intención de regresar.

Los Gobiernos de ambos países llegaron a un acuerdo con México para trasladarlos a distintas ciudades mexicanas y que pudieran cruzar la frontera por su cuenta. Medida, que lejos de aliviar el embudo, provocó que Panamá y Costa Rica tomaran la misma decisión que Nicaragua.

Ni siquiera así cesó el flujo y, un año después, la migración ilegal sigue estrangulando a una región que pelea por atender las necesidades de sus propios ciudadanos y que se siente abandonada por la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, aunque ningún mandatario lo diga.

"La solución a esta crisis pasa por una decisión política, no solo de Panamá y Costa Rica, sino de todos los países de tránsito, origen y destino", afirma Pisani.

No hay que olvidar que Estados Unidos, a pesar del acercamiento con Cuba, sigue dándole la residencia a los isleños que llegan a su territorio gracias a la Ley de Ajuste Cubano (1966). Y que hasta hace apenas dos semanas ofrecía asilo a los haitianos que huían de la miseria que provocó el terremoto del 2010 en el país caribeño.

Los presidentes de Panamá y Costa Rica, Juan Carlos Varela y Luis Guillermo Solís, respectivamente, alzaron la voz durante la cumbre de los refugiados que se celebró en la pasada Asamblea de las Naciones Unidas.

Incluso los cancilleres de nueve países latinoamericanos le pidieron al secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, que revisara la normativa migratoria para desincentivar la migración ilegal. Pero nada.

Panamá, de brazos abiertos

"Como región no ha habido una estrategia coordinada para afrontar la crisis, solo soluciones puntales. Algunos países reciben a los migrantes con muchos prejuicios, y otros con los brazos abiertos, como Panamá. Tanto es así que algunos dicen que Panamá incentiva el tránsito ilegal al tratar bien a los migrantes", sostiene el sociólogo panameño Gilberto Toro.

En lo que va del año, las autoridades panameñas han dado alojamiento y comida a unos 9 mil migrantes irregulares, que llegaron tras cruzar a pie el Darién, una selva de 6 mil kilómetros cuadrados, inhóspita y peligrosa, que hace de frontera natural entre Colombia y Panamá.

Lo cierto es que los mayores esfuerzos vienen de la Iglesia y de los vecinos de las comunidades fronterizas, que demuestran una solidaridad fuera de serie. Pueblos volcados en atender hasta a mujeres embarazas.

"Centroamérica, al igual que el resto del mundo, debe prepararse para gestionar un número mayor de migrantes y lograr que esos flujos migratorios resulten beneficiosos para sus comunidades", explica el director de la OIM.

El primer reto, concluye Pisani, es combatir la narrativa tóxica que rodea a la migración y cambiar las políticas restrictivas.

Según los últimos datos, en Panamá se encuentran varados cerca de 4 mil migrantes que aguardan a que el semáforo de Nicaragua se ponga de nuevo en verde.

"Centroamérica ha tendido siempre a ver la migración en clave de seguridad y no como de derechos humanos. No hay una política que permita proteger a los ciudadanos que salen de sus países. Durante esta crisis ha habido esfuerzos, pero no los suficientes", apunta Maribel Jaén, directora de la ONG panameña Justicia y Paz.