JUAN CARLOS LAYTON

LA PATRIA | MANIZALES

Una carta del 9 de septiembre alertó sobre la insuficiencia del presupuesto oficial asignado para construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Manizales.

Esta la dirigió a Aguas de Manizales, Gabriel Hernán Ocampo Mejía, exgerente de Emas y representante legal de la unión temporal Fypasa Construcciones, Agregados del Occidente de Risaralda y Acuaseo. La misiva se la envió al gerente de Aguas de Manizales, Juan Carlos Penagos, con copia a la Junta Directiva de la misma entidad.

En el corto texto de 3 párrafos y 175 palabras, la unión temporal (UT), interesada en licitar en la futura PTAR manifestó que no iba más. Que no se presentarían a la Licitación Internacional 043 del 2020, debido a que el presupuesto oficial era insuficiente, ante las características y las exigencias que hacían.

Argumentó que después de realizar un estudio juicioso de mercado y elaborar el presupuesto de suministro, construcción y posterior operación, se comprobó que con el valor asignado no era posible ejecutar la obra ni operarla.

Insuficiente

Para la UT, la suma por la que se abrió la licitación, de $102 mil 238 millones 293 mil 191, igual a la del año pasado, no es real. "La lejanía entre el presupuesto que se requería y el presupuesto fijado está más allá del 30% o el 33%". Por ello, esto podría acabar en reclamaciones o demandas frente a una obra que terminaría con un precio superior o frenada.

Según el representante legal, la decisión de no participar es un acto de responsabilidad con la ciudad, ya que es de los proyectos de mayor envergadura que se piensa ejecutar en Manizales, no solo por su valor, sino por el impacto ambiental que va a generar. "No entiendo el porqué sacaron esa licitación con ese valor", afirmó Ocampo, quien reclama que es tan evidente el problema, que a los pocos días plantearon que el proyecto podría superar los $150 mil millones, más los cerca de $30 mil millones que costarían los interceptores y colectores que llevarán el agua a la planta.

Al parecer las dudas rondaron para otros contratistas, ya que de las 56 firmas que se mostraron interesadas y de las 124 personas que participaron el 17 de julio en la presentación del proyecto, luego de abrir la licitación, finalmente solo se presentó el consorcio PTAR Manizales C3, conformado por las firmas WVG, Qualitas y JLX.

Diseños y operación

El anterior no es el único pero. En el nuevo acuerdo se habló de un contrato llave en mano, que incluye que la empresa contratista asume plenamente los costos y la responsabilidad. Este factor es interesante para Ocampo, pues se liga al proceso de operación, para garantizar que los equipos sean los mejores y la obra funcione.

No obstante, reclama que una firma no se puede responsabilizar de los diseños que hizo un tercero, y que contrató Aguas de Manizales. Aunque los hayan hecho las mejores firmas (consorcio Hazen Sawyer), eso implicaba volver a revisar todos los estudios para estar tranquilos sobre lo que dice un tercero.

"Es enormemente peligroso desde el punto de vista contractual y no sé cuántas empresas se le midan a ese tipo de acuerdos, pues la empresa que se gane el contrato se hace responsable por la operación y estabilidad de la planta". Además dudan de los estudios de suelos en los que se va a construir la PTAR, pues podría haber sorpresas indeseables.

También molestó que hasta el último momento y casi que a destiempo se respondieron preguntas de los posibles oferentes. "Es casi que organizando las cargas en el camino, para un contrato de ese tamaño no se debería correr ese riesgo. Son cosas que se deben analizar concienzudamente antes de hacer una oferta por esos valores tan altos".

Inexperiencia

Para exfuncionarios de Aguas de Manizales, este fue un proceso lleno de improvisaciones y de inexperiencia. Coinciden con la UT sobre el bajo valor con que abrieron la licitación y el interés de presentar un contrato de llave en mano con el mismo precio del año pasado, sin considerar la tasa de cambio y sobrecostos.

Al comparar las licitaciones del año pasado y de este, en las últimas adendas se suprimió la exigencia de un operador ligado al constructor, como se demuestra en la enmienda número 2 del 25 de agosto, a pocos días del cierre de la licitación y cuando el nuevo gerente, Juan Carlos Penagos, llevaba apenas unas pocas semanas en el cargo. Ese compromiso, según los expertos, le daba al contratante la garantía de que lo que se construya va a funcionar, que la obra y los equipos son de calidad y que tienen la experticia para hacerlo eficientemente.

Otro reclamo es que a dos semanas de recibir las ofertas y los documentos de las firmas interesadas, previsto para el 9 de septiembre, aún se hacían cambios y se subían enmiendas como la del 25 de agosto del 2020, de 81 páginas, o la del 30 de agosto del mismo año, de 66 páginas.

Por estas razones un año después, y con una Administración distinta, el proyecto de construir la PTAR sigue en el mismo punto de 12 meses atrás.

Menos exigencias

Empresarios y exfuncionarios aseguran que hubo un riesgo para Aguas, al bajar las exigencias de contratación, con el fin de que hubiera más interesados en licitar, así tuvieran menor experiencia. Esto permitió conocimientos sumados de solo 520 litros, aunque la PTAR tiene una responsabilidad mayor de 640 litros por segundo.

