Ilustración sobre la pornografía infantil

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LA PATRIA | MANIZALES

Ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Manizales se lleva un proceso por pornografía, con menor de 18 años. La Fiscalía acusó a un caldense, de acuerdo con la información aportada, gracias a las alianzas Policía Nacional - Europol, mediante la plataforma SIENA (Secure Information Exchange Network Application), por el Centro Nacional de Coordinación de Explotación Infantil de Canadá.

La entidad alertó sobre la existencia de usuarios en la red social KIK, que se dedicaban a la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil en el territorio colombiano. Lo hizo entregando una serie de contenidos que, luego de analizados, permitió concluir la existencia de imágenes y videos de carácter sexual en los que aparecían menores de 18 años.

A partir de dicha información se adelantaron pesquisas y se identificaron las direcciones desde las cuales se conectaban múltiples usuarios que utilizaban la plataforma para compartir el material pornográfico. Entre ellas, la IP 181.136.200.XXX , instalada en el centro de Manizales.

Con esos datos se logró la diligencia de allanamiento y registro en la dirección reseñada, donde aprehendieron el 15 de marzo del 2020 al hoy procesado. Le incautaron algunos elementos electrónicos, entre ellos, un celular con IMEI 351871087221XXX.

"Una vez analizado, el perito en informática forense encontró 25 archivos, entre imágenes y videos, con contenido sexual explícito", explicó el ente acusador. El señalado estaba privado de la libertad desde su detención, pero el 17 de julio del 2020 le concedieron libertad por vencimiento de términos, la cual conserva.

25 imágenes y videos con contenido sexual explícito le habrían hallado al manizaleño en la micro SD del equipo móvil. Lo que ha dicho el procesado es que "solo reenvió".

Pasos

El 2 de agosto del año pasado se adelantó la audiencia preparatoria, que es donde las partes exponen las pruebas que llevarán a juicio. Ese día, el apoderado del acusado presentó observaciones a las de la Fiscalía.

Afirmó que, pese a elevar múltiples solicitudes, no fue posible que le entregaran una memoria micro SD de 32 GB y el celular que le incautaron a su cliente en el allanamiento. Le respondieron que esos elementos estaban en poder de la Fiscalía 401 Seccional de Bogotá, por lo que la solicitud había sido remitida a esa dependencia. Luego, el ente acusador respondió que no estaban relacionados en el escrito de acusación, por lo que no debían ser descubiertos.

Este caso escaló hasta el Tribunal Superior de Manizales, que recientemente ordenó que se permita el acceso a esos elementos para garantizar el principio de contradicción y que la defensa ejerza la controversia frente a la información que se recuperó en esos equipos.

"Se ordena al Juzgado, como director del proceso, que requiera a la Fiscalía 401 Seccional de Bogotá para que, en un término prudente, entregue a la unidad de defensa la memoria y el celular, para que adelante las labores de investigación".

Este delito da de 10 a 20 años de cárcel.