Bolivia pidió que solicitud de extradición de expresidente no sea politizada

El Gobierno boliviano pidió hoy que la nueva solicitud de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) presentada a las autoridades de Estados Unidos sea abordada "estrictamente en el marco jurídico" y no sea politizada.

Esta posición fue expresada en una rueda de prensa ofrecida por el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, y la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, quienes lideraron la delegación boliviana que viajó la semana pasada a Washington para realizar la nueva petición de extradición.

"Esperemos que el tratamiento que se dé a este caso sea estrictamente jurídico, legal y procedimental. Esperemos que no infieran otro tipo de situaciones de índole política u otros intereses, sino que sea estrictamente en el marco jurídico y en el marco del tratado (bilateral) de extradición", sostuvo Guerrero.

Según el fiscal general, las autoridades del Departamento de Justicia de EE.UU. con las que se reunieron en Washington se comprometieron a revisar en dos meses las más de 2.200 páginas del exhorto suplicatorio de la solicitud de extradición de Sánchez de Lozada y sus exministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague.

"Van a hacer la revisión y si no existe ninguna observación, inmediatamente pasa a un fiscal y a un juez para que ya vean y tramiten esta extradición y ellos son los que dan curso o rechazan esta solicitud de extradición. Posteriormente vuelve al Departamento de Estado y ellos son los que dan vía libre a la extradición", dijo.

Las tres exautoridades están acusadas en Bolivia de los delitos de genocidio, en la modalidad de masacre sangrienta, homicidio, vejaciones y torturas, lesiones gravísimas, graves y leves, privación de libertad y allanamiento de domicilio, entre otros.

Los acusados deben responder en un juicio en Bolivia por su supuesta culpa en la muerte de más de 60 personas en septiembre y octubre de 2003, durante la represión contra los manifestantes que se oponían a un proyecto de exportación de gas natural a Estados Unidos por un puerto del norte de Chile.

Esta es la segunda demanda de extradición contra las exautoridades, después de que la primera fuera rechazada por Estados Unidos en 2012.

Gutiérrez indicó que la extradición no ha demorada por negligencia del Gobierno boliviano, sino por cuestiones de procedimientos.

"Tenemos que tener en cuenta que estamos solicitando la extradición a un país como Estados Unidos, (con el) que tal vez no compartimos muchas veces las ideologías políticas. Tenemos la fe y esperanza de que estas situaciones queden a un lado y se vea meramente la situación jurídica", indicó Gutiérrez.

Para fines de agosto está prevista una nueva "reunión técnica" con el Departamento de Justicia de EE.UU. y con los abogados contratados en ese país por las autoridades bolivianas para ver si es necesario presentar documentos adicionales a los entregados en la nueva petición, señaló Guerrero.