EL UNIVERSAL
Los alcaldes de oposición dirigieron una comunicación al presidente Nicolás Maduro en la que condenan "la utilización abierta del poder judicial venezolano para la persecución política de alcaldes recientemente electos".
Los alcaldes solicitan "que esta insana práctica cese de inmediato y se nos permita gobernar con libertad y sin presiones para el cumplimiento de nuestras funciones".
La carta firmada por más de 70 alcaldes señala que "resultaría mucho más beneficioso para lograr la paz del país la necesaria colaboración entre los diferentes poderes públicos -nacional, estatal y municipal- y no la persecución judicial de alcaldes en ejercicio".
En el documento se asegura que "las sentencias contra los alcaldes echaron por tierra 19 años de jurisprudencia pacífica y reiterada de la máxima instancia judicial del país, de los cuales 12 corresponden a decisiones de la misma Sala Constitucional. En ellas, la Sala Constitucional se convirtió por primera vez en juez penal y, mediante juicio sumario, evaluó alegatos, en un mismo acto permitió la promoción, admisión y evacuación de pruebas y produjo decisiones condenatorias sin derecho a ser revisadas en ninguna otra instancia".
Además, indica: "Con esta actuación se violentó el principio constitucional de ser juzgado por el juez natural. Sólo un juez penal puede conocer de la comisión de supuestos delitos penales. El desacato es un delito. La Sala Constitucional no tiene competencia en materia penal" y que se violó el derecho constitucional al debido proceso.
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