Bachelet confirma la desgracia de Venezuela

ANTONIO BROTO

EFE | LA PATRIA | GINEBRA

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó ayer al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a acabar con "las graves vulneraciones de derechos" en Venezuela, en un informe que se publica tras la reciente visita a Caracas de la alta comisionada, Michele Bachelet.

El informe que hoy presentará Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte de que, "si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país", que supera ya los cuatro millones de personas.

El documento denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno".

El informe se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando el periodo comprendido entre enero del 2018 y mayo del 2019.

Denuncia una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década, y atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares.

También les culpa de violencia sexual y de género perpetrada durante periodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así como de un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones.

En este sentido menciona a los grupos armados civiles progubernamentales, más conocidos como "colectivos", y documenta al menos 66 muertes durante las protestas realizadas entre enero y mayo del 2019, de las cuales al menos 52 son atribuibles a fuerzas de seguridad o bandas afines al régimen.

Mucho mayores son las presuntas ejecuciones cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), con 5 mil 287 muertes documentadas en 2018 por supuesta "resistencia a la autoridad" y al menos otras mil 569 entre enero y mayo del 2019, según cifras del propio régimen.

A principios de esta semana Bachelet pidió una investigación "independiente, imparcial y transparente" de la muerte bajo custodia del capitán de corbeta de la Armada venezolana retirado Rafael Acosta, tras ser detenido y acusado de conspirar para asesinar al presidente Maduro.

Más críticas

El informe publicado ayer indica que hay al menos 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y que en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente Juan Guaidó (quien el pasado enero se autoproclamó presidente interino de Venezuela), han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.

Ante estos abusos, "son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial", subraya el informe, que destaca que "quienes sí lo hacen, en su mayoría mujeres, se enfrentan a constantes obstáculos".

El documento también detecta un deterioro de la libertad de expresión, con un intento del Gobierno de "imponer su propia versión de los hechos y crear un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes":

"Exhorto a todas las personas con poder e influencia, tanto en Venezuela como en el resto del mundo, a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo", concluye Bachelet en el comunicado de presentación del informe.

Éste se publica poco después de que la alta comisionada visitó Venezuela, del 19 al 21 de junio, un viaje en el que mantuvo entrevistas tanto con Maduro como con Guaidó -reconocido por medio centenar de países- y otras personalidades.

Tras su visita permanecieron en el país dos funcionarios de la Alta Comisaría, en un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y supervisar la situación de los derechos humanos.

"El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, entre otras el uso de la tortura y el acceso a la justicia, y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión", afirmó Bachelet en el comunicado de ayer.

Chavismo reniega de informe de la ONU

El Gobierno de Nicolás Maduro en una larga respuesta, con 70 observaciones, que divulgó a través de la Cancillería, dijo ayer que el informe tiene una visión "selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos" en Venezuela.

Siembra dudas sobre la objetividad de la mayoría de las 500 entrevistas, al apuntar que el 82% de estas se realizaron fuera de Venezuela, pese a que la ONU hizo dos visitas al país, una de ellas encabezada por la propia Bachelet.

El oficialismo también lamentó que el informe de Bachelet omita "en su totalidad los logros y avances alcanzados" por el chavismo, que gobierna desde 1999, en materia de derechos humanos, al tiempo que ofreció datos sobre la atención que, asegura, ofrece a las clases más desfavorecidas.

"No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos", insistió el Gobierno.

Agregó en su respuesta que gran parte del informe de Bachelet está basado en informaciones falsas o erróneas, y manifiesta su preocupación por la presunta omisión de la "guerra económica".