MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

La elección de contralor para Caldas llegó a un punto de vaivén jurídico; cuando se cree que avanza, una tutela o recurso legal suspende el proceso, y en eso viene la Asamblea desde enero de este año.

Pero también ha frenado la pandemia y las demoras de la Asamblea, que desde el 31 de octubre del 2019 comenzó a darle largas al asunto y ya lleva un año y 18 días tratando de nombrar a un contralor.

El Congreso de la República aprobó el 18 de septiembre del 2019 el acto legislativo 04 o reforma al Régimen de Control Fiscal. Definió que la designación de contralores es para un periodo de dos años y por convocatoria pública para elegir finalmente de una terna. O sea que en Caldas ya se perdió un año.

Fases

La convocatoria la abrió la Asamblea el 4 de diciembre y se presentaron 50 personas. Incluyó revisión de hojas de vida para el cumplimiento de requisitos, aplicación de un examen de conocimientos a 39 aspirantes a través de una universidad acreditada -contrataron a la U. Nacional sede Manizales-, prueba de integridad que ya hizo el Departamento Administrativo de la Función Pública y que no genera puntos.

Lo que le falta al proceso es entrevistar a cada miembro de la terna, en plenaria de la Asamblea, para elegir por votación política y que es lo que no se ha podido hacer por las cinco suspensiones jurídicas.

Temen por el tiempo

Como dice Camilo Vallejo, gerente de la Corporación Cívica de Caldas: “Esperamos que los jueces entiendan que aquí está de por medio más allá de los derechos laborales. Las últimas interpretaciones del Consejo de Estado han sido ser muy estrictos con los términos, sobre todo porque el espíritu del acto legislativo es tener periodos cruzados; es decir, que el gobernante de turno tenga un contralor que no necesariamente sea elegido en su periodo para darle mayor autonomía a la entidad de control”.

En la Asamblea informan que los últimos que tutelaron (ver recuadro Las tutelas) apelaron el fallo de primera instancia que emitió el juez, y le corresponde resolver en segunda instancia al Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala de Decisión Civil-familia.

Ahora el asunto raya es con los límites de tiempo, pues el Tribunal tiene 20 días hábiles para resolver la apelación -hasta el 14 de diciembre-, la Asamblea termina el periodo ordinario de sesiones el 30 de noviembre y solo tiene disponibles 7 días de sesiones extraordinarias en diciembre.

Otro temor que ronda por la Asamblea es que el Tribunal falle a favor de los tutelantes, que piden declarar nula la prueba de conocimientos y toque repetirla. Ahí sí sería otro el panorama, pues al próximo contralor ya no le tocarían ni 12 meses del 2021 para ejercer.

“Falta de prioridad”: Camilo Vallejo, gerente de la CCC

Camilo Vallejo, gerente de la Corporación Cívica de Caldas, es enfático en decir que lo sucedido con la elección de contralor para Caldas es síntoma de la falta de prioridad que se les da a las entidades de control y la poca respuesta que se recibe para tener entidades de control fuertes y funcionando.

“El estado de nuestras entidades de control es desastroso. Es una impunidad imperante cuando vemos que tienen gran influencia política, que cierran los procesos, que no hay respuestas concretas a errores que se han cometido en el departamento”.

Vallejo señala que también hay responsabilidad de los jueces, de no querer ver esto de manera integral; lo que cuesta, en términos de derechos fundamentales, aplazar la elección. “No es un problema laboral, no es solo un problema de derechos políticos de los aspirantes; esto también es un problema social porque durante todo un año no tuvimos cabeza en el control fiscal de Caldas, y tener un contralor encargado no es lo mismo. Hay tutelas de funcionarios y de exfuncionarios de la Contraloría y eso es lo que los jueces no han sabido ver, han creído y soportado sus decisiones sobre la idea de que es un problema de derechos individuales de los aspirantes, pero también está en juego la Constitución, en términos de una falta de garantías políticas para los ciudadanos del común”.

Agrega que es claro que hay que respetar las decisiones judiciales, pero cree que la forma como se ha interpretado la situación carece de la importancia de lo que están decidiendo. “Llevar esto a punta de tutelas a un final de año, y sin contralor titular, es gravísimo para cualquier sociedad”.

Se refiere a casos tan importantes y graves que están sin respuestas y sin responsables administrativos como la compra de los respiradores en la Dirección Territorial de Salud de Caldas o la licitación para la vigilancia en el departamento.

También critica a la Asamblea. “Se cree que esto no es con ellos. Como sociedad debe haber un responsable político, poder hablar con una Asamblea que tenga la capacidad de responder quién está regulando a la persona que está allí -Contraloría-, porque hemos tenido un año en el que nadie ha puesto de manera democrática y legal la cabeza de la Contraloría de Caldas en donde debe estar”.

Las tutelas

31 de enero

El Juzgado Primero Promiscuo de Anserma suspendió provisionalmente la convocatoria por una tutela de Juan Camilo Puerta Betancur -inadmitido-, profesional universitario de la Contraloría Caldas. El 14 de febrero el Juzgado levantó la medida y declaró improcedente la tutela.

27 de febrero

Puerta Betancur apeló del falló y el Juzgado Penal de Anserma ordenó decretar nulo el proceso para subsanar la irregularidad contra el demandante y mantuvo la suspensión. El 12 de marzo, el Juzgado Primero Promiscuo de Anserma negó, por improcedente, la apelación y levantó la suspensión.

23 de septiembre

El Juzgado Segundo Penal Municipal de Adolescentes con función de control de garantías ordenó a la Asamblea y a la U. Nacional suspender la convocatoria por tutelas de Paula Tatiana González Dávila, empleada de la Contraloría y Humberto García Vega, capacitador del Grupo Pilas S.A.S., entidad que tiene un contrato por $107 millones con la Contraloría Caldas. A inicios de octubre, este Juzgado resolvió estas acciones y ordenó levantar la suspensión del proceso.

23 de octubre

Presentaron cuatro tutelas contra la prueba que aplicó la Universidad Nacional y contra la Asamblea. Se trata de Miguel Ángel Soto González, Jhon Jairo Bustamante Montes, Carlos Manuel Llano Alzate y Javier Salazar Tamayo, ninguno que superó el 60% del examen. Solicitaron suspender la convocatoria.

3 de noviembre

El juez quinto civil del circuito negó por improcedente declarar nula la prueba, reformular el cuestionario y modificar la modalidad de presentación; tuteló el derecho al debido proceso y dejó sin efectos la resolución con la que la Asamblea había conformado la terna, tras el examen, con los abogados Claudia Bibiana Pinilla Mejía, Humberto García Vega y Jorge Andrés Gómez Escudero (actual contralor de Caldas y subcontralor). Ordenó también a la Asamblea y a la U. resolver las reclamaciones y observaciones sobre la prueba y volver a publicar los nombres de los integrantes de la terna, que quedó igual. Además levantó la medida de suspensión y reanudó el proceso de elección.

12 de noviembre

Los 4 tutelantes apelaron de la decisión del juez quinto y le correspondió decidir en segunda instancia al Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala de Decisión Civil-familia, que de nuevo resolvió decretar como medida provisional suspender la convocatoria.