También se redujo el capital de trabajo. Se pasó de una cuantía del 80% del presupuesto oficial del proyecto a una del 17%. De este porcentaje, el 10% lo puede refrendar con una carta de cupo de crédito. Además, se dio la opción de pasar de un endeudamiento del 60% al 80%, generando el riesgo de afectar la capacidad financiera para concluir la obra.

De ahí la crítica de qué es lo más pertinente. ¿idoneidad o pluralidad? Es decir, la opción de aumentar las exigencias para un contrato que termine siendo casi dirigido, como se cuestionó a la anterior Administración municipal, o de un contrato que permite que participen todos, con el riesgo de que se la gane el menos idóneo.

Existía el riesgo de pocos oferentes

El exgerente de Aguas de Manizales Juan Martín Zuluaga reconoció que existía el riesgo de que el proyecto tuviera un mayor valor por el aumento en la tasa de cambio, hecho conocido incluso por el Gobierno Nacional. Pese a ello, se justificó que la única forma de validar esa situación era abrir el proceso y mirar la respuesta de los oferentes.

"De todas maneras existía la opción de que por los beneficios tributarios de exenciones de IVA, el presupuesto todavía fuera competitivo. Por eso no se quería abrir la puerta de una reformulación, más aún cuando se estaba contra el tiempo para no perder la disponibilidad de recursos del 2019 y del 2020 que pusieron las diferentes entidades", dijo.

Reconoció que hubo varias dificultades, en medio de un proceso ajustado, y problemas de tiempo.

Sobre los requerimientos financieros, sostuvo que se acordaron con el Ministerio de Vivienda y con la misma banca multilateral, ya que en otros países las empresas que participan cuentan con altos niveles de endeudamiento. "Si no hubiéramos subido el nivel de endeudamiento, habríamos restringido una mayor cantidad de firmas", aseguró. Se debe recordar que a Zuluaga, el alcalde Marín le pidió la renuncia un mes antes de suspender la licitación de la PTAR.

Por fuera de la licitación

Además de las empresas que no quisieron participar, otras no han podido hacerlo en las dos licitaciones que se han abierto para la PTAR. Es el caso de la mexicana Ticsa, filial de EPM, y cuya experiencia se centra en el diseño, construcción, puesta en marcha y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales.

Santiago Ochoa Posada, vicepresidente de Agua y Saneamiento de EPM, explicó que en el primer caso el problema se debió a que los requisitos financieros eran demasiado exigentes. En el segundo, aunque cambiaron los requisitos, se exigía que cada empresa tenía que cumplirlas por separado, lo que también impedía su acceso, lo cual, dice, no es común en este tipo de procesos licitatorios, pues las experiencias técnica y financiera unidas hacen que las ofertas sean más competitivas. Sostuvo que, pese a estos problemas, su meta es participar en la próxima oferta que se abra.

Lecciones aprendidas

> El gerente de Aguas, Juan Carlos Penagos Londoño, destacó que esta Administración contrató al consultor de riesgos Rueda y Barrera, firma que identificó el riesgo de demanda del contratista por posibles sobrecostos hasta el 50% del valor de la obra. Eso evidencia que, aunque se detectó el problema de que era insuficiente el presupuesto, no se ajustó y además el proyecto no tenía actualizados todos los costos asociados con covid y tasa de cambio.

"No sé por qué no lo ajustaron, pero apenas llegué y lo identifiqué planteamos el asunto ante el presidente de la República. Finalmente se acordó continuar. Ahora estamos reformulando el proyecto con la participación del viceministerio de Agua, la banca Alemana KFW y definiendo el valor exacto para radicarlo ante el Ministerio".

> Ahora se estima una adición de $40 mil millones, más los $30 mil millones que costarían los interceptores para el caudal mínimo. Por eso, probablemente el proceso se haga en dos fases.

> A la consulta del porqué el contratista debe ser responsable de unos diseños que no hizo, el gerente destacó que la empresa americana Hazen and Sawyer tiene 70 años de experiencia en plantas de tratamiento, lo que garantiza la seriedad de unos estudios evaluados y viabilizados por el Viceministerio de Agua. Aún así, sostuvo que puede existir una mala interpretación, pues no se exige que el contratista se responsabilice. "La palabra responsabilidad es muy fuerte, lo que se pide es que acepte los diseños y que los va a construir como están". Tal vez se cambie el enunciado.

> Asegura que no se eliminó la experiencia de operación del futuro contratista. "Puede existir una mala interpretación, nunca se eliminaron esos requisitos. Quedaron fijados en la enmienda 4, numeral 1-25, página 22".

> Frente a la queja por la posible desorganización y respuestas a destiempo, insistió que todo se debió a que llegaron 673 observaciones, muchas 14 días antes del cierre. "Además no son a destiempo, pues tenemos hasta tres días antes del cierre para dar respuestas, según la metodología de KFW. Entonces es poco el tiempo, pero estamos en los términos".

> En medio de estas quejas, Penagos Londoño reconoció que quedan lecciones aprendidas. Primero, hacer una estimación correcta de los riesgos y del presupuesto, unido a la necesidad de mirar bien los tiempos para que los oferentes conozcan las condiciones, y definir el tiempo máximo para que los interesados hagan sus preguntas